Alejandro Hope

Plata o Plomo

Perfil Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71

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¿El día de la marihuana legal?

En menos de 24 horas, sabremos si salieron avantes las iniciativas para legalizar el uso, producción y comercio de la marihuana para fines recreativos en Colorado y Washington (Oregón parece caso perdido). Como saben mis lectores recurrentes, yo y mi equipo en el IMCO presentamos la semana pasada un reporte sobre las repercusiones potenciales que la aprobación de esas iniciativas tendría para las exportaciones mexicanas de drogas ilegales. El reporte ha generado mucho ruido, tanto en México como en Estados Unidos (y hasta en Canadá). Como uno de los autores principales, agradezco mucho la atención  que ha recibido el reporte, pero creo que se ha puesto mucho énfasis en las conclusiones sin reparar en las acotaciones que hicimos al respecto (la culpa es mía por no ser más claro). Van algunas aclaraciones para evitar malentendidos:

  1. Como se menciona en el reporte (dos veces), el impacto de una legalización a nivel estatal sobre las exportaciones mexicanas de marihuana dependerá crucialmente de lo que haga o deje de hacer el gobierno federal estadounidense en respuesta a la aprobación de las iniciativas. Si hay una respuesta federal vigorosa y eficaz, no habrá un mercado legal de marihuana en los estados que legalicen y por tanto, no habrá mayor impacto sobre el tráfico de drogas de México a Estados Unidos.
  2. En términos esquemáticos, el gobierno federal podría hacer tres cosas para suprimir el intento de establecer un mercado legal (esto lo mencioné explicitamente en la conferencia de prensa donde dimos a conocer el reporte): 1) recurrir a los tribunales para invalidar la legislación mediante un alegato de inconstitucionalidad, 2) aumentar la presencia y actividad de personal federal antinarcóticos en los estados legalizadores para suplir parcialmente al personal estatal y local, y 3) perseguir y hostigar selectivamente a productores, mayoristas y comercializadores (no sólo procesándolos legalmente, sino también amenazando a negocios –p.e., bancos, empresas inmobiliarias– con los que pudieran tener transacciones comerciales). Estas alternativas no son mutuamente excluyentes: es posible y hasta probable que la respuesta federal vaya por las tres rutas.
  3. Suponemos que el gobierno federal hará algo, pero no sabemos que tan vigorosa y eficaz será la reacción. De manera notoria, las autoridades federales no han dicho nada sobre las iniciativas estatales (salvo una afirmación críptica del subprocurador James Cole). Esto contrasta con la dura y precisa carta publicada por el procurador Eric Holder, dos semanas antes de la elección donde salió derrotada la llamada Propuesta 19, una iniciativa de legalización presentada a los votantes de California en 2010. El silencio en este proceso no implica que no vaya a haber una respuesta agresiva posterior, pero sí sorprende que no haya habido un intento por evitarse el conflicto político y jurídico que puede traer la aprobación de una o más de las iniciativas ¿Mero cálculo electoral, dada la importancia que reviste Colorado en la elección presidencial? ¿O señal de que el gobierno federal está dispuesto a tolerar un experimento estatal? Lo ignoramos.
  4. En términos gruesos, las iniciativas en Colorado y Washington tienen dos grandes componentes: 1) la eliminación de sanciones penales estatales a la posesión, uso, producción, transporte y comercio de marihuana, y 2) el establecimiento de un marco regulatorio para un mercado legal de marihuana (licencias, impuestos,  etc.). Si el gobierno federal estadounidense acude a los tribunales, es muy probable que logre suprimir lo segundo (al entrar en conflicto abierto con la legislación federal), pero dificilmente se puede echar para atrás lo primero: no se puede obligar a los estados a que mantengan una prohibición en su legislación, ni se les puede forzar a que dediquen recursos a perseguir actividades que son ilegales a nivel federal pero no a nivel estatal.
  5. Sobre ese tema, los precedentes son claros: durante la Prohibición del alcohol, diversos estados (empezando por Nueva York) eliminaron sus propias restricciones al comercio de alcohol, dejando la responsabilidad de perseguir a los bootleggers a los agentes federales. Esto tiene una implicación importante: aún si los tribunales eliminan el componente de regulación del mercado, el riesgo de producir y comerciar marihuana en los estados legalizadores va a ser considerablemente menor que en otros estados, salvo que el gobierno federal decida suplir de manera permanente las tareas de persecución que hoy realizan las policías estatales y locales (aproximadamente 9 de cada 10 detenciones relacionadas con drogas son realizadas por personal estatal y local). Aquí es importante conocer las magnitudes relevantes: la DEA cuenta en total con 5300 agentes para todas sus funciones; en 2010, los estados de Colorado y Washington tenían 11536 y 10,405 policías (estatales y locales), respectivamente. Dados esos números, se antoja difícil que los agentes federales puedan sustituir plenamente los esfuerzos de las autoridades estatales. En consecuencia, es probable una disminución de riesgo y, con ello, del precio de la sustancia. No sabemos, sin embargo, de que tamaño sería la prima de riesgo remanente, ni si sería suficiente para evitar un colapso en precios y, por tanto, exportaciones de marihuana a terceros estados.
  6. Hay otras fuentes de incertidumbre. Por ejemplo, no sabemos como reaccionarán los estados vecinos ante una posible legalización en Washington y Colorado. Si bien no pueden sellar sus fronteras al tráfico interestatal, sí podrían reforzar la vigilancia a vehículos con placas de estados que hayan legalizado la marihuana. Podrían asimismo cabildear con el gobierno federal para que intensifique la presión sobre los estados legalizadores (limitando, por ejemplo, las transferencias para construcción de carreteras).
  7. Por último, cualesquiera que sean los efectos, no se van a sentir de inmediato. De aprobrarse la enmienda 64, las autoridades de Colorado tendrían hasta julio de 2013 para emitir las regulaciones necesarias para la operación del mercado de marihuana. En Washington, los plazos de implementación son aún más largos: las primeras licencias de producción y venta podrían no emitirse antes de diciembre de 2013. Ese hecho tiene dos implicaciones: 1) es posible que la reacción federal tarde igualmente y que no se lleve el tema a los tribunales hasta que se emitan las primeras licencias; y, 2) las regulaciones específicas pueden endurecerse, cambiando en maneras importantes el entorno para la operación de un mercado legal de marihuana y, por tanto, su impacto sobre el mercado ilegal.

En resumen, nuestros pronósticos dependen de muchos imponderables y así lo dijimos desde el inicio. No sabemos como va a acabar este asunto, pero sí creemos que puede suceder algo grande. Esa mera posibilidad es suficiente para seguir con atención el resultado electoral y, más aún, lo que venga después.

PD: nos han preguntado por qué nuestros resultados difieren de los de RAND, si al fin y al cabo sólo replicamos el experimento que hicieron para el caso de California hace dos años. Primero que nada, los resultados no difieren demasiado: Beau Kilmer et al estimaron en 20% la caída de ingresos por exportaciones de drogas de los cárteles mexicanos (en caso de que el experimento se dejase correr sin intervención federal); nosotros lo estimamos entre 22 y 30% para los casos de este año. Segundo, la diferencia radica en que ellos usaron cifras de 2008 para estimar el ingreso total y por droga; nosotros usamos cifras de 2011. Entre 2008 y 2011, se registró una caída importante en el número de usuarios de cocaína en Estados Unidos y un aumento también significativo en el número de usuarios de marihuana. En consecuencia, es probable que la participación de la cocaína en los ingresos brutos por exportación de drogas de México a Estados Unidos  haya disminuído en estos años, al tiempo que se incrementaba la de la marihuana. De allí los porcentajes ligeramente superiores en nuestro estudio.

PD2: nos han cuestionado también nuestra estimación de costos de producción. A más de un lector, le sonó excesiva. Sobre el particular, son necesarias dos aclaraciones. Primero, partimos de la premisa de una producción casi artesanal, en interiores y en muy pequeña escala, debido a la permanencia de la prohibición federal. No muchos se van a arriesgar a plantar de manera abierta grandes superficies cuando existe la posibilidad de que les caiga la DEA. Y eso hace una diferencia fundamental en términos de costos de producción. Piénsenlo así: si plantan jitomates en maceta en un departamento en Polanco, el costo de producción por kilo sería un orden de magnitud (o más) superior al que enfrentan los productores industrializados de Sinaloa. Segundo, escogimos deliberadamente una estimación muy elevada para fortalecer el argumento: queríamos mostrar que, aún en condiciones subóptimas de producción, con costos exorbitantes, la eliminación de parte de los riesgos de la prohibición podría generar un desplazamiento importante de las exportaciones mexicanas de marihuana. Si los costos de producción resultan inferiores a los que estimamos, los efectos podrían ser considerablemente mayores. Si quieren saber que sucedería con costos más reducidos, pueden acudir a la herramienta que incluímos junto con el reporte para construir sus propios escenarios (aquí la encuentran, dando click donde dice “modelo”).

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