Alejandro Hope

Plata o Plomo

Perfil Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71

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Pactar con delincuentes: Q&A

Pregunta: ¿Es posible pactar con delincuentes?

Posible, sin duda. Los ejemplos históricos abundan. Si es deseable o no, es una pregunta más complicada.

Pregunta: ¿Pero cómo más complicada? ¿No se debe rechazar por principio la negociación de la ley?

Sí y no. Sin duda, negociar con delincuentes socava el principio fundamental de la supremacia de la ley. Nos damos leyes para que todos nos sometamos a ellas, sin distingos ni privilegios. Sin embargo, en la práctica, hay momentos y circunstancias en los cuales el interés público se ve mejor servido si las autoridades usan cierta discrecionalidad en la aplicación de la norma.

Pregunta: A ver. Usted, además de subversivo, se está poniendo muy abstracto ¿Cómo que circunstancias serían esas?

Por ejemplo, un delincuente menor puede recibir inmunidad legal, protección física y hasta una recompensa económica, a cambio de información que lleve a la captura o sentencia condenatoria de un delincuente mayor. Ese es el principio que rige a los programas de testigos protegidos o las recompensas para informantes.

Otra posibilidad es negociar con un presunto delincuente la severidad de una sentencia o hasta el delito del que se le acusa (de uno más grave a uno menos grave, por ejemplo), a cambio de una declaración de culpabilidad, ahorrándole con ello los costos de un juicio a la autoridad. Esto es lo que en los países anglosajones se conoce como “plea bargaining” o “charge bargaining”. Es un mecanismo que existe en una multiplicidad de países y sistemas legales (ya sean de tradición romana o de derecho común). Y no crean que es inusual: 90% de las sentencias condenatorias en Estados Unidos tienen su origen en arreglos de este tipo.

Pregunta: Pero eso se trata de delincuentes individuales ¿Qué hay de arreglos colectivos, con grupos o bandas criminales?

Bueno, eso es más complicado, pero también existen precedentes.

Pregunta: ¿Precedentes? ¿Como cual? ¿El pacto del viejo régimen priísta con el narcotráfico?

Es un modelo posible, pero no uno muy bueno. De arranque, el pacto no era pacto como tal: se trataba más bien de arreglos circunstanciales, construidos con narcos específicos por comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, antes de su desaparición en 1985, y de la Policía Judicial Federal después, con participación (a veces) de algunos gobernadores (el mecanismo ha sido descrito magistralmente por Luis Astorga). Eran equilibrios necesariamente inestables, sujetos a los muchos vaivenes políticos del país. Además, sufrían de un defecto fatal: no eran un intercambio limpio de paz por tolerancia. Más bien, era paz por tolerancia y una lana para los funcionarios involucrados. Eso creaba lo que los economistas llaman un problema de agente-principal: el funcionario buscaba maximizar su beneficio personal y no el del Estado al que decía representar. Para recibir algo más de dinero, el comandante de la Judicial (o el gobernador) estaba dispuesto a otorgar algo más de tolerancia y a recibir algo menos de paz. A la larga, eso no sólo socavó la integridad de las instituciones, sino que permitió el crecimiento de una delincuencia organizada cada vez más dispuesta y preparada para la violencia. Regresar a ese sistema sería notoriamente indeseable, aún si fuera posible (con la proliferación de bandas, el arreglo corrupto se complica: el soborno de una banda es considerado como agresión por los muchos rivales).

Pregunta: Si no es así, ¿entonces cómo? ¿Existen otro modelos?

Sí. Por ejemplo,en diversos momentos y en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá, la policía ha logrado construir treguas entre pandillas rivales. Esas treguas involucran a veces el repliegue de la policía de ciertas zonas o la suspensión de prácticas particularmente agresivas en contra de pandilleros. Más recientemente, en El Salvador, el gobierno, en colaboración con la Iglesia Católica y algunos legisladores, lograron establecer una tregua entre las dos principales maras o pandillas, la Mara Salvatrucha  (MS-13) y el Barrio 18. Según se conoce hasta ahora, el arreglo involucró enviar a algunos de los principales dirigentes mareros de una cárcel de máxima seguridad a un penal normal. A cambio de ello, las maras detuvieron su guerra y declararon algunos espacios como “zonas de paz” (las escuelas, por ejemplo).

El arreglo parece estar funcionando en sentido estrecho: los homicidios han descendido de un promedio diario de 14 en marzo a 5 en mayo. Sin embargo, el aparente éxito no es gratuito: otras formas de delito (la extorsión, por ejemplo) se han disparado. Existen asimismo dudas sobre la sustentabilidad de ese tipo de treguas: al fin y al cabo, las estructuras criminales se mantienen intactas e incidentes relativamente menores pueden detonar una nueva espiral de violencia. Esos es lo que parece estar sucediendo en Belice, donde una inestable tregua entre pandillas se mantenía desde septiembre, hasta que una cadena de homicidios en abril y mayo rompió la calma.

Pregunta: No suena muy alentador ¿Existe alguna otra alternativa?

Se me ocurre una más: los llamados procesos de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) en Colombia. Concebidos inicialmente como un mecanismo para reincorporar a los grupos guerrilleros a la vida civil (la reconversión del M-19 en partido político es la gran historia de éxito), se han utilizado en diversos momentos para pacificar a grupos criminales. El principio es relativamente sencillo: se ofrecen una serie de beneficios jurídicos (sentencias más cortas, por ejemplo) a los grupos criminales, codificados en una ley especial, a cambio de que sus integrantes se demovilicen, se desarmen y se entreguen a las autoridades. Las exigencias a los criminales pueden incluir también una confesión plena, la entrega de bienes malhabidos y la reparación del daño a las víctimas. y los beneficios pueden extenderse a las familias de los delincuentes (protección, visas para radicar en el extranjero, etc.).

No siempre funcionan este tipo de procesos. A inicios de los años noventa, el entonces presidente de Colombia, César Gaviria, lanzó una “política de sometimiento a la justicia” que ofrecía ventajas jurídicas a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente a las autoridades. El proceso se saldó con la adición de un artículo a la Constitución que prohibía la extradición de nacionales colombianos. Con ello, Pablo Escobar y otros de los llamados “extraditables” se entregaron voluntariamente a la justicia. Pero, como es bien sabido, el arreglo no duró más que unos meses, al cabo de los cuales Escobar se fugó de la prisión, reinició su guerra y acabó muerto en la azotea de un edificio de Medellín.

La segunda iteración de esta política parece haber tenido mejores resultados. En 2002, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe inició una negociación abierta y formal con los grupos paramilitares, agrupados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No hay que engañarse sobre la naturaleza del interlocutor: muchos de los jefes “paras” involucrados en la negociación no eran más que narcotraficantes que le habían comprado una franquicia a las AUC. A inicios de 2003, se alcanzó un acuerdo  (el Acuerdo de Santa Fe de Ralito) y hacia finales de ese año, inició la desmovilización de los diversos “bloques” que conformaban las AUC. En 2005, el Congreso colombiano le dio forma jurídica al arreglo con la llamada “Ley de Justicia y Paz“. Los términos del acuerdo eran razonablemente sencillos: desmovilización por sentencias reducidas (y no extradición). Para acceder a los beneficios de la ley, los paramilitares tenían, en principio, que hacer una confesión plena de sus delitos (las llamadas “versiones libres”), reparar el daño a las víctimas y entregar sus bienes malhabidos. En la práctica, muchos recibieron beneficios sin llenar esos requisitos adicionales.

De cierta forma, la política fue un éxito. Para 2006, se habían desmovilizado ya 31,000 presuntos combatientes de las AUC y, de la mano del fortalecimiento de las instituciones colombianas, la incidencia de delitos violentos disminuyó aceleradamente: entre 2002 y 2006, el número de homicidios y secuestros descendió 50% y 80%, respectivamente. Asimismo, la desmovilización de los paras le permitió a las autoridades colombianas concentrarse en el combate a las FARC, empujarlas hacia zonas cada vez más remotas del territorio colombiano y cazar sistemáticamente a su dirigencia.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Es posible que algunos de los paramilitares desmovilizados se hayan reagrupado en bandas criminales de nuevo cuño (las llamadas BACRIM). Asimismo, algunas de las ganancias de seguridad se perdieron a partir de 2008, luego de el Presidente Uribe, bajo presión de Estados Unidos, ordenara la extradición de los principales jefes paramilitares (alegando presuntas violaciones a los términos de la Ley): en 2009, el número de homicidios en Medellín se triplicó (de 700 a 2000) y se ha mantenido en niveles relativamente altos. Por si fuera poco, el proceso se saldó con un importante escándalo, conocido como la “parapolítica“,  que reveló los vínculos de una multiplicidad de políticos y funcionarios con los grupos paramilitares y que puso a la tercera parte del Congreso colombiano bajo investigación judicial. El escándalo acabó tocando al Presidente Uribe, al ser encarcelado por mismos motivos un familiar cercano.

Pregunta: Y a todo esto, ¿debería intentarse algo similar en México?

No lo sé. Como muestran las experiencias en El Salvador o Colombia, los procesos de pacificación negociada con grupos criminales son moral  y políticamente muy complicados. De entrada, hay que ceder en una convicción básica: la no negociabilidad de la ley. Una vez que se da ese paso, se abren riesgos importantes: los grupos criminales pueden percibir que, si se vuelven suficientemente violentos, pueden recibir un trato de privilegio de parte de las autoridades. La paz hoy puede provocar más violencia mañana (por ese motivo, la excepcionalidad de un trato especial debe ser transmitida con claridad pristina desde el arranque).

Ese no es el único costo de una pacificación negociada. Para las víctimas o sus deudos, puede resultar sumamente doloroso enterarse de que los victimarios no reciben un castigo pleno, que tipos que cometieron atrocidades reciben tratamiento especial. En nombre de la paz, la justicia puede sufrir (y mucho).

Dicho lo anterior, una pacificación negociada puede tener múltiples costos e incontables defectos, pero también un caudal no menor de beneficios. Entre otros, se cuentan los siguientes:

  • El clima de seguridad puede mejorar dramáticamente en el corto plazo
  • Se puede ganar espacio para la indispensable transformación de las instituciones de seguridad y justicia (piensen en los problemas que ha tenido Nuevo León para reclutar policías, dados los elevados niveles de violencia en ese estado)
  • Se pueden generar condiciones para intervenciones creativas de política social (tal como sucedió en Medellín a partir de 2003)
  • Se puede lograr la reinserción social de algunos delincuentes

Esto no quiere decir que necesariamente se deba negociar nada con nadie. Tal vez en México todos los arreglos posibles sean indeseables, tal vez los grupos criminales no tengan la cohesión suficiente para una solución a la colombiana, tal vez la proliferación de bandas haga imposible cualquier equilibrio estable, tal vez el Estado mexicano no tenga el desarrollo institucional suficiente para una negociación de ese género. Sin embargo, dados los costos que la violencia criminal le impone al país y los beneficios potenciales de una pacificación acelerada, ¿no valdría la pena tener una discusión seria sobre el tema? Es pregunta, no recomendación.

Pregunta: Bueno, ya en resumen, ¿está usted a favor de negociar con delincuentes?

Por supuesto que no. Creo que todo el que infrinja la ley debe recibir una sanción. Sin embargo, yo soy un ciudadano privado, no un político. Siguiendo a Max Weber, el político se debe regir no sólo por la ética de las convicciones, sino también por la ética de la reponsabilidad. Y la ética de la responsabilidad obliga a veces a tomar decisiones que hieren las intuiciones morales primarias de un ciudadano privado. Como negociar con delincuentes, por ejemplo.

De nuevo: no sé si eso deban hacer nuestros políticos en este momento. Pero creo que la pregunta no es trivial y la respuesta no es obvia.

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