Alejandro Hope

Plata o Plomo

Perfil Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71

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Después de la prohibición

Todo empezó por donde tenía que empezar. Marihuana. Estados Unidos. De los márgenes hacia el centro. En 2012, los estados de Oregón, Washington y Colorado sometieron a sus votantes sendas iniciativas para permitir la producción y el comercio legal del cannabis para uso recreativo. En el primero, se repitió la desilusión de California, dos años antes. Pero en los otros dos, gracias al acicate de la elección presidencial, el sí se alzó con una mayoría.

Sin embargo, no había aún mucho que celebrar. Después de muchos titubeos, el gobierno federal estadounidense lanzó una ofensiva, en múltiples frentes, para sabotear las medidas legalizadoras. La DEA desplegó a centenares de agentes en Colorado y Washington, y lanzó una feroz persecución en contra de todos los que solicitaron licencias para producir o comercializar marihuana en los términos de la legislación estatal.

Pero, al final, el pleito se resolvió en los tribunales. A finales de 2014, la Suprema Corte estadounidense, contra todo precedente, falló a favor del estado de Colorado y contra el gobierno federal. Por talante conservador y federalista, en un simple e inusitado acto, la Corte devolvió a los estados la facultad de regular la producción y venta de marihuana.

La decisión judicial convirtió un arroyo en un torrente. Para 2016, una tercera parte de los estados habían adoptado legislación similar a la de Colorado y Washington. Los que aún se resistían se vieron inundados con marihuana barata producida tras las líneas estatales. A finales de año, pasadas las elecciones presidenciales, un Congreso con mayoría demócrata, apuntalada por una activa minoría libertaria del Partido Republicano, aprobó la eliminación de la marihuana de la lista federal de sustancias controladas. El Presidente Obama, en uno de los últimos actos de su administración, promulgó la legislación a las pocas semanas. Tras ochenta años de prohibición, el cannabis salía por fin del closet.

Para México, la decisión se volvió sencilla. La producción legal en varios estados del país vecino devastó las exportaciones mexicanas. Para finales de 2016, de Badiraguato a Santiago Papasquiaro y de allí hasta Urique, el triángulo dorado se había secado de marihuana. En pocos meses, Camelia la Texana era más remembranza folclórica que descripción del presente. El asunto se volvió enteramente nacional. Y con el ejemplo estadounidense a cuestas, el Congreso mexicano no tardó en actuar: en abril de 2017, se aprobó en ambas cámaras una iniciativa para desclasificar a la marihuana de las listas de control y permitir la producción y el comercio legal de la sustancia. Apenas aprobada, el Presidente Peña Nieto la promulgó en acto solemne, al tiempo que anunciaba el inicio de negociaciones para establecer una convención internacional para el control del cannabis que sustituyera a los tratados en la materia.

Entre tanta euforia por el final de la prohibición, no muchos repararon en los detalles regulatorios. A pesar de las recomendaciones de buena parte de los activistas, no se había adoptado un modelo cooperativista similar a los clubes cannábicos españoles. Tampoco se había optado por crear un monopolio estatal en ninguno de los eslabones de la cadena productiva: la cúpula empresarial se había rebelado contra la idea, la Comisión Federal de Competencia  expresado su desaprobación y la élite tecnocrática decidido que no se vería bien crear un nuevo monopolio del Estado cuando se estaban desmantelando otros (el del petróleo, por ejemplo).

No, nada de cooperativas ni de monopolios: se había impuesto un modelo cercano al del tabaco y el alcohol, con producción, distribución y comercialización en manos privadas, sujetas a un marco regulatorio medianamente riguroso (cero publicidad abierta y leyendas anti-marihuana en los empaques) y una carga tributaria similar a la de los cigarros (160% ad valorem).

De ese modelo, surgió una industria altamente eficiente: la producción se mudó de la sierra a los valles irrigados de Sinaloa. Grandes plantaciones, economías de escala, tecnificación de procesos, secaderos industriales, fertilizantes y pesticidas: en dos años, el precio productor se había desplomado de hasta 800 pesos por kilo de marihuana seca durante la prohibición a menos de 50. Los productores constituyeron una agrupación gremial, la Cámara Nacional de la Industria del Cannabis (CANICA), y obtuvieron un programa de subsidio para la cadena productiva cáñamo-marihuana.

La manufactura y distribución recayó naturalmente en la industria tabacalera. Con capacidad industrial ya instalada y una red de comercialización que llegaba a miles de puntos de venta, las empresas del tabaco podían poner la marihuana al alcance del consumidor final a menos de 60 centavos por gramo, antes de impuestos. Ya con IVA e IEPS, el precio se iba a algo menos de dos pesos por gramo (ó 40, por cajetilla de 20 cigarros). Eso significaba una disminución de 80 a 90% con respecto a los precios que prevalecían en los tiempos del narco y la prohibición.

Persistían, por supuesto, algunos productores de nicho, pequeños agricultores urbanos o semi-rurales, produciendo, en invernadero, algunos con métodos hidropónicos, marihuana de alta calidad: delicadas variedades como Purple Kush, Cinderella 99 o NYC Diesel, todas con combinaciones exquisitas de cannabinoides. La marihuana gourmet era favorecida tanto por los hipsters de la Roma y la Condesa  como por señoras de sociedad de Polanco y las Lomas (se volvió del mejor tono ofrecer marihuana como aperitivo). Y para satisfacer esa demanda, surgieron coquetas boutiques que vendían marihuana para fumar o vaporizar, productos comestibles de todo género (brownies, pasteles, empanadas) y parafernalia de diseñador.

Pero, claro, había problemas. De arranque, contrario a las predicciones de algunas almas piadosas, el reforzamiento de los programas de prevención no fue suficiente (ni de cerca) para contrarrestar el efecto de la caída de los precios. En el corto plazo, la elasticidad precio de la marihuana resultó algo mayor a la del tabaco (-0.7). El incremento de la cantidad demandada fue de 60% en los primeros dos años, la mitad del cual provino de nuevos usuarios. Al cabo de una década, el volumen consumido se había triplicado y el número de consumidores había pasado a casi 3 millones.

La recaudación tributaria resultó decepcionante: menos de 500 millones de pesos al año, suficiente para cubrir el gasto incremental en prevención y tratamiento, pero una cantidad inadecuada para compensar el ligero aumento en accidentes automovilísticos y el pequeño brinco en el consumo de tabaco. Era además un monto topado: al igual que en el caso del tabaco, la carga impositiva de 160% era suficiente para mantener vivo un mercado negro de tamaño no trivial (algunos lo estimaban en 10 a 15% de las ventas totales).

Mayor fue la decepción en términos de seguridad pública. Las zonas de producción se habían pacificado (parcialmente: en casi todas, permanecían los cultivos ilegales de amapola). Pero a escala nacional, el descenso en el número de homicidios fue inferior a 15%.  Peor aún, no se liberaron muchos recursos para combatir otros delitos. Las batidas de erradicación tenían menos soldados y las redadas urbanas contra narcomenudistas arrojaban menos arrestos, pero se seguía necesitando personal para reprimir el mercado negro. Algunos reos recuperaron su libertad, pero se requerían aún celdas para los productores ilegales (los que se negaban a obtener licencias de producción) y evasores de impuestos.

Los ordenamientos en contra de conducir bajo los influjos de la marihuana produjeron una interesante paradoja: en ausencia de alcoholímetro, las autoridades locales adoptaron un criterio per se, es decir, cualquier conductor podía acabar detenido si se le hallaban metabolitos de la sustancia en el organismo, aún si no se encontraba intoxicado al momento de la prueba. El resultado arrancó una burlona sonrisa en los viejos prohibicionistas: más personas eran detenidas por consumo de marihuana bajo la legalización que en el antiguo régimen.

Y la guerra seguía. Legalizar la marihuana apenas había rozado el problema de las drogas: la cocaína, las metanfetaminas y la heroína seguían sujetas a prohibición. El Chapo Guzmán había muerto en un intento fallido de captura y el Mayo Zambada había perecido de un ataque cardiaco. No había más grandes cárteles, pero sí numerosas bandas aprovechando los incentivos que seguía produciendo la política prohibicionista.

Los activistas apuntaron ahora sus baterías hacia las drogas duras. Para la heroína, lograron empujar el establecimiento de programas de mantenimiento con heroína médica y el otorgamiento de la facultad (para algunos doctores) de recetar ese opiáceo como analgésico (utilizaron la denominación científica, diamorfina, para no espantar). Se obtuvieron resultados positivos: un buen número de usuarios dependientes recuperaron funcionalidad, el número de casos de infección de VIH y hepatitis C disminuyó, y algunas zonas devastadas por picaderos clandestinos vieron el regreso de condiciones de seguridad.

Sin embargo, la iniciativa se topó pronto con un problema de escala, tal como había sucedido una generación antes en Europa. Ampliar decididamente el acceso significaba reducir el precio promedio a (casi) cero y detonar una epidemia de consumo, pero mantener altas barreras de entrada dejaba vivo y enorme al mercado negro. Se optó por una alternativa intermedia, con 3000 usuarios en el programa, pero dos terceras partes de la heroína comercializada en la clandestinidad. Avance sí, pero moderado.

Faltaba, sin embargo, el hueso más duro de roer: los estimulantes. Para la cocaína y las metanfetaminas, no había posibilidad de programas de mantenimiento, salvo que se quisiera alimentar parrandas de cuatro días. En 2027, tras una larga batalla, inició un experimento de comercio limitado bajo prescripción médica, precios controlados y licencias de uso. El resultado fue un desastre: los precios resultaron suficientemente bajos para disparar el consumo y suficientemente altos para seguir generando incentivos a los contrabandistas. Varios médicos acabaron en la cárcel por traficar con recetas y se descubrió pronto un mercado secundario de licencias de uso que permitía a los consumidores dependientes rebasar las cuotas cuantitativas. En 2030, un conocido actor murió por sobredosis y, tras una tormenta en medios, las autoridades se vieron obligadas a suspender el programa.

El fiasco de los estimulantes fue el detonador de una severa reacción conservadora. A nivel nacional, se activaron organizaciones que exigían una política mucho más agresiva frente a las drogas. Algo similar sucedía allende las fronteras y, en meses, se articuló una coalición internacional neo-prohibicionista (the new temperance movement, le llamaron en Estados Unidos)  Sintiendo la dirección de los vientos políticos, el PAN y un sector del PRI se apropiaron de esas banderas. Incluso una parte de la izquierda se subió al barco. Los impuestos a la marihuana empezaron a escalar. En localidad tras localidad, se establecieron restricciones crecientes a la producción y comercialización de marihuana. Las lindas boutiques dieron paso a los fríos dispensarios en colonias apartadas. Una parte del mercado regresó a la clandestinidad.

Y hoy, en 2037, veinticinco años después de iniciado el proceso, se discute en el Congreso una iniciativa para reincorporar la marihuana a la lista de sustancias controladas. Difícilmente se aprobará: la industria cuenta con suficientes cabilderos para frenar las medidas más draconianas. Sin embargo, ya no hay duda de que ha culminado la fase de tolerancia hacia las drogas. No regresaremos al viejo régimen, pero tampoco habrá mucha experimentación regulatoria (al menos no pronto). El futuro será como el pasado, un debate permanente entre objetivos contrapuestos y universos morales incompatibles. Con las drogas, no hay fin de la historia, sólo un carrusel de movimiento perpetuo.

PD: todo lo anterior no es, por supuesto, más que especulación. El futuro bien podría ser muy, pero muy distinto (los detalles cuentan). Pero en esto, bien vale la pena recordar el famoso consejo de Manuel Gómez Morín: “Qué no haya ilusos para que no haya desilusionados”.

PD2: si quieren imaginar otro escenario, les dejo algo de literatura (aquí, aquí, aquí y aquí).

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