México y su costoso rompecabezas regulatorio

La carga normativa para quienes realizan trámites y servicios federales representa un costo económico equivalente a 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, un costo aproximado de 600 mil millones de pesos al año.

Por: Jesús Alarcón

Los mexicanos consumimos bienes y servicios sin estar conscientes que, en todo momento, los productos que adquirimos cumplen con regulaciones que garantizan un estándar mínimo de calidad. Para constituir una empresa, abrir un establecimiento mercantil, vender un producto, manejar un vehículo o simplemente para tener una identificación oficial, debemos cumplir con trámites y servicios impuestos por el Estado mexicano.

En México, los ciudadanos estamos sujetos a la normatividad emitida por los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), los cuales tienen facultades para regular distintas materias como: medio ambiente, turismo, salubridad, recursos minerales, construcción, energía, transporte, comercio, derechos humanos, entre muchos otros.

Si bien se podría pensar que cada orden de gobierno tiene claramente definidas sus facultades respecto a “quién” regula “qué”, la complejidad del marco normativo se incrementa significativamente en “cómo” se regula. Las herramientas jurídicas con las que se regula en nuestro país incluyen normas, reglamentos, lineamientos, acuerdos, circulares, decretos y resoluciones, entre otras.

Debido a esta situación, México enfrenta un serio problema de sobrerregulación, ya que existen más de 150 mil regulaciones y 130 mil trámites entre los tres niveles de gobierno. Como resultado, la carga normativa para quienes realizan trámites y servicios federales representa un costo económico equivalente a 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, un costo aproximado de 600 mil millones de pesos al año.

Cumplir con un mayor número de trámites en los tres niveles de gobierno demanda más tiempo, sobre todo si se toma en cuenta que un trámite federal o estatal tarda hora y media, mientras que uno municipal requiere hasta ocho horas. Esta situación afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas, las cuales representan 99 % de los establecimientos en México.[1]

Además, el tiempo y costo de los trámites no son los únicos obstáculos que enfrentan los mexicanos. Hay ocasiones en las que las herramientas normativas generan incertidumbre jurídica por condiciones de discrecionalidad en los trámites y regulaciones. Algunos municipios donde se observa esta situación son:

  • Campeche: la autoridad municipal tiene la facultad de negar la licencia, autorización o permiso para ejercer el comercio si, a su criterio, existe el número de comercios que satisfaga la demanda.
  • Chihuahua: la Subdirección de Gobernación Municipal, dependencia encargada de otorgar las licencias para fotógrafos, puede suspender esta labor si a su juicio considera que hay una oferta excesiva de dicha actividad.
  • Acapulco: la autoridad municipal debe considerar adecuadas las persianas, cortinas u otros materiales que utilicen los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Los comercios deben cumplir con los trámites y obtener los permisos correspondientes, sin embargo, la ambigüedad del requisito puede favorecer la corrupción.

Esos ejemplos representan algunos de los principales retos en materia regulatoria, en donde la normatividad otorga facultades discrecionales al servidor público para evaluar su cumplimiento. Esta coyuntura no sólo abre puertas a la corrupción (12 % de las personas que tienen contacto con servidores públicos, son víctimas de corrupción), sino que también crea barreras a la formalidad, lo que atenta contra la libertad económica y la productividad del país.

Afortunadamente, existe una política pública encargada de eliminar estas barreras normativas: la mejora regulatoria. Su objetivo es generar normas claras y transparentes, además de simplificar los trámites y servicios vigentes, procurando los mayores beneficios sociales al menor costo posible.

Considerando la relevancia y necesidad de impulsar la mejora regulatoria en México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) está armando una agenda en esta materia, la cual promueva la apertura de empresas, la competencia económica y la desregulación de sectores estratégicos.

 

*Jesús Alarcón es Investigador del @IMCO.

 

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[1] A pesar de que las micro y pequeñas empresas representan el 99 % de los establecimientos en México, generan el 19.3 % de la producción bruta. En contraste, las grandes empresas constituyen el 0.2 % de los establecimientos, pero generan 64 % de la producción bruta.

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