Alejandro Hope

Plata o Plomo

Perfil Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71

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Algunas ideas para el primer año de Peña Nieto

Dice hoy Carlos Puig, en un muy buen artículo publicado en Milenio:

“He escuchado a miembros del equipo de Enrique Peña Nieto hablar de la necesidad de obtener algunas “victorias tempranas” en el asunto de seguridad. De poder mostrar reducciones dramáticas en los niveles de violencia en ciudades o zonas determinadas —casi como una especie de programas piloto”. No será sencillo.”

De acuerdo: no será sencillo, pero tampoco es imposible. Hay algunas medidas que pueden dar resultados rápidos. No sé en que acciones esté pensando el equipo de transición para obtener esas “victorias tempranas”, pero, para contribuir a su proceso de planeación, les dejo aquí algunas ideas:

  1. Dar prioridad a un subconjunto de delitos violentos: esto requiere elegir un pequeño grupo de incidentes altamente dañinos (masacres con 15 o más víctimas, asesinatos de políticos o periodistas, coches-bomba, etc.), anunciar que la PGR atraerá en automático esos casos y les dará prioridad absoluta (en colaboración con las demás instancias federales), y aplicar una sanción colectiva contra el grupo responsable (cuando se le identifique), además de la sanción que puedan recibir las personas directamente involucradas.
  2. Dar tratamiento especial a los grupos que generen más temor: se podría anunciar que, durante el primer año de gobierno, se pondrá énfasis en la persecución del grupo que produzca más miedo entre la población, medido en encuestas de opinión que se levanten en enero de 2013 (o si no se quiere anunciar nada públicamente, transmitir el mensaje por canales discretos). Esto tendría el efecto de poner un impuesto a uno de los principales activos de los grupos criminales, su reputación de brutalidad. Además, no depende de actos individuales, sino de un patrón reiterado de violencia pública: se vuelve por tanto más difícil que los grupos criminales le “calienten la plaza” a sus rivales o intenten alguna otra forma de manipulación. Esta estrategia se podría desplegar a nivel nacional o regional.
  3. Establecer zonas seguras en municipios seleccionados: siguiendo el modelo de la zona PRONAF en Ciudad Juárez, se podrían designar perímetros de atención especial en algunas ciudades (¿Monterrey? ¿Torreón?), donde se instalen filtros de seguridad, cámaras de vigilancia, botones de pánico, etc., además de establecer mecanismos ágiles de denuncia (un teléfono distinto al 089, por ejemplo). Esas zonas seguras podrían ampliarse gradualmente al cabo de algunos meses.
  4. Limpiar penales de alto riesgo: el sistema penitenciario es un desastre, pero hay niveles. La mayor parte de los incidentes serios (fugas masivas, motines que terminan en masacre, atentados directos contra personal penitenciario, etc.) se han concentrado en un número relativamente pequeño de reclusorios. Se podría por tanto construir un índice compuesto de riesgo penitenciario y hacer intervenciones específicas en las 10 ó 15 cárceles que obtengan el mayor puntaje. Esas operaciones, coordinadas entre el gobierno federal y las autoridades estatales correspondientes, podrían incluir, entre otras medidas: transferencia prioritaria de presos federales (si es que el proceso no ha concluído para diciembre), incremento del número de custodios, control de confianza acelerado, reducción de niveles de sobrepoblación (mediante traslados de algunos reos a otros penales), revisiones aleatorias en celdas y áreas comunes, protección sostenida al personal directivo dentro y fuera del penal, mejoría de condiciones materiales de los reos (con participación de comisiones de derechos humanos), fortalecimiento de medidas de vigilancia, establecimiento de un perímetro de seguridad fuera del penal, etc.
  5. Crear corredores carreteros seguros: viajar en carretera se ha vuelto una actividad de alto riesgo en buena parte del país, pero hay de carreteras a carreteras. Se podrían identificar 15 o 20 tramos carreteros particularmente peligrosos y reforzar la presencia de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas en esos espacios, además de promover los viajes en convoy  para el transporte de carga o instalar cámaras de vigilancia en algunos puntos particularmente riesgosos.
  6. Designar dos o tres zonas urbanas para intervenciones masivas: siguiendo el modelo de Todos somos Juárez, se podrían lanzar programas amplios de pacificación en ciudades particularmente afectadas por la violencia. Esas intervenciones podrían incluir a) un incremento en el número de elementos federales, b) mayores recursos para la transformación acelerada de las instituciones locales de seguridad y justicia, c) una batería de programas sociales con eficacia más o menos probada (por ejemplo, la jornada escolar ampliada), d) acciones puntuales de prevención situacional (como el descrito en el inciso 3), y  e) una estructura de seguimiento de la sociedad civil (similar a la Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez). Entiendo que un programa de este tipo está arrancando en Acapulco, pero se podría pensar en algo similar para, por ejemplo, La Laguna, Monterrey o alguna ciudad de Tamaulipas (¿Nuevo Laredo?¿Reynosa?).
  7. Focalizar acciones contra el secuestro: en las cinco entidades más afectadas por el fenómeno, se podría reforzar a las unidades estatales antisecuestro y ubicar grupos especializados de la Policía Federal en esos estados (en algunos casos, probablemente ya se encuentran in situ). Esas medidas deberían anunciarse ampliamente en las entidades seleccionadas, para generar una sensación de mayor riesgo entre los secuestradores potenciales.
  8. Iniciar operaciones encubiertas anti-extorsión: la Policía Federal u otras dependencias de seguridad podrían establecer negocios fachada en localidades y giros particularmente afectados por el cobro de “derecho de piso”. Al acercarse los extorsionadores potenciales, podrían ser detenidos. Una vez capturados, las autoridades podrían publicitar ampliamente el hecho y las circunstancias de la detención, y anunciar que existen centenares de negocios similares (aunque no sea cierto). Esa medida podría tener efectos inhibitorios y reducir la incidencia del fenómeno.
  9. Atacar el robo de vehículos: el gobierno federal o los gobiernos estatales podrían cubrir a un subconjunto de vehículos (los cinco modelos más robados, por ejemplo) con un seguro de “defensa a defensa” que permitiera a los propietarios obtener en una agencia una pieza robada. Con ello, podría disminuir la demanda de autopartes ilegales y por tanto, el robo de vehículos para fines de desvalijamiento (y por tanto, la extorsión a deshuesaderos y refaccionarias). Por otra parte, en colaboración con autoridades estatales y municipales, se podrían lanzar programas agresivos de emplacamiento o reemplacamiento en algunos municipios particularmente violentos.
  10. Establecer un “premio” para gobiernos estatales: se podría crear una bolsa presupuestal concursable que fuera asignada a los tres estados  que tuviesen la mejoría más significativa en la percepción de seguridad de sus ciudadanos, medida en  la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI o algún otro instrumento similar.

No está de más señalar que estas no son ideas acabadas: son apenas esbozos que requieren varias rondas de refinamiento para volverse medianamente aplicables. Pero se me ocurre que tal vez puedan resultar útiles para los responsables de seguridad del equipo de transición. Si lo son, perfecto, y si no, pues no.

PD: aquí además se podría aplicar el famoso silogismo de la serie británica Yes, Prime Minister: “Hay que hacer algo. Esto es algo. Por tanto, hay que hacer esto”.

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