Peña responde a los preguntones

Hace un mes, escribí una entrada comentando las respuestas que Gabriel Quadri daba a las preguntas planteadas por un grupo de personalidades (entre ellos Juan Pardinas y Jana Palacios, amigos y colegas del IMCO). Esta semana, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota difundieron su contestación al mismo ejercicio. Ambas resultan interesantes y ameritan comentarios. Empiezo hoy con la del candidato del PRI y mañana me ocuparé de las respuestas de la candidata panista.

Pregunta: ¿Estaría de acuerdo en mantener al Ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función, y en crear una Policía Nacional que sustituya gradualmente a las policías estatales y a las municipales?

Respuesta Peña:

  • Sí a la primera pregunta y no a la segunda. Como lo establecí en mis giras por los estados de Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, me comprometo a que el Ejército y la Marina sigan apoyando a las autoridades civiles en tanto no contemos con suficientes cuerpos policíacos debidamente capacitados.
  • Sin embargo, estoy en contra de establecer una Policía Nacional que sustituya gradualmente a las policías estatales y a las municipales. Defiendo la obligación que tiene cada estado de la República de tener sus propios cuerpos policiacos.
  • Me comprometo a implementar tres acciones concretas en el tema de las policías: 1. Establecer mandos policiacos únicos estatales. 2. Duplicar el cuerpo de élite de la Policía Federal y consolidarla como una institución profesional, técnica y altamente calificada para reducir el crimen. 3. Crear una Gendarmería Nacional, de origen militar, pero bajo mando civil, que lleve a cabo tareas policiales en los municipios de mayor debilidad institucional dentro de un marco legal claro y apropiado, que garantice el pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, incluido el derecho a su seguridad.

Comentario: al igual que los demás candidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto parece querer dejar a los gobiernos estatales en la irresponsabilidad. Al condicionar el repliegue de tropas a la existencia de “suficientes cuerpos policíacos debidamente capacitados” (previsiblemente estatales en su mayoría), se genera un incentivo a que no existan nunca esos cuerpos policiacos. Ya he escrito anteriormente sobre el tema y no insistiré demasiado, pero el punto central es este: ¿por qué los gobernadores se tomarían la molestia de fortalecer sus instituciones si el gobierno federal está allí, pase lo que pase, para hacerse cargo del problema (a costo cero o casi cero para el erario estatal)?

Sobre las propuestas concretas, el mando único puede ser buena o mala idea, dependiendo de los detalles, pero una cosa es segura: en casi cualquier versión, logra que los alcaldes se desentiendan de la seguridad en su municipio. Además, por si mismo, no resuelve los problemas de capacidad o integridad de las policías: agrupar bajo un solo mando no aumenta el número de policías, ni necesariamente los hace mejores (Patrick Corcoran escribió la semana pasada una muy buena nota sobre el tema). Sobre la Policía Federal, no sé exactamente cual sea su “cuerpo de elite” (¿todos los que no pertenezcan a las Fuerzas Federales de Apoyo o a Seguridad Regional?), pero por lo demás no está mal el planteamiento.

Sobre la Gendarmería, el texto me aclara algunas dudas, pero sigo sin comprender el argumento. Por lo que se entiende de la respuesta (y de algunas declaraciones sobre el tema), la Gendarmería estaría formada por personal de “origen militar” y estaría ubicada administrativamente en la SSP federal. No entiendo aún que haría que no pueda hacer ya la Policía Federal. Y lo de “origen militar” me genera confusión, Por lo que alcanzo a comprender, habría de tres sopas: 1) la Gendarmería recibiría a 40,000 elementos de las Fuerzas Armadas que se encuentran realizando ya  labores de seguridad pública y, por tanto, sustituiría al Ejercito y la Marina en esas funciones, 2) la Gendarmería recibiría a 40,000 elementos de las Fuerzas Armadas, pero el Ejército y la Marina seguirían en tareas de seguridad pública y el nuevo cuerpo sería un complemento, y, 3) la Gendarmería se crearía con ex-militares y no con militares en activo. Si es la opción 1, no entiendo para que serviría el nuevo cuerpo: habría la misma cantidad de elementos, en los mismos lugares, haciendo más o menos lo mismo, con básicamente las mismas tácticas, liderazgo y equipamiento que ahora, pero con uniforme distinto. Salvo que el uniforme planeado sea mágico, no entiendo porque se esperarían resultados distintos. Si es la opción 2, habría en efecto un incremento del estado de fuerza, pero al costo de sobreextender a las Fuerzas Armadas, al menos temporalmente (en lo que reclutasen 40,000 elementos adicionales para suplir a los que se fueron de gendarmes) Además, eso liquidaría una de las posibles ventajas de tener una Gendarmería: no involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Si es la opción 3, las alternativas de reclutamiento son un tanto limitadas: los dos únicos grupos con números suficientes serían los militares en retiro y los desertores. Por razones bastante obvias, ninguno de los dos grupos parecería la mejor alternativa para conformar una nueva policía. En resumen, sigo sin entender la lógica de crear una Gendarmería.

Pregunta: ¿Qué en concreto haría realmente distinto de lo que se hace hoy?

Respuesta Peña:

  • Implementar una nueva Estrategia Nacional para Reducir la Violencia, que será incluyente y consensada con los distintos poderes y órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación y los partidos políticos. La Estrategia tendrá como objetivo reducir significativamente los secuestros, los homicidios, la extorsión y la trata de personas.
  • La prevención y la participación comunitaria serán elementos constitutivos y no sólo complementarios de la Estrategia. Por lo anterior, trabajaré para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población como medida principal para combatir las causas que provocan la delincuencia, poniendo especial énfasis en:
  1. Establecer Escuelas de Tiempo Completo para que los niños reciban una mejor educación, incluyendo materias como inglés, y actividades culturales y deportivas
  2. Construir un Sistema de Seguridad Social Universal, que brinde protección a todos los mexicanos, con acceso real a servicios de salud y de calidad, seguro de desempleo temporal, seguro de invalidez y pensión para la vejez.
  3. Recuperar espacios públicos y rehabilitar 2,500 centros deportivos en todo el país.
  4. Establecer programas de empleo temporal y de servicio social remunerado para dar alternativas de ingreso a los jóvenes.
  • Para ser más proactivos en el combate al crimen, propongo crear el Centro Nacional de Control y Comando, con capacidad de coordinar a las distintas fuerzas de orden en tiempo real.
  • Me comprometo a implementar la reforma de Juicios Orales a nivel federal y a impulsarlos en todos los estados de la República. El Estado de México ya los tiene y funcionan mejor que el viejo sistema.
  • En los últimos años nos hemos preocupado más en el proceso del gasto, que en los resultados que debemos obtener por el dinero invertido.
  • Me comprometo a que la Estrategia cuente con metas concretas y a supervisar su cumplimiento a través de un grupo plural de autoridades y ciudadanos que participen en su evaluación y retroalimentación.

 

Comentario: me parece muy bien que se ubique a la reducción de la violencia criminal como un objetivo primordial.  Es también agradecible que el candidato Peña Nieto quiera diseñar una estrategia “incluyente y consensada”, con metas concretas y evaluación ciudadana . Lo que sí merece un tache es que nos deje en suspenso sobre las líneas básicas de la estrategia que se buscaría implementar. Entiendo que la quiera consensar con otros actores políticos y la sociedad, pero alguna idea tendrá sobre la naturaleza del fenómeno y los mecanismos que podrían generar una disminución del número de homicidios, secuestros, extorsiones, etc. ¿Sería demasiado pedir que nos la compartiera? Porque, en su ausencia, no pasa esto de buena intención.

Es un buen punto que Peña Nieto busque priorizar la prevención social del delito. Sin embargo, creo que es necesario alertar que no toda forma de gasto social tiene impacto sobre la incidencia delictiva. Ya he escrito en otro momento sobre el tema, así que no me explayaré demasiado, pero es importante recordar que no más de unos cuantos miles de personas son responsables, en cualquier momento dado, de un porcentaje elevadísimo de los actos de violencia criminal en México. La inmensa mayoría de los pobres, los ninis, los marginados y los desempleados no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata. Eso tiene una implicación de fondo: para propósitos de seguridad, buena parte del presupuesto invertido en programas sociales se desperdicia (pueden ser muy útiles por muchas otras razones). En gigantesco número, los beneficiarios no cometerían delitos sin importar si reciben o no algún tipo de apoyo.Por ese motivo, en términos de seguridad, son preferibles los programas altamente focalizados (ejemplo, programas de reinserción de presos) que programas generales.

Sobre los programas específicos propuestos, no creo que el sistema de seguridad social universal  tenga ningún efecto medible sobre el delito: que yo sepa, no existe ningún tipo de asociación estadística robusta entre la afiliación al IMSS o ISSSTE y la incidencia delictiva (si alguien tiene evidencia en contrario, me encantaría verla). Y si hay algún impacto, apostaría a que es indirecto y sólo visible en el largo plazo. Sobre las escuelas de tiempo completo, parecen haber dado resultados positivos en Ciudad Juárez, pero no estoy seguro que hayan sido sujetas a una evaluación rigurosa. Bien valdría la pena hacer el ejercicio antes de pensar en ampliar su alcance. Y lo mismo vale para las demás propuestas de prevención social: es preferible empezar con una evaluación (o recuperar las que existan) antes de plantear programas específicos.

Sobre el Centro Nacional de Comando y Control, no sé a que se refiera en específico y como pueda ayudar a dar mejores resultados ¿Sería un C4 a lo grandote? ¿Estaría conectado a los teléfonos de emergencia y denuncia anónima? ¿Como se empalmaría con la capacidad ya existente en SSP? ¿O se trataría simplemente de una suerte de sala de situación para uso del Presidente? En ausencia de esos detalles, no hay muchos comentarios que dar.

Me parece muy bien que el candidato del PRI se comprometa a implementar “la reforma de Juicios Orales a nivel federal y a impulsarlos en todos los estados de la República.” Pero, de llegar a la Presidencia, ¿no estaría obligado a hacerlo de cualquier modo? ¿No existe ya un mandato constitucional en ese sentido? ¿En que se diferencía de lo que ya se hace? Aquí lo importante sería saber como piensa romper la trabazón que se ha presentado en múltiples estados (y a nivel federal).

Pregunta: ¿Estaría de acuerdo en crear una Secretaría de las Fuerzas Armadas bajo un mando civil, y una Secretaría de Estado que se ocupe de todas las fuerzas civiles y tareas de seguridad sin funciones políticas?

Rspuesta Peña:

  • No estoy de acuerdo en crear una Secretaría de las Fuerzas Armadas bajo un mando civil.
  • Estoy a favor de respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y mantener la configuración de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina a cargo de un mando militar y de un marino.
  • Por otro lado, actualmente ya existe la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a su cargo la Policía Federal, a lo cual sumaré la Gendarmería Nacional.
  • Lo importante es crear mecanismos legales y operativos para incrementar la coordinación y cooperación en tiempo real de las distintas instituciones, de ahí la necesidad de crear un Centro de Fusión de Inteligencia y un Centro Nacional de Control y Comando.

Comentario: a la fecha, sólo tres países latinoamericanos no han tenido nunca a un civil a la cabeza de su ministerio de Defensa: Cuba, Guatemala y México. Con todo respeto para cubanos y guatemaltecos, esa no es una lista en la que queramos estar. Entiendo que se trata de un cambio delicado, que debe acompañarse de otras medidas (revisión de doctrina, formación de staff civil, creación de un estado mayor conjunto, etc.) y, sobre todo, que se debe hacer de la mano con las fuerzas armadas y no como una imposición. Pero, aún así, me parece lamentable que no haya un solo candidato presidencial que esté dispuesto a discutir siquiera el tema. Dado los recientes acontecimientos que involucran a oficiales y ex-oficiales del Ejército, creo que sería un buen momento para empezar una discusión seria sobre las fuerzas armadas.

Sobre la concentración de todas las fuerzas civiles y tareas de seguridad en una sola dependencia, creo que Peña Nieto hace bien en no querer moverle mucho al organigrama y en optar mejor por construir sobre lo ya existente. Tiene razón también en que existen múltiples formas de mejorar la coordinación interinstitucional sin tener que hacer cirugía administrativa mayor. Sin embargo, sería útil que revisara las experiencias que se han dado en la materia en este sexenio (o anteriores) antes de inclinarse por alguna opción específica  (el New York Times documentó la existencia de un centro de fusión de inteligencia hace algunos meses).

Pregunta: ¿Estaría de acuerdo en consolidar la autonomía de la PGR, nombrando a su titular por un plazo fijo y cediendo la potestad presidencial para removerlo libremente, así como establecer la autonomía de gestión del Ministerio Público en todos sus niveles?

Respuesta Peña:

  • No. Constitucionalmente, la responsabilidad de la procuración de justicia a nivel federal es del Presidente de la República y no considero conveniente que el Ejecutivo delegue esa responsabilidad.
  • Estoy a favor de promover el ejercicio real de la autonomía técnica del Ministerio Público para que las investigaciones penales se lleven a cabo de manera independiente, profesional y sin criterio político alguno.
  • Esto dista mucho de lo que tenemos hoy. Por ello, debemos impulsar un cambio gradual que comienza con la implementación, en todo el país, de la reforma de Justicia Penal y de Juicios Orales.
  • Me comprometo a intensificar la capacitación de los Ministerios Públicos y a dotarlos de la infraestructura y el equipo técnico indispensable para que hagan bien su trabajo.
  • También seré muy estricto en sustituir al personal que no tenga la formación profesional para desempeñar su función en un sistema que proteja los derechos humanos de víctimas y acusados, en audiencias públicas y orales ante un juez.

Comentario: existen argumentos legítimos para no otorgar autonomía al Ministerio Público (ejemplos, un Fiscal plenamente autónomo sufriría de un déficit democrático; en Estados Unidos, no la tiene y eso no les quita independencia a los fiscales, etc.). Desgraciadamente, Peña Nieto no presenta uno sólo. Simplemente afirma que no le parece  “conveniente”. No sé exactamente como se promueva “el ejercicio real de la autonomía técnica del Ministerio Público”, pero francamente dudo que, dada nuestra experiencia y en ausencia de un cambio legal y constitucional que blinde a la PGR, “las investigaciones penales se lleven a cabo de manera independiente, profesional y sin criterio político alguno.” Ojalá me equivoque.

Por lo demás, que bueno que quiera dar más capacitación, infraestructura y equipo técnico a los ministerios públicos. Buena falta les hace.

Pregunta: [¿Está de acuerdo] con la despenalización de las drogas?

Respuesta:

  • No. Estoy en desacuerdo porque considero que el centro del problema actual está en la debilidad de las instituciones y cuerpos de seguridad del Estado.
  • Sin embargo, no estoy cerrado a un debate más amplio sobre el tema. Lo que debe de quedar claro es que una decisión sobre la despenalización de las drogas depende de un acuerdo multinacional de amplio consenso y no de una medida unilateral.

Comentario: en efecto, el centro del problema de seguridad “está en la debilidad de las instituciones y cuerpos de seguridad del Estado.” Pero esa no es razón en sí misma para no modificar el estatus legal de las drogas. Aún si la medida no tuviese ningún efecto sobre los índices delictivos,  hay argumentos perfectamente legítimos sobre autonomía personal, salud pública, equidad y uso racional de recursos que bien podrían justificar la legalización de alguna o todas las drogas ilícitas. O no. Pero el problema tiene que discutirse en toda su complejidad y no en referencia a sólo una dimensión del asunto. Lo demás es la respuesta de machote que anticipaba de todos los candidatos: condicionar la discusión a lo que pase en el plano multinacional es despejar la pelota hasta el área contraria.

En resumen, no son malas las respuestas de Peña Nieto en materia de seguridad, pero no son particularmente buenas. Algunos conceptos son rescatables, pero no se percibe ningún tipo de diseño estratégico. Algunas de sus propuestas centrales simple y sencillamente no se entienden tal como están presentadas (p.e., la Gendarmería). Como en el caso de Quadri, hay una gran falta de imaginación, además de una importante dosis de conservadurismo. Otros dirán si lo mismo se repite en otros temas. Mañana sigo con Josefina Vázquez Mota.

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