Las drogas y la Corte: democracia, nuevas representaciones y nuevos mecanismos de acceso a los derechos

La decisión de la Suprema Corte para que cuatro personas puedan sembrar, cultivar y consumir mariguana con fines recreativos, deja en claro que la democracia no se agota en la posición mayoritaria sobre los temas públicos, pues en este caso se ha puesto en claro que los derechos humanos no se pueden someter a la decisión de la mayoría.

La decisión que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia tomó la semana pasada en torno a la posibilidad de que los cuatro miembros de SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante) puedan sembrar, cultivar y consumir mariguana con fines recreativos representa mucho más que la importancia del fallo en sí mismo.

Por una parte, es histórico que la Primera Sala haya emitido una resolución que confronta de manera directa los argumentos principales del prohibicionismo en el que el Estado Mexicano ha fundado su política contra las drogas desde hace ya casi cuatro décadas: básicamente, la idea de que, para la protección de la salud de ciudadanas y ciudadanos, puede prohibir de manera unilateral el consumo de una sustancia con base en prejuicios acerca de quien la usa y sobre la sustancia misma. Esta decisión deja en claro que la democracia no se agota en la posición mayoritaria sobre los temas públicos, pues en este caso se ha puesto en claro que los derechos humanos no se pueden someter a la decisión de la mayoría —evidentemente ni siquiera a la que supuestamente representa el Congreso— y por tanto, que democrático es no atender el clamor mayoritario, siempre y en todos los casos artificial, sino el interés superior de los derechos humanos.

En el mismo sentido, demuestra este fallo que la democracia funciona cuando cada uno de los poderes asume su rol frente a los derechos y es capaz, como lo hicieron la y los ministros de la Primer Sala, de funcionar como contrapeso al autoritarismo que sobre el tema de las drogas ha ejercido el Ejecutivo y legalizado el Congreso. Esta decisión coloca a la Corte enfrente del debate y supone que, así como la posición del Ejecutivo jaló -por así decirlo- al Congreso para prohibir, sea hoy la Corte la que jale a los legisladores a despenalizar. Queda un largo trecho para que eso ocurra, pero tanto el mecanismo que ha permitido este primer paso, como los argumentos utilizados por el ministro ponente y avalados por su compañera y compañeros de sala, dejan ver que la despenalización de las drogas ocurrirá tarde o temprano: por una parte los argumentos —que hacen girar el debate en torno al libre desarrollo de la personalidad, lo que en síntesis significa devolver a cada persona la decisión de consumir o no cualquier producto o sustancia con independencia del daño que le ocasione— colocan el acto mismo del consumo como el ejercicio de un derecho y, en ese sentido, plantean un dique a la política pública que cada vez encontrará más dificultades para intervenir en las decisiones de las personas sobre lo que quieren o no consumir. Por la otra el mecanismo, que ha demostrado, como en los casos del matrimonio igualitario, que hoy existen nuevas formas de representación social que, en la medida en la que se persiguen causas que defienden identidades y estilos de vida ante la Corte y no en los congresos, son capaces de trascender las clásicas formas de representación política a través de los partidos.

Este fallo es importante entonces, justo porque representa un ejemplo de libro de lo que esperamos de una democracia moderna: participación social que asume la forma de nuevas representaciones que no requieren de la formalidad de un partido, pero que saben hacer presión al Congreso por la vía jurisdiccional. Poderes que honran el valor del check & balance a favor de los derechos humanos y que reaccionan mediante políticas públicas pro y no contra derechos.

La Corte le ha puesto el listón alto al Congreso y al Ejecutivo. Del primero, la congruencia significaría iniciar una espiral de depuración que, como diría Alonso Quijano, desfaga los entuertos producidos por el prohibicionismo en la ley, despenalizando y regulando donde haga falta para producir un entorno de libertad con responsabilidad para el consumo de drogas; del segundo, una actitud a la altura, que reconozca como su obligación fomentar políticas de prevención, de reducción de daño, de información y de atención de adicciones que permitan la toma de decisiones plenamente informada de las y los consumidores de drogas, así como el paulatino desmantelamiento de la violencia asociada a su irracional combate.

Finalizo haciendo hincapié en que es justo por decisiones como esta, y por las implicaciones que tienen para la democracia, que la conformación de la Corte importa. Porque los derechos humanos son hoy en día garantía de nuestra democracia es imprescindible que las y los candidatos a ministros sepan y asuman como su principal mandato defenderlos; ese debería ser el requisito principal exigible a quienes aspiren a la más alta responsabilidad de la judicatura nacional.

 

@LGlzPlacencia

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