El Comisionado en su laberinto

El nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado (casi) plenipotenciario en Michoacán tiene serios inconvenientes, entre ellos, confusión en la línea de mando y el divorcio entre decisiones y responsabilidades.

Alfredo Castillo tiene carisma y presencia,  acceso pleno a medios, soltura frente a cámaras y micrófonos. Tiene poder y recursos, la chequera abierta y la confianza del Presidente. Y para su desventura, tiene también una misión imposible.

En la última semana, el gobierno federal  se ha hecho las preguntas correctas frente a la crisis michoacana: con el gobierno del estado al borde del colapso, ¿cómo restaurar una dosis de autoridad y orden? ¿Cómo salir de la crisis política y generar condiciones mínimas de gobernabilidad? Es un avance, sin duda, que el problema finalmente se plantee en esos términos: hasta hace unas cuantas semanas, el Secretario de Gobernación parecía confiar en que bastaba con la coordinación con Vallejo, Reyna y compañía.

No estoy seguro, sin embargo, que la respuesta  sea la correcta. En mi humilde opinión, el nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado (casi) plenipotenciario en Michoacán tiene al menos cuatro inconvenientes:

  1. Confusión en la línea de mando: según el decreto emitido la semana pasada, el comisionado puede “disponer, ordenar y coordinar las acciones de apoyo y auxilio por parte de las instituciones federales de fuerza pública”. Vamos a suponer que el Comisionado Castillo le ordena a la Policía Federal desarmar a los miembros de las autodefensas apostados en las trincheras de Nueva Italia. Sin embargo, el oficial relevante de la PF recibió instrucciones desde la Ciudad de México de evitar confrontaciones ¿A quién le debe de hacer caso ese oficial? Mi intuición es que, inicialmente, va a seguir las órdenes que vienen de dentro de su corporación (al fin y al cabo, su relación con el comisionado va a ser de duración corta). En lo que se resuelve la diferencia de criterio (si es que se resuelve), ya se perdió tiempo valioso. Y esos casos se van a repetir por montones.
  2. Divorcio entre decisiones y responsabilidades: el comisionado tiene la facultad de “formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientadas a la prevención de delitos, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social, restablecimiento de la seguridad y desarrollo integral en el Estado de Michoacán”. Imaginan este escenario: desde su oficina se decide que es indispensable un programa emergente para los limoneros de Tierra Caliente. Pero resulta que el programa no se documenta adecuadamente o no cumple con las reglas de operación del fondo tal por cual y eso se descubre en una auditoría ¿Quién paga los platos rotos? ¿El personal del Comisionado que tomó la decisión  sobre el programa? ¿O los funcionarios de la SAGARPA que autorizaron el uso de los recursos? Lo más probable es que sean los segundos. Y a sabiendas de eso, las dependencias van a arrastrar los pies antes de darle recursos al Comisionado: nadie quiere cargar con la responsabilidad por decisiones que no tomó.
  3. Poncio Pilatos en Morelia: desde hace varios años, el gobierno del estado de Michoacán no se ha caracterizado por asumir vigorosamente sus responsabilidades. Pero con un comisionado federal que quita y pone a funcionarios estatales, y toma todas las decisiones sobre el aparato de seguridad del estado, los motivos para la irresponsabilidad son infinitos ¿Por qué el Gobernador o su gabinete harían algo que no sea cruzarse de brazos? Si algo sale mal, es culpa de los federales. Si algo sale bien, se pueden parar el cuello y cacarear la magnífica coordinación entre niveles de gobierno. Hagan lo que hagan, esa va a ser la ecuación. Luego entonces, no van a hacer nada, menos aun cuando tienen elecciones en 18 meses. Eso implica que la crisis de autoridad en el estado va a seguir durante casi dos años más (por lo menos).
  4. ¿Quién es el jefe? En principio, el Secretario de Gobernación puede nombrar y remover libremente al Comisionado. En los hechos, Alfredo Castillo depende de Los Pinos: fue designado por el Presidente de la República y nadie más puede sustituirlo. Ese hecho dota al Comisionado de una extraordinaria autonomía frente a su jefe nominal y crea potencialmente un frente de conflicto dentro de SEGOB. Además, no está clara la distribución posible de medallas y culpas. Si el operativo tiene éxito, ¿Castillo se lleva todo el mérito? Si fracasa, ¿la SEGOB y su titular cargan un costo? Esa incertidumbre casi garantiza un ambiente menos que cordial entre la oficina del Comisionado  y las áreas sustantivas de la Secretaría.

Dadas las condiciones de emergencia, era tal vez indispensable que el gobierno federal asumiese un rol mucho más activo en Michoacán. Sin embargo, había opciones al nombramiento de un supercomisionado con mandato amplio y altísima visibilidad, pero sin presupuesto o estructura propios y con un andamiaje legal endeble. Por ejemplo, se hubiera podido nombrar a un subsecretario (o al Comisionado Nacional de Seguridad) como cabeza de los esfuerzos federales en el estado, es decir, a alguien que no tuviese que construir capacidades desde cero. Asimismo, se pudo haber creado un grupo de tarea o comisión intersecretarial, presidida por Gobernación. O bien, se pudo haber reforzado el rol de los delegados federales, a la par de una convocatoria a elecciones anticipadas.

Alternativas había, pero se optó por la ruta que maximiza la confusión, exacerba el conflicto intraburocrático, y diluye al extremo la responsabilidad de los gobernantes locales. Peor aún desde la perspectiva del propio gobierno,  la decisión de la semana pasada deja absolutamente  expuesto al Presidente Peña Nieto. Si Alfredo Castillo es su comisionado, Michoacán es su guerra. De eso, ya no hay vuelta de hoja.

Con todo, y por el bien del país, le deseo buena suerte al Comisionado Castillo. Les juro que la va a necesitar.

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