Por: Rebeca Ramos Duarte, Investigadora Jurídica

“Pero nada; era inútil. Los oyentes permanecieron callados”

Federico García Lorca

En 1929, un extranjero, de nombre Federico, llegó a Nueva York consternado por la situación política que vivía su país con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, 83 años después, un grupo de mujeres mexicanas arribamos a esta ciudad preocupadas por el entorno político del nuestro y  las consecuencias negativas que ello significa en la vida de las mujeres.

En la 52da sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), el organismo de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la situación de violencia y discriminación que viven las mujeres en México. El Estado no dió una respuesta medianamente aceptable a los cuestionamientos que durante años hemos planteado desde la sociedad civil y que en esta ocasión fueron retomados por el Comité.

El procedimiento de análisis de la situación de los derechos de las mujeres por parte del Comité CEDAW, consta de la presentación de informes periódicos, elaborados por los Estados miembros de la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, en ellos se da cuenta de las medidas legislativas, judiciales y administrativas  que se  han adoptado para hacer efectiva la Convención, así como de la presentación de información adicional, por parte de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos, a través de informes alternativos o sombra.

En esta ocasión se analizaron los informes 7 y 8 de México. El Comité CEDAW recibió, además 21 informes alternativos realizados por organizaciones civiles nacionales e internacionales, así como uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Han pasado seis años desde la última revisión del país ante este organismo y muchas de las observaciones emitidas no se han cumplido, por ejemplo, en materia de derechos reproductivos, el Comité recomendó a México armonizar la legislación local para garantizar el acceso a servicios de aborto seguro en los casos previstos por la ley, lejos de ello, a partir de 2008, en 16 estados del país se reformaron las constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción, lo cual ha significado, “la negación injustificada e innecesaria” –en palabras de una de las expertas- del acceso a los servicios de salud para las mujeres.

En la sesión, el 17 de julio, se contó con la participación de una numerosa delegación oficial, con más de 40 representantes del Estado incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autoridades federales y estatales,  el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como una delegación de 25 representantes de 106 organizaciones de la sociedad civil mexicanas.

En materia de derechos reproductivos de las mujeres, el Estado fue felicitado por la campaña de prevención de la Secretaría de Salud federal “Un condón es más confiable que el destino”, campaña duramente criticada por organizaciones conservadoras, quienes, incluso, han solicitado su retiro. ¡Vaya paradoja!

Excepto ese momento, las intervenciones de las expertas, no fueron felicitaciones, al contrario, el Comité mostró serias preocupaciones por los índices de mortalidad materna, en especial el de las mujeres indígenas y por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir 75% la tasa de mortalidad materna para el 2015.

Otro tema de inquietud, fue la negación en el acceso a servicios de salud reproductiva, la criminalización de las mujeres y las denuncias presentadas por personal de salud y trabajadoras sociales, que han significado las reformas a las constituciones de los estados que protegen la vida desde la concepción. Por estas razones hicieron hincapié en la necesidad de aplicar e interpretar estas reformas de conformidad con el artículo 1° de la Constitución federal y de armonizar la legislación estatal con la finalidad de eliminar la discriminación que sufren las mujeres en este ámbito.

Ahora bien, una vez realizada la Sesión, hay que destacar que se ha tratado de un proceso positivo para la promoción de los derechos humanos de las mujeres, el Comité comprendió la situación de discriminación que viven las mujeres en México agravado por el contexto de violencia e impunidad imperante en el país, en consecuencia escucharon los planteamientos de las organizaciones sociales y cuestionaron al Estado sobre estas problemáticas, solicitando respuestas concretas.

Además de la apertura e interés del Comité, el trabajo articulado de las organizaciones que trabajamos con diferentes temáticas y situaciones en la defensa de las mujeres, fue un factor que coadyuvó para lograr una mejor comprensión del estado que guarda el ejercicio de los derechos de las mujeres en el país, lo cual nos lleva a replantearnos la necesidad de colaborar en otras estrategias conjuntas.

Por su parte, la participación del Estado dejó mucho que desear, a pesar de lo numerosa de la delegación, sus intervenciones no respondieron a los cuestionamientos de las expertas, en la mayoría de los casos se trataron de largos discursos sin contenido, ni entendimiento sobre la grave situación de discriminación que viven a diario las mujeres en México, en reiteradas ocasiones las expertas solicitaron al Estado responder a las preguntas planteadas.

Por su parte la CNDH, como ha sido costumbre, no tomó en serio su obligación de promover y defender los derechos humanos de las mujeres, además de la presentación de un informe alternativo incompleto, en el que no se plantearon todos los derechos de las mujeres, la presentación ante el Comité se llevó a cabo el 9 de julio, una semana antes del examen a México; ante esta situación cabe preguntarse ¿qué compromiso más importante tendrá Programa de Asuntos de la Mujer de la CNDH que la sesión de México ante la CEDAW?

Ojalá que el Estado comprenda que los tiempos de simulación ante organismos internacionales están siendo superados y que lo expuesto por las expertas del Comité de la CEDAW en la sesión y en las recomendaciones finales, constituyen una herramienta de suma importancia para cumplir con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.