Por: Dunia Campos, comunicóloga

Supimos de ella por una nota periodística. Su situación nos pareció demasiado compleja y dolorosa. Decidimos buscarla para ofrecerle ayuda. Contactarla desde la ciudad de México no fue fácil debido, entre otras cosas, a la desconfianza que acompaña la distancia.

Ir a la sierra de Guerrero para encontrar a una indígena adolescente embarazada, quien ha sido violada sistemáticamente por sus hermanos, con el único fin de brindar apoyo no es tarea sencilla, hay que considerar factores como el desconocimiento de la zona, la lejanía y, sobre todo, el enfrentamiento con estilos de vida ajenos e incluso incomprensibles.

Al viajar teníamos la preocupación de poder entrar en la comunidad, dadas las situaciones de violencia en la zona, luego dar con la niña, conocerla, transmitirle confianza y poner delante de ella un abanico de posibilidades que le permitieran sentirse mejor, decidir a favor de sí misma.

Al estar en el lugar donde vive enfrentamos la actitud recelosa de la familia: no sabían quiénes éramos, mucho menos las razones por las que estábamos ahí, en la puerta de su casa, preguntando por una adolescente a la que apenas conoceríamos. Una integrante de la familia que sí sabía de nosotras no estaba en ese momento, hubo que aceptar el portazo en la cara y esperar a que nuestro contacto se presentara.

Los minutos trajeron consigo la incertidumbre. No sabíamos cuánto tiempo pasaría ni si lograríamos ver a la chica. Esperamos, inquietas y con muchas preguntas a cuestas, su llegada. Cuando la vimos, acompañada de su familiar –nuestro contacto–, regresó a nosotras la sonrisa. Nos acercamos rápidamente, no queríamos perder un solo segundo. Fue entonces que las preguntas, dudas e inquietudes tuvieron rostro. Estábamos ya con ella, en su casa, con su familia.

Para fortuna nuestra, contamos en todo momento con la compañía y el apoyo de dos mujeres extraordinarias que llevan tiempo haciendo trabajo por las mujeres en este rincón del país, quienes con su solidaridad y profesionalismo hicieron posible el encuentro con la chica. Aun cuando ella estaba en un ambiente que le generaba confianza, considerábamos conveniente que la plática tuviera un poco de privacidad. Aceptó que el diálogo se desarrollara afuera de la casa. En compañía de una de nosotras salió a caminar y así inició el encuentro.

La familia quería saber, en concreto, qué tipo de apoyo podíamos ofrecer. Frente a una situación tan compleja –la chica de dieciséis años violada en muchas ocasiones por sus tíos-hermanos (doble parentesco debido a la violación que la mamá de ella sufrió por parte del papá, en realidad papá-abuelo de la chica)– surge el impulso de extraer a la víctima del contexto de violencia en el que ha estado sumergida; sin embargo, dado que se trata de una menor de edad, la familia es quien marca la pauta.

Les comentamos que la adolescente  podría recibir apoyo psicológico, asesoría legal y médica. Sin dudarlo optaron por el apoyo psicológico, pues consideraban que la niña estaba “mal de su cabeza” y resultaba muy bueno que nosotras pudiéramos ayudarla. Les inquietaba no percibir movimiento del bebé en el vientre. Más que la terrible situación que enfrentaba la chica, era evidente su preocupación por el estado de salud del bebé: “¿Por qué no se mueve?”, cuestionaban con insistencia. Una de las médicas que nos acompañaban les explicó que había que hacérsele un ultrasonido para tener certeza de la edad gestacional, así como del estado de salud del bebé. A los familiares les preocupaba que la ayuda implicara a la adolescente dejar la comunidad. Cuando se les comentó que podría ser atendida ahí mismo se mostraron complacidos.

El abandono y la violencia en el seno familiar se enlazan perfectamente con la marginación que padecen las comunidades indígenas en la región de la Montaña guerrerense. La adolescente que conocimos es una de tantas mujeres víctimas de un Estado ausente, reiteradamente omiso e incapaz de garantizar a la población de esas comunidades la satisfacción de necesidades básicas: alimentación, salud, educación.

Escuchar la historia de la adolescente, en su propia voz, más allá de lo vertido en una nota periodística, nos impresionó e indignó mucho. ¿Qué vida le espera a una adolescente embarazada, que fue abandonada por otra mujer también víctima de violencia sexual, que ha sido agredida por familiares, vendida por unos cuantos pesos, amenazada, golpeada? ¿Por qué se le niega la posibilidad de elegir la vida que quiere? Ella ha decidido tener al bebé porque “abortar es pecado”. También ha decidido que se lo regalará a la pareja de su papá porque no puede tener hijos.

Ella es una mujer valiente. Acudió sola a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales. Denunció al tío-hermano agresor. Él está detenido y desde el lugar donde se encuentra le llama para pedirle que retire la denuncia. Promete no hacerle daño si lo ayuda a quedar libre. Aun cuando la amenazó muchas veces con matar a la familia si no accedía a tener intimidad con él, ahora promete que no hará nada en su contra, tampoco en contra de sus familiares. Dice que lo único que quiere es salir de la cárcel.

A pesar de la serie de tragedias que constituyen su vida, ella cuenta su historia con aparente tranquilidad. Aunque tiene miedo por las llamadas del agresor, se muestra firme en la decisión de no retirar la denuncia. Nos preocupaba el estado de salud del producto dado el contexto de agresiones sexuales en el que ella ha vivido. Se le hizo ya un ultrasonido y se sabe que el bebé no tiene malformaciones. Esto es una desventura menos en su historia. No obstante, ¿qué futuro le espera?

Casos como éste se presentan en todo el país. Las niñas y adolescentes son agredidas por integrantes de su familia: padres, tíos, hermanos que normalizan la violencia y se apropian de manera natural del cuerpo de las niñas y adolescentes . La mayoría de estas agresiones quedan impunes sobre todo porque no se denuncian, ya sea por miedo a que el Ministerio Público las criminalice al poner en duda su dicho, por temor a que un periodista local las exhiba, por vergüenza o incluso porque la familia prefiere callar. La maternidad impuesta, producto de una violación, es un atropello a los derechos sexuales y reproductivos; daña de manera profunda la dignidad de las niñas y adolescentes y frena radicalmente su proyecto de vida. El Estado no puede ser omiso ante los problemas estructurales que permiten el surgimiento, una y otra vez, de tragedias como la de la niña indígena de Tlapa. El libre ejercicio de derechos para todas, especialmente para las niñas y adolescentes que requieren una protección especial del Estado, es una deuda pendiente que debería considerarse impostergable.