Policía: la culpa no está en las estrellas

Sabemos qué hacer para mejorar a la policía, pero la mayoría de los esfuerzos de transformación se muere en la cuna. ¿Por qué? ¿Cuál es la restricción política que nos impide avanzar?

No es ciencia exacta, pero sabemos, más o menos, qué se debe hacer para mejorar a la policía: establecer una carrera policial, fortalecer la capacitación, incrementar las remuneraciones, etc. Más aún, los políticos parecen saberlo y quererlo: todas las administraciones federales desde hace un cuarto de siglo han propuesto, palabras más, palabras menos, lo mismo. Y sin embargo, no sucede. Se sabe y presuntamente se quiere, pero no se hace. Los ejemplos virtuosos de reforma policial en el país se cuentan con los dedos de una mano. La mayoría de los esfuerzos de transformación se muere en la cuna.

¿Por qué? ¿Cuál es la restricción política que nos impide avanzar? Esa es la retadora pregunta, retomada hace unos días por Carlos Puig, pero lanzada originalmente por Gustavo Fondevila, profesor del CIDE, durante el foro nacional  “Sumemos Causas”, organizado por Causa en Común.

No tengo una buena respuesta, pero se me ocurren algunas hipótesis a explorar:

  • Horizontales temporales cortos: sin posibilidad de reelección consecutiva, pocos alcaldes tienen incentivos para embarcarse en proyectos de largo aliento, sin alta visibilidad pública. Mejor comprar patrullas que reformar las estructuras internas de la policía. Este fenómeno debería de afectar menos a los gobiernos estatales que a los municipales, pero aun en ese nivel, la mirada está puesta en la siguiente elección. Los recursos y el capital político va a tender a concentrarse más en acciones vistosas que en procesos largos.
  • Falta de controles externos: en muchos países, los tribunales han sido uno de los acicates principales de los procesos de reforma policial. En Estados Unidos, diversas decisiones de la Suprema Corte (Miranda vs Arizona, Mapp vs Ohio) pusieron límites a la acción policial y obligaron a transformar estructuras y procesos internos en los cuerpos de seguridad. En México estamos apenas en los albores del control judicial sobre la policía. Y ni hablar de la supervisión legislativa: el Congreso de la Unión y las legislaturas locales hacen muy poco para vigilar a los órganos policiales. En la mayoría de los casos aprueban mansamente los presupuestos solicitados, sin hacer muchas preguntas.  Los órganos técnicos de fiscalización –las auditorías superiores, por ejemplo– se limitan a revisar procedimientos administrativos. La creación de auditores policiales independientes sigue siendo un sueño jíbaro. En pocas palabras, no hay institución que controle y  limite a las policías, nadie que obligue desde fuera a la reforma policial.
  • Falta de transparencia: las instituciones mexicanas de seguridad son notoriamente opacas. Aún datos genéricos y agregados (el estado de fuerza, por ejemplo) tiende a ser reservada. La mayoría de la información sobre compras públicas es guardada con candado triple. Los presupuestos no son organizados por objeto de gasto: es muy difícil saber (y más aún comparar entre corporaciones) cuánto se gasta en procesos internos (profesionalización policial, por ejemplo) o en tareas externas (combate a delitos específicos, por ejemplo). En ese contexto se hace casi imposible evaluar con grados mínimos de precisión el desempeño de las corporaciones policiales. Y a falta de evaluación, no hay mucha tracción política para iniciar procesos de reforma.

Si esas hipótesis son medianamente correctas, habría que abordar el problema de la reforma policial indirectamente, por la vía de transformaciones políticas más amplias. Entre otras,

  • La reelección de alcaldes para extender los horizontes temporales en el espacio local
  • La reelección legislativa para a) profesionalizar a diputados, senadores y staff que los acompaña y, en consecuencia,  b) facilitar el control sobre los cuerpos de seguridad
  • La implementación acelerada de la reforma al sistema de justicia penal
  • El fortalecimiento (y, tal vez, la ampliación del mandato) de los órganos de fiscalización
  • La adopción de criterios amplios de transparencia y gobierno abierto (particularmente en materia presupuestal)
Todo eso podría ayudar (creo). Pero al final del día, tiene que haber presión pública para que las policías cambien. Y es allí donde radica mi principal fuente de pesimismo. En encuesta tras encuesta, la seguridad aparece como la principal preocupación del electorado. Sin embargo, esa preocupación no se refleja (al menos no de manera evidente) en las preferencias electorales. Hay muy pocos ejemplos (si es que alguno) de elecciones perdidas o ganadas por el desempeño de las instituciones policiales. Si algo tiene arrastre electoral, son las promesas de mano dura, no las propuestas de transformación institucional. Luego entonces, si el tema no le interesa de más al electorado, ¿por qué le debería de importar a los políticos? Para citar a Shakespeare, “la culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos”.
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