08 de enero

Nueve tesis sobre el impacto político de la violencia

  1. El costo político de la violencia criminal puede resultar mayor para el presidente Enrique Peña Nieto que para su antecesor. Felipe Calderón podía buscar refugio en la teoría de la inevitabilidad de la violencia (a la Joaquín Villalobos) o enfatizar otros objetivos (por ejemplo, el desmantelamiento de grupos criminales). Peña Nieto no tiene esa salida: de manera expresa y reiterada, ha señalado que el objetivo prioritario de su gobierno es la disminución de los delitos violentos, en particular el homicidio, el secuestro y la extorsión. Por lógica autoimpuesta, esa va a ser la medida de su éxito o fracaso en materia de seguridad y justicia.
  2. El diagnóstico del gobierno peñista sobre la raíz de la violencia reduce aún más el margen de maniobra. De manera implícita y explícita, los nuevos funcionarios han atribuido el incremento de la incidencia delictiva a la política y gestión de la administración previa, sin dejar espacio a otro tipo de factores explicativos (económicos, demográficos, sociales, etc.). Luego entonces, si la violencia era culpa del gobierno en el sexenio de Calderón, la violencia, si persiste, va a ser culpa del gobierno bajo Peña Nieto.
  3. Durante algunos meses, resultará posible trasladar al gobierno calderonista la responsabilidad por los elevados niveles de violencia. Sin embargo, esa explicación se va a desgastar con el transcurso del tiempo. En algún punto de 2013, dará inicio la “guerra de Peña Nieto”, es decir, los homicidios, secuestros y extorsiones van a ir sin más a la cuenta de la actual administración. Dadas las diversas muestras de preocupación que surgieron tras la publicación por Reforma y Milenio de sus respectivas cuentas de ejecuciones en diciembre, es probable que ese momento venga más temprano que tarde (si dos datos, malos pero no catastróficos y presentados en periodo vacacional, pueden generar reacciones de ese género, no quiero imaginarme lo que producirá la acumulación de malas noticias durante varios meses).
  4. La política de seguridad anunciada hasta ahora tiene plazos largos de maduración. Por ejemplo, para poner en operación la Gendarmería, son necesarios cambios legislativos, modificaciones reglamentarias, adquisiciones o transferencia de equipo, y acondicionamento de instalaciones, entre otros requerimientos. Esos procesos se comerán todo 2013, por lo menos. Lo mismo vale para el fortalecimiento de la PGR o la consolidación de las policías estatales. No hay nada, de hecho, en la estrategia esbozada por el gobierno federal que permita anticipar una mejoría dramática de las condiciones de seguridad en plazos políticamente relevantes (es decir, antes de las elecciones intermedias de 2015).
  5. En algún momento de los próximos 18 meses, se volverá evidente que el gobierno de Peña Nieto va a afrontar los comicios federales de medio término con 45,000 homicidios bajo el brazo (por lo menos). En ese punto, probablemente intenten en la administración un viraje discursivo: menos énfasis en la reducción de violencia, más insistencia en indicadores de proceso (número de policías certificados, número de estados con reforma penal concluida, etc.), o bien en métricas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada (detenciones, decomisos, erradicación, etc.).  Y tal vez no haya que esperar tanto para ver ese giro: en la conferencia de prensa organizada por la Secretaría de Gobernación la semana pasada, se habló de todo menos de homicidios, secuestros o extorsiones.
  6. Un viraje de esa naturaleza tendría, sin embargo, un costo evidente. Hablar como Calderón significaría validar implícitamente a Calderón o, al menos, su teoría de que había pocas alternativas prácticas a su política de seguridad. Desaparecerían, por definición, las posibilidades de marcar diferencias con las administraciones panistas. Pero no virar, cuando se tienen resultados menos que espectaculares en términos de reducción de violencia, podría ser catastrófico: a) socavaría el principal activo priísta, la percepción pública  de eficacia, y b) mejoraría, por contraste, la imagen del gobierno previo (y de su partido).
  7. Una salida a esa trampa es intentar medidas heterodoxas, como una tregua a la salvadoreña, una desmovilización negociada a la colombiana o una estrategia explícita de disuasión focalizada a la Mark Kleiman. Ninguna ofrece garantía de éxito (y todas tendrían múltiples costos asociados), pero al menos abrirían una posibilidad, así sea remota, de mejoría dramática en el corto plazo.  No hay, sin embargo, ninguna señal de que los responsables de seguridad del nuevo gobierno estén pensando en ese tipo de alternativas.
  8. Otra posibilidad es tratar de modular las expectativas, anunciar desde ya que no se deben esperar grandes resultados durante la primera mitad del sexenio. Eso daría algo de espacio, pero no eliminaría del todo el desgaste de la violencia cotidiana (ante una masacre, por ejemplo, el gobierno no puede decir “aguántenme dos años”) y abollaría de cualquier modo la imagen de eficacia priísta (¿Qué tan eficaz puede ser un equipo gobernante si se anuncia incapaz de mostrar resultados concretos antes del cuarto año de administración?).
  9. En resumen, la pregunta no es si la violencia va a desgastar al gobierno de Peña Nieto, sino cuánto y qué tan rápido.  No lo sé, pero se me figura que buena parte del futuro político del país depende de la respuesta.
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