Alejandro Hope

Plata o Plomo

Perfil Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71

Ver Más

De muertos y números

Jaime López Aranda, buen amigo, magnífico funcionario y titular del Centro Nacional de Información del SESNSP (tiene el título más largo de todo el gobierno federal), tomó un riesgo no menor esta semana, al declarar al diario Reforma que:

“Ya no se le va a dar seguimiento (a los datos de ejecutados). Las referencias que se tenían eran de agencias federales, Cisen, PGR, Marina, Sedena. Un grupo candado lo juntaba y ése era el dato que se les daba (a los medios).

“Pero yo no tenía una averiguación previa para respaldar cada uno de esos casos porque, además, no puede haber averiguación previa por homicidios de delincuencia organizada. Entonces no tenía respaldo legal.

Dicho de otro modo, la base de datos de homicidios relacionados a la delincuencia organizada (denominados formal y orwellianamente como “fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial“) ya no se actualizará. Adios al ejecutómetro oficial.

La decisión le ha costado a Jaime una buena zarandeada. Javier Sicilia, en caravana por Estados Unidos, afirmó que “detrás de esto está la misma lógica de los nazis…Esto es el inicio de una forma de nazismo” (¿No será posible invocar, para declaraciones políticas, algo similar a la ley de Godwin?). Para Eduardo Gallo, activista y ex-director de México Unido contra la Delincuencia, es un intento de esconder una cifra que pudiera quedar como legado del gobierno de Calderón: “Eso es lo que no quieren, porque aún cuando el Presidente de la República deje de ser Presidente hay un balance al final del sexenio que haremos los ciudadanos y que haremos en los meses siguientes con cifras de lo que vamos conociendo.”

A riesgo de que a mí también me tachen de nazi y oscurantista, estoy de acuerdo con la decisión, por al menos cuatro razones:

  1. La base de datos no proveía información dura. La clasificación de un homicidio como “fallecimiento por presunta rivalidad delincuencial” no era resultado de una investigación a profundidad, sino de inferencias basadas en las características de la víctima o del incidente (calibre de la bala, señas de tortura, levantón previo, etc.).  En un inicio, cuando había relativamente pocos homicidios, es posible que el método fuera razonablemente adecuado para aproximar la cifra de homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Pero los casos han crecido y las prácticas de los narcos se han extendido. Con alta probabilidad, se han ido incluyendo incidentes cuya relación con las “rivalidades delincuenciales” va de tenue a nula. Un sencillo ejercicio aritmético da evidencia de ese hecho: restando los totales mensuales de la base de datos de Presidencia/PGR a los de la base de datos del SNSP, se obtendría, por definición, el total de homicidios no vinculados a la delincuencia organizada. Y ese total debería de ser razonablemente estable (o moverse a ritmo lento). Sin embargo, eso no es lo que se observa: entre 2007 y 2011, hay una disminución sistemática de los asesinatos “no vinculados” (la caída acumulada es de 27%) ¿Los mexicanos nos hemos dejado de matar por cualquier motivo distinto a la delincuencia organizada? ¿Se han desplomado los crimenes pasionales, los conflictos de tierra, las riñas de borrachos, los asaltos que acaban con víctima letal? Francamente lo dudo. Más bien parecería que entre tanto caso, se vuelve cada vez más difícil distinguir lo que es obra de la delincuencia organizada y lo que no. No tiene caso entonces seguir haciendo un conteo con un procedimiento claramente inadecuado.  Nota: esta reflexión vale lo mismo para el ejecutómetro oficial que para los independientes (Reforma, Milenio, etc.). Todas usan un método inferencial, con los problemas ya discutidos. Mis cinco lectores habituales recordarán que hace unos meses, Reforma incluyó en su ejecutómetro 167 osamentas de la era prehispánica (a la fecha no han hecho la corrección). Estoy convencido de que hay muchos casos similares más.
  2. La base de datos no generaba mucha información adicional. La correlación entre la base de datos de “fallecimientos por rivalidad delincuencial” y la del SNSP es casi perfecta (0.95), lo cual sugiere que prácticamente todos los homicidios de la primera están tambien incorporados en la segunda. Y la base de datos eliminada no nos decía nada sobre tendencias que no pudiéramos obtener de la serie de SNSP (las curvas corren casi en paralelo). Ahora, si lo que se quiere es un número para hacer un balance de la administración Calderón, ¿qué les parece 93,468? Ese es el número de homicidios dolosos que se han acumulado del primero de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2012, según el SNSP ¿O qué tal 102,382? Esa es la cifra estimada al 30 noviembre. Un Estadio Azteca lleno, asesinado durante el actual gobierno, 28,000 homicidios más que en la administración previa. O quizás prefieran esperar a las cifras de INEGI (a la fecha, llegan sólo hasta 2010): allí vamos a tener no menos de 120,000 víctimas en todo el sexenio, 60,000 más que en el gobierno previo. De eso no se preocupen: cifras atroces va a haber de a montones.
  3. La base de datos generaba confusión. Ya existen dos fuentes oficiales con información sobre homicidios que no coinciden entre sí. A partir de 2008, la serie de INEGI muestra aproximadamente 20% más homicidios que la de SNSP. Pero de 2007 hacia atrás, las cifras de SNSP son más o menos 20% mayores que las de INEGI. Y como bien ha mostrado Diego Valle-Jones, probablemente ninguna de las dos cubre  el universo total de homicidios. Añadir una tercera serie, sin base documental y, en consecuencia, no auditable, sólo inyectaba confusión a una situación tremendamente enmarañada de por sí (Nota: México no es el único país donde difieren las estadísticas de homicidios provenientes de fuentes de salud pública y las que se contruyen con datos del sistema de justicia. De hecho, el fenómeno es bastante común).
  4. La base de datos contribuía a criminalizar a las víctimas: si la autoridad afirma que una persona murió por “rivalidad delincuencial”, la implicación es que se trataba de un delincuente o que, de algún modo, “estaba metido” o “tenía vínculos” con los criminales. Y esa afirmación tácita se daba antes de cualquier investigación judicial, sin nada que no fueran algunos indicios sobre el presunto móvil del homicidio. Las víctimas no sólo perdían la vida, sino también la honra: cualquiera que hubiesen sido las circunstancias de su muerte, se ponía en entredicho su inocencia al ser incluídas en la base de datos.

Que bueno entonces que ya no se producirá el multimentado ejecutómetro. Pero esa resta debe ser compensada con una suma. Desde octubre pasado, las autoridades federales y estatales se comprometieron a generar una base de datos de homicidios dolosos, complementaria a la información que ya produce el SNSP y fundada, asesinato por asesinato, víctima por víctima, en averiguaciones previas. Ese instrumento debió de haber estado listo en mayo, pero ahora se ha pospuesto su presentación hasta septiembre u octubre, al parecer por retrasos de los gobiernos estatales en la entrega de la información relevante. Cuando quiera que se presente (y espero sea pronto), mi humilde sugerencia es que desglose los datos sobre los que se fundaban las inferencias del ejecutómetro ¿Cuál era el género, la edad aproximada y la profesión de las víctimas? ¿Dónde fueron halladas? ¿En zonas urbanas, rurales o mixtas? ¿Mostraban señas de tortura o de violencia extrema (decapitación, mutilación, calcinamiento, etc.)? ¿Murieron donde fueron hallados o fueron trasladados después de ser asesinados? ¿Se trató de multihomicidios? ¿De cuantas víctimas por incidente? ¿La muerte fue producto de un enfrentamiento? ¿Entre civiles o con la autoridad (detallando la dependencia involucrada)? ¿Los asesinos dejaron un mensaje? ¿Identificaron a la organización criminal a la que pertenecían? etc., etc.

Esa información está (o debería de estar) contenida en averiguaciones previas. Hacerla pública (respetando, por supuesto, los datos personales) proveería, allí sí, muchos elementos adicionales para entender el fenómeno de la violencia criminal en México. Y, de refilón, acallaría (o mitigaría) las críticas por falta de transparencia. Conclusión: está bien que se dejen de hacer supuestos sobre cimientos endebles, pero estaría mucho, pero mucho mejor que nos dieran datos para formar nuestro propio juicio.

PD: si ya no quieren actualizar la base de datos de homicidios por “rivalidad delincuencial”, tal vez sería recomendable que el Presidente Calderón dejara de citarla. Digo, sólo es amable sugerencia.

Deja un comentario