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Adriana o la justicia a la mexicana

Por: Mariana García

Adriana llegó a nosotras pues su ex pareja, Pedro (llamémosle Pedro) la había violado. Como consecuencia había quedado embarazada y quería interrumpir su embarazo. Al llegar con nosotras me sorprendió su empoderamiento, lo claro que tenía sus derechos y las ganas que tenía de hacer que se respetaran. Me comentó que sabía que era obligación de las autoridades autorizar la interrupción del embarazo y proveerle los servicios para que se pudiera llevar a cabo pues se trataba de una violación sexual (circunstancia bajo la cual es legal en todo el país).

Al conocer un poco más su historia supe que la violación no había sido el primer episodio de violencia por parte de su ex pareja. Adriana ya había acudido a la Fiscalía de Durango en otras ocasiones con lesiones físicas consecuencia de los golpes de Pedro. La peor fue la ocasionada el día que Adriana terminó con él, un esguince cervical.

El día de la violación la secuestró saliendo de su trabajo, le pidió que hablaran para concluir la relación, para quedar “bien” y ella accedió. La tuvo secuestrada en su casa, al parecer la violó y golpeó en diversas ocasiones. Por medio del celular, Adriana escribió mensajes a sus amigos y familiares para que la rescataran, de esta forma llegó la policía por ella y detuvieron a Pedro.

En la Fiscalía el médico forense hizo la revisión usual, registraron las lesiones físicas, le hicieron un dictamen psicológico en el que se concluía “afectación emocional” relacionada con la violencia sexual. Eso sí, les faltó cumplir con una simple obligación: informarle sobre la pastilla de anticoncepción de emergencia y proporcionársela o remitirla a algún centro de salud para que la pudiera obtener. Si ella hubiera tomado la pastilla de anticoncepción de emergencia en ese momento, probablemente no nos hubiéramos enterado del caso.

Lograr que la Fiscalía autorizara la interrupción del embarazo fue un vía crucis, éste trámite tardó aproximadamente dos semanas (el estándar en otros estados es de 24 horas). El médico legista le proporcionó información parcial y poco actualizada sobre los procedimientos para interrumpirlo y le solicitaron varias pruebas de embarazo con diferentes técnicas para determinar la edad gestacional – el ultrasonido no fue suficiente. Una vez autorizada la interrupción, la Fiscalía agendó a Adriana una reunión con la presidenta del DIF Durango, pues la presidenta había tenido conocimiento del caso y quería platicar con ella antes de que le realizaran la interrupción. Adriana dijo que ella ya había tomado su decisión y que no quería platicar con nadie más.

Finalmente la interrupción se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Salud del estado de forma segura y gratuita. Adriana estaba contenta de haber salido de esta situación.

Durante todo el proceso Adriana recibía amenazas continuas vía celular por parte de Pedro. Adriana estaba muy asustada, pues en las amenazas le decían que su ex novio estaba conectado con gente peligrosa y que si no lo sacaba de la cárcel, la lastimarían a ella y a su familia. Esta información se le hizo llegar a la Fiscalía.

Pasaron algunos meses y nos llegó la noticia de que Adriana había seguido recibiendo amenazas de Pedro, al parecer él seguía buscándola vía telefónica no obstante que estaba detenido.

Un día Adriana se presentó ante la Fiscalía acompañada del abogado de Pedro a retractarse de sus declaraciones. Ella decía que había consentido la relación sexual y que había interrumpido su embarazo por presión, que la Fiscalía y otras organizaciones la habían obligado. Ella ya no quería tener ningún contacto o apoyo con nosotras.

En un espacio en que coincidimos con ella entre audiencias del proceso dijo estar muy asustada por tantas amenazas, nos pedía que la perdonáramos por lo que estaba sucediendo, pero que no podía hacer nada, que ella prefería estar en la cárcel a que le fueran a hacer algo a su familia.

No obstante que la Fiscalía conocía todos los antecedentes y pruebas del caso, en los que acreditaban la violencia física, sexual y psicológica, así como las amenazas, al verse acusada por Adriana, la Fiscalía inició un proceso por falsedad de declaraciones y responsabilidad patrimonial en contra de ella.

Adriana actualmente está detenida.

El caso de Adriana muestra una profunda discriminación contra las mujeres. Adriana ha sido víctima de  violencia física, sexual, psicológica e institucional. Los primeros tres tipos de violencia resultan los más evidentes, sin embargo, la institucional resulta la traba para que ella pueda salir de las otras tres. La falta de un sistema de justicia que verdaderamente proteja a una víctima y que entienda los alcances y distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres es una forma invisibilizada de discriminación y constituye violencia institucional.

Una mujer que ha sufrido agresiones como Adriana necesita una atención integral. Si Adriana hubiera tenido acceso oportuno a anticoncepción de emergencia, a una buena atención psicológica, a una defensa adecuada y a debidas medidas de protección, no estaría detenida. Las instituciones del Estado deben tener claro que una violencia tan brutal se manifiesta de manera poderosa en personas que corren mayor riesgo de vulnerabilidad. En este caso, el hecho de ser mujer la hizo más vulnerable. El ejercicio de poder que asestó un sujeto como Pedro contra su ex novia sucede cuando se ve a la otra persona no como un igual, sino como un objeto para su uso y aprovechamiento, el cual tiene bajas o nulas probabilidades de reclamar el maltrato. La Fiscalía de Durango estaba obligada a defender a esta y a todas las mujeres que sufren violencia, a mirarlas como  titulares de derechos, a buscar las acciones necesarias para reparar el daño y  a actuar conforme a la discriminación estructural que han padecido. La criminalización de la Fiscalía hacia Adriana lo único que hizo fue legitimar y perpetuar la discriminación, así como la violencia de género, hacer caso omiso de las amenazas y propiciar un ambiente permisivo para el maltrato. Aún así, la Fiscalía sigue cruzada de brazos. De poco le sirvió a Adriana atreverse a denunciar, si las autoridades lejos de brindarle protección por ser víctima de violencia, la convirtieron en culpable.

Llamémosle a esta omisión de la administración de justicia por su nombre: violencia estructural.

 

* Mariana García es abogada responsable de políticas públicas en GIRE

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