Sobre el experimento uruguayo

Como de seguro ya saben, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó esta semana una iniciativa que legaliza la producción, distribución, comercialización, posesión y uso de la mariguana. Esa legislación había sido aprobada en agosto pasado por la Cámara de Representantes, con lo cual podrá ser promulgada en fecha próxima por el Presidente José Mújica.

Con el paso dado esta semana, Uruguay se convertirá en el primer país en tener un mercado plenamente legal de mariguana desde la aprobación de la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961 (los experimentos de Washington y Colorado en Estados Unidos tienen, por definición, alcance estatal).

Este es un hecho altamente trascendente y merece una reflexión amplia. Aún no se puede comentar mucho sobre el modelo regulatorio, ya que la mayoría de los detalles (política de precios, marco tributario, régimen de licencias, etc.) se definirán en la reglamentación que se expida en los próximos cuatro meses. Van, sin embargo, algunos apuntes (muy) tentativos:

Lo que me gusta:

  • Más allá del contenido específico de la legislación, se debe reconocer que se trata de un esfuerzo serio de regulación del mercado de cannabis. No es una ocurrencia ni una baladronada: hay mucho trabajo y reflexión detrás de la ley.
  • La legislación es flexible. No se casa con ningún modelo regulatorio específico, lo cual podría eventualmente facilitar los ajustes que sean necesarios para la operación del mercado y enfrentar consecuencias no previstas.
  • Existe un compromiso explícito con la evaluación sistemática. Por ejemplo, la ley establece la creación de “una Unidad Especializada en Evaluación y Monitoreo …que tendrá carácter técnico y estará conformada por personal especializado en la evaluación y monitoreo de políticas.”

Lo que me inquieta:

  • Según se desprende de la iniciativa, coexistirán cuatro mecanismos de suministro lícito de mariguana (no incluyendo lo referente a la producción de cañamo): 1) autocultivo para uso personal, 2) clubes de membresía (similares a los clubes sociales de cannabis en España), 3) un sistema de provisión de marihuana para uso medicinal mediante prescripción médica, y 4) un sistema de dispensación comercial, con productores y comercializadores privados. Evitar filtraciones entre esos mercados (por ejemplo, la venta de cannabis proveniente de autocultivo en una farmacia), así como hacia el mercado negro residual, probablemente requiera de un aparato regulatorio pesado, costosos mecanismos de rastreo  y, eventualmente, medidas punitivas serias.
  • La ley establece un órgano regulador, denominado Instituto para la Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). La ley lo describe como una agencia regulatoria, dedicada a establecer y hacer cumplir las reglas del juego. Sin embargo, según conversaciones con algunas personas que han seguido de cerca el proceso (gracias, Lisa Sánchez y Bryce Pardo), el IRCCA será también un intermediario mayorista entre los productores y los comercializadores privados. De ser el caso, ese doble rol podría generar un conflicto de interés: como regulador, el IRCCA probablemente busque limitar el número de productores y comercializadores (para facilitar la fiscalización y el rastreo del producto), pero como mayorista, podría tener un incentivo a aumentar el número de proveedores y clientes (para negociar en mejores términos o para evitar acusaciones de favoritismo). Dadas esas posibles tensiones, tal vez hubiese sido preferible crear dos entes públicos, uno para regular el mercado y otro para actuar de intermediario.
  • Casi todos los detalles regulatorios estarán contenidos en reglamentos y otros instrumentos administrativos. Eso dota de mucha flexibilidad al sistema, pero al mismo tiempo, genera un enorme vulnerabilidad. Si en algún momento llega al poder un gobierno hostil a la legalización de la mariguana, podría sin ningún problema restablecer una prohibición funcional sin tener que pasar por una discusión legislativa, con simples medidas administrativas como: 1) aumentar el costo o reducir el número de licencias de producción y comercialización, 2) incrementar los requisitos sanitarios para el expendio legal de mariguana, ó, 3) dificultar el registro de consumidores.

Lo que no me gusta

  • La ley obliga a los autocultivadores a inscribirse en un registro nacional. Salvo que las autoridades uruguayas pretendan iniciar una persecución feroz contra la producción doméstica no registrada (es decir, salvo que deseen recrear lo que quisieron eliminar), esa disposición es básicamente inaplicable. No me parece buena política arrancar un nuevo modelo regulatorio con una simulación.
  • Si hay acceso legal a la marihuana para uso recreativo, resulta inútil tener un mecanismo paralelo de marihuana de uso medicinal, controlado con prescripción. Al fin y al cabo, si alguien quiere utilizar marihuana como medicamento, va a poder adquirirla en una farmacia como si fuera un usuario recreativo. Crear un canal distinto para uso médico sólo contribuye a dificultar la regulación y confundir a los consumidores.

En resumen, celebro la decisión del Parlamento de Uruguay de dar luz verde al experimento: como mínimo, vamos a aprender mucho sobre el comportamiento del mercado de la marihuana y las posibilidades de regulación legal de esa sustancia. Sin embargo, reservo mi juicio sobre el modelo regulatorio hasta no conocer más detalles. Por vía de mientras, le deseo buena suerte y buen año a los compañeros uruguayos.

PD: las opiniones vertidas en este artículo son estrictamente personales y no necesariamente reflejan las posiciones institucionales del IMCO.

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