Desastres naturales: seamos serios

Si los desastres naturales son una amenaza mayúscula a la seguridad nacional, así deberíamos de tratarlos. Sin embargo, así no los tratamos, como lo ha demostrado dolorosamente la catástrofe provocada por Manuel e Ingrid.

En 2011, cuando todos (o muchos) en el gobierno federal estábamos obsesionados con la delincuencia organizada y la violencia criminal, un buen amigo, a la sazón funcionario del CISEN, me recordó una obviedad: la principal amenaza a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (es decir, a la seguridad nacional) son los desastres naturales, no las bandas criminales o las balas asesinas. No hay capo ni pandilla que pueda, en cuestión de horas o aún minutos, producir centenares de muertes, damnificar a millones de familias, afectar decenas de instalaciones estratégicas, trastocar los sistemas de comunicación y suministro, y provocar la ruptura del orden público en amplias regiones del país.

El corolario es obvio: si los desastres naturales son una amenaza mayúscula a la seguridad nacional, así deberíamos de tratarlos. Sin embargo, así no los tratamos, como lo ha demostrado dolorosamente la catástrofe provocada por Manuel Ingrid. No nos la tomamos en serio ¿Cómo lo sé? Por tres deficiencias básicas en nuestras políticas en la materia:

  • Prevención insuficiente: como varios han comentado, la respuesta del gobierno federal ante la catástrofe ha sido razonablemente competente. A golpe de tanto desastre, las instituciones nacionales (empezando por el Ejército y la Marina) se han vuelto buenas para responder a emergencias. Pero las acciones previas, las que pudieron haber mitigado el impacto de las tormentas, fueron (como en otras ocasiones) notoriamente inadecuadas. El Servicio Meteorológico Nacional predijo, con varios días de antelación, la magnitud de las tormentas. El jueves 12 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua advirtió sobre posibles inundaciones a gran escala. Con esa información en mano, ¿no era posible a) lanzar campañas de comunicación masiva para advertir a la población contra viajes no indispensables a las zonas de riesgo, b) iniciar la evacuación de algunas de las localidades más amenazadas, y c) hacer acopio de víveres y suministros básicos en ubicaciones seguras? ¿Por qué no se hizo nada de lo anterior (al menos no con el vigor requerido)? Y aún antes, dado que presuntamente sabemos donde se ubican las principales zonas de riesgo ante desastres naturales, ¿por qué no se privilegiaron las acciones de prevención en esos municipios? Existe para esos fines un componente del FONDEN, conocido como el FOPREDEN. Pero ese fondo tiene un impacto minúsculo: en 2011, se apoyaron con esos recursos apenas 10 proyectos preventivos en todo el país, para una erogación total de 87 millones de pesos. Para el tamaño del reto, la cifra es de carcajada
  • Falta de redundancias: nuestras redes de comunicación, logística y suministro son extraordinariamente frágiles. Algunos deslaves en dos carreteras y la inundación de un aeropuerto dejaron virtualmente incomunicadas, durante varios días, a 1.2 millones de personas en el estado de Guerrero. En demasiadas comunidades, el contacto con el exterior depende de una carretera estrecha o, incluso, de un camino vecinal. En la mayoría de nuestras redes, persiste una arquitectura radial, donde no hay redundancias cuando algo falla. Por ese motivo, los desastres naturales, aún aquellos de magnitud muy inferior a los experimentados en estos días, suelen ser particularmente disruptivos: en algunas comunidades, toma semanas, cuando no meses o años, regresar a la normalidad. A sabiendas de eso, deberíamos de contar con un programa focalizado de infraestructura y equipamiento, dirigido a crear redundancias en las principales zonas de riesgo: carreteras, caminos rurales, enlaces ferroviarios, aeropuertos alternos (o pistas de aterrizaje), instalaciones portuarias para operaciones de cabotaje, plantas potabilizadoras, generadores eléctricos de emergencia, etc. Es decir, infraestructura que es totalmente inútil hasta que se vuelve absolutamente indispensable (y los modelos financieros deberían de considerar ese hecho).
  • Riesgo moral: el Estado cuenta con un instrumento financiero para responder ante desastres naturales: el FONDEN (y si no alcanza, siempre pueden haber recursos adicionales). Pero la existencia misma de esos recursos puede generar incentivos perversos: como los gobiernos estatales y municipales saben que, al final del día, el costo de la reconstrucción no irá contra su presupuesto, no hacen mucho para prevenir una catástrofe o mitigar los daños. En alguna medida, la misma lógica aplica a los particulares: si el gobierno va a cubrir, así sea parcialmente, las pérdidas sufridas durante un desastre natural, es posible que las personas asuman riesgos mayores y no tomen medidas preventivas suficientes. Esto no es exclusivo de los mecanismos de aseguramiento público: los seguros privados enfrentan problemas similares. Pero, por ese motivo, existen copagos y deducibles en los mercados privados. En una dirección similar habría que mover al FONDEN: obligando a una mayor corresponsabilidad de gobiernos estatales y municipales (aumentando su contribución al fondo, por ejemplo), estableciendo mayor condicionalidad para la liberación de recursos (por ejemplo, obligando a la actualización de los atlas municipales de riesgos), y generando algún esquema de copago para los beneficiarios del fondo (éste pudiera ser en especie, en forma de trabajo comunitario, por ejemplo). A su vez, el gobierno federal debería de promover diversas formas de aseguramiento privado (microseguros, derivados climáticos) para evitar que a) todas las pérdidas vayan contra el erario nacional, y b) sacar del proceso político una parte de la respuesta financiera .
En resumen, seamos serios. Todos los años enfrentamos un desastre natural, tal vez no de la magnitud de las tormentas recientes, pero si de tamaño suficiente para provocar una emergencia en alguna parte del país. Y todos los años son las mismas historias: falta de previsión, infraestructura devastada, complicidades de funcionarios y desarrolladores, comunidades aisladas, recursos que no alcanzan . Ya basta: no podemos controlar los fenómenos naturales, pero sí podemos mitigar sus efectos destructivos. Los huracanes y terremotos son obra de la Providencia, pero las calamidades son responsabilidad nuestra.

PD: para una discusión mucho más detallada de algunas de las ideas expuestas en este artículo, les recomiendo este reporte sobre vulnerabilidad climática, elaborado por un equipo del IMCO, bajo el liderazgo de Manuel Molano.

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