Justicia Penal mexicana: una justicia reservada

Del 6.3 % de los delitos que la ciudadanía denuncia, la mayoría van a un archivo temporal porque la autoridad no encuentra los datos de prueba suficientes para sancionar a los responsables.

Por: Arturo Piñeiro (@ArturoPineiro)

 

“En la justicia no cabe la demora y el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra si”.

José Martí

 

Algo que la ciudadanía ha mostrado con mayor frecuencia durante los últimos años es desconfiar en las autoridades que procuran y administran justicia. Ministerios públicos, policías y jueces son señalados como instituciones poco confiables, ineficientes y deshonestas. Generalmente este problema se encuentra íntimamente ligado a la generación de normas o leyes dirigidas a sectores vulnerables, como cuando se castigaba por ejemplo la “vagancia y malvivencia”. Otro elemento es cuando el gobierno, al no poder vigilar a todos los ciudadanos uno a uno, ejerce un poder selectivo y criminaliza con base en parámetros de estereotipos clasistas, racistas, xenofóbicos o sexistas.

De igual forma, cuando las personas son víctimas u ofendidos de algún ilícito penal, la autoridad efectúa de igual forma esa perversa selección victimizando a las personas por razones de género, etaria y prejuiciosa. Esto aumenta el riesgo de alimentar esa desconfianza en las autoridades, que los delitos no sean debidamente investigados por la autoridad ministerial y, en consecuencia, no se esclarezcan los hechos y se lleve a los culpables ante la justicia.

¿Qué dicen las estadísticas?

Ahora bien, si tomamos como referencia la información oficial en donde del total de averiguaciones previas (carpetas de investigación) iniciadas por el Ministerio Público, en 45.9 % de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Si esto lo relacionamos con la cifra negra que asciende a 93.7 % de los delitos cometidos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades en resolver el problema de la impunidad en nuestro país y en recuperar la confianza ciudadana.

Según la ENVIPE-2016 entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo en un 33 % y la desconfianza en la autoridad en un 16.6 %. De las víctimas estimadas, 43.2 % manifestó que le tomó dos horas o menos realizar una denuncia, mientras que a 25.9 % refirió invertir más de cuatro horas.

Lo anterior es reflejo de un clima en donde el trato inadecuado y la sistemática violación a derechos parecen explicar, más no justificar, las deficientes instituciones de procuración de justicia, principalmente cuando se trata de una víctima.

¿Qué pasa cuando denuncia la ciudadanía?

Ahora bien, concentrémonos en 6.3 % de los delitos en donde la ciudadanía sí efectúa la denuncia penal correspondiente. Lo lógico sería preguntarnos: ¿Qué sucede con el desarrollo de la misma?

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2016 (INEGI).

La gráfica anterior muestra que del total de los asuntos que determinó el Ministerio Público, la mayoría fue bajo el parámetro de archivo temporal, es decir, no se encontraron los datos de prueba suficientes para encontrar al posible delincuente a fin de sancionarlo y tal situación subsistirá hasta en tanto no aparezcan nuevos elementos que ameriten reactivar el expediente y continuar la investigación.

¿Ese resultado es el óptimo? 

Cuando el Ministerio Público determina archivo temporal, tuvo que haber aplicado todas las técnicas de investigación necesarias para esclarecer los hechos. El expediente debe contar con elementos mínimos: el informe de investigación policial, las declaraciones de testigos, víctimas o presuntos responsables, con los dictámenes periciales necesarios y suficientes y que todo indicio material relacionado con el delito haya sido resguardado debidamente a fin de evitar su modificación o alteración en su manejo. Además de hacer saber a los involucrados (notificar) la resolución y que su determinación no haya sido impugnada.

Como podemos constatar, esta facultad que tiene la autoridad ministerial de manera discrecional, más allá de resolver asuntos, no tiene éxito por no contener ese estándar mínimo necesario para iniciar un juicio en contra del que cometió un ilícito. Sin embargo podría tratarse también de una salida fácil para no indagar adecuadamente los delitos.

Ante este juego peligroso podríamos estar abriendo una puerta a la corrupción e impunidad en una lógica que permite al representante social enviar expedientes con el argumento de que se carece de los elementos necesarios a una congeladora legal por un tiempo indefinido.

 

* Arturo Piñeiro es investigador del IMCO.

 

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