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¿El agua: un derecho o un bien?

Por: Darcia Datshkovsky Sáenz, Investigadora del IMCO.

Cuando el pozo está vacío,

 sabemos el valor real del agua

- Bejamín Franklin

 

El 29 de septiembre el Senado de la República aprobó con 91 votos a favor modificar el artículo 4º de la Constitución. Este artículo nos otorga derechos como la educación y la salud, y tras la reforma, también hace que el agua sea un derecho fundamental de todos los mexicanos.

 

Buenas intenciones no son acciones: Esta reforma no dice cómo mejorar la cobertura de agua en el país. Asegurar el derecho al agua de forma constitucional no es suficiente. El agua, a diferencia de la salud y la educación es un bien económico escaso, y por ende no puede ni debe ser gratuito. Mientras un exceso en el consumo de la educación mejoraría a nuestra sociedad volviéndola mas educada, un exceso en el consumo de agua agotaría nuestras reservas.

 

Aunque se debe de desear la cobertura universal hidráulica, asegurarla como derecho sirve de poco si no se cuenta con una estrategia para mejorar el consumo y la distribución. Hace un par de semanas el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un reporte sobre América Latina en el que México aparece muy por debajo de países como Paraguay, Brasil y Argentina en los indicadores hidráulicos. Según este reporte, en México se consume 17% de las reservas (el agua total de un país, incluyendo mantos subterráneos) anualmente. En Argentina, el país más cercano en consumo, se usan apenas el 3.5% de las reservas. Este dato resulta alarmante. La FAO estima que si contaminas el 25% de las reservas de agua el ecosistema no puede recuperarse. Estamos cerca de superar este umbral crítico.

 

Y la gran duda que persiste es ¿por qué estamos tan mal en México en comparación con el resto de América Latina? La respuesta es complicada y requiere más que sólo legislar el Derecho al Agua. Por un lado, existen grandes problemas en nuestras mediciones de consumo. Según datos de CONAGUA el uso del agua en la agricultura es de 53 mil millones de litros cúbicos anuales. Esto equivale entre el 76% y el 105% del agua agrícola total para producir sólo la alfalfa del país. Csta cifra es incorrecta y  realmente se utiliza mucho más agua en la agricultura que la contabilizada por CONAGUA.

 

No medimos correctamente, y lo que no se mide no se controla. Si no sabemos cuanta agua tenemos y utilizamos,  no podemos aspirar a cuidarla y distribuirla. Una buena contabilidad de agua a base de medidores y sistemas de observación rural es básica para poder mejorar el suministro y los programas de ahorro de agua. Para lograr esto se debe de introducir una legislación como la de Brasil que indique que el agua es un bien económico que no debe ser desperdiciado.

 

 

El problema es aun peor debido a que el agua agrícola en México no se cobra. Mientras en Brasil sólo el 63% del agua se utiliza en la agricultura, en México esta cifra sobrepasa el 77%. En México existe el mito de que no podemos cobrar el agua agrícola porque los más pobres del país son agricultores y por ende afectaría más a estos. Sin embargo esto es una falacia por dos razones:

 

Ingresos del primer decil de hogares

1)   Como se ve en la gráfica, según datos del INEGI sólo el 10% de los ingresos brutos del decil más pobre del país vienen de la agricultura.

2)   Los más pobres del país que se dedican a la agricultura, se dedican a la agricultura de temporal, no de riego (el 80% del maíz y el 85% del frijol en el país son de temporal).

Por ende, la política de no cobrar el agua no ayuda a los más pobres porque, como dice ese gran grupo de teóricos de la economía llamados Calle 13, “no se puede cobrar la lluvia”. En realidad esto es un subsidio a los grandes productores agrícolas que sí tienen sistemas de riego. La política hidráulica agrícola socializa los costos y privatiza los beneficios. Para mostrar el grado de este subsidio, si cobráramos cada litro agrícola reportado (porque como ya explicamos esta cifra no está bien) a 1 peso por metro cúbico (es decir a la mitad de lo que paga alguien de una colonia pobre en el DF), obtendríamos más de 53 mil millones de pesos al año, es decir el 92% del presupuesto del programa de desarrollo humano de Oportunidades.

 

Ahora bien, a pesar de que el agua urbana es sólo una pequeña fracción del uso total del país -16% del total- ésta tiene problemas de distribución ya que tiene que traerse de muy lejos. En México la cobertura urbana de agua es del 96%, en Colombia esta cobertura es del 99%. Resulta interesante analizar que en Bogotá, a pesar de tener un PIB per cápita menor al de la Ciudad de México, los habitantes más pobres pagan el agua hasta un 50% más cara que los más pobres de la Ciudad de México.

 

Cobrar más no reduce el acceso al agua. Cobrar el agua hace eficiente el uso del recurso, crea incentivos a mejorar la infraestructura y el consumo y esto se traduce en una mayor cobertura. La página del sistema de agua del Distrito Federal presume de tener el agua más barata de la República Mexicana. Esto no debería de ser un motivo de orgullo, considerando que en el Distrito Federal tenemos los mayores ingresos per cápita del país y la mayor escasez relativa de agua (en algunos casos, el agua recorre hasta 300 kilómetros para llegar a la ciudad).

 

En Tuxtla Gutiérrez los habitantes pagan 3 pesos por metro cuadrado mientras los chilangos pagan sólo 2. Esto implica que en México los precios de agua no tienen que ver con el nivel de ingresos de la gente ni los costos reales del agua. El precio del agua debe de incluir los costos de transporte y extracción. Sólo así puede gastarse suficiente en la infraestructura para aspirar a una cobertura del 100%.

 

Nadie cuida lo que no tiene dueño. Todo lo que por ley es gratuito, la sociedad acaba pagando más por ello.  Esta misma tragedia en el caso del agua implicaría acercarnos al fatídico 25% de consumo de reservas del cual no nos podremos recuperar.

 

Concluyo: no basta con dotarnos el Derecho inalienable del Agua. El agua y la educación no pertenecen al mismo tipo de bienes. Necesitamos leyes y políticas públicas que generen los incentivos económicos para cuidar el agua y generar los recursos para cubrir los costos de suministro, tratamiento e infraestructura hidráulica. Es preferible dotar a los pobres de los recursos para comprar agua a precios de mercado, que mantener precios cero en la provisión del líquido que sólo llevan al desperdicio.

 

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