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¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos?

 

Por: Rebeca Ramos Duarte

 

Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de limitación del poder.

En ese sentido, hablamos de la actuación de los órganos de gobierno, por ejemplo, de la elaboración e implementación de políticas públicas, de las resoluciones jurisdiccionales en las que se interpretan y aplican las normas jurídicas, de la actuación de los órganos legislativos en elaboración de las leyes, así como del contenido y alcance de las reformas a la Constitución.

Según el actual modelo de Estado democrático y con fundamento en el artículo 1º constitucional, en todas estas formas de ejercicio del poder público, las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual suena muy bien en la Constitución, en los discursos y en los acuerdos políticos, pero ¿las autoridades de este país realmente entienden y actúan en consecuencia?

Planteo esta pregunta, en general, por la situación documentada de violaciones a los derechos humanos que se vive en México, y en específico, por la iniciativa de reforma al recién modificado – 10 de junio de 2011- artículo 1º constitucional, presentada el 3 de enero de 2013 por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra del Grupo Parlamentario del PRI –partido que gobierna la Federación y la mayoría de las entidades federativas-, con la cual se pretende modificar el texto del segundo párrafo del artículo para establecer lo siguiente: “De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133”.

Dicha propuesta, como han señalado diversos especialistas en el tema, significa echar atrás los principios pro persona y de progresividad reconocidos en el propio artículo 1º; en otros términos, significa poner encima de las personas los artículos de la Constitución aprobados por las y los miembros del Constituyente Permanente, desconociendo normas internacionales obligatorias para México que protegen mejor a las persona.

Ante esta propuesta nada alentadora para la defensa y protección de los derechos humanos, un grupo nutrido de personas –defensoras de derechos humanos, académicas, juristas- y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., hemos presentado nuestra inconformidad y los argumentos jurídicos en contra de esta iniciativa, a través de redes sociales, como Twitter y Facebook, así como de la presentación de una carta abierta a firma en el sitio change.org.

Ante estas acciones ciudadanas, el diputado Arroyo declaró que como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no impulsaría la iniciativa, sin embargo el diputado Raymundo King De la Rosa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales –comisión encargada del dictamen- y miembro del Grupo Parlamentario de PRI  expresó, según una entrevista publicada el pasado 12 de enero su intención de lograr el dictamen y aprobación de dicha iniciativa.

Y es que preocupa, y mucho, que algunos de los actores que tienen la obligación jurídica de implementar la reforma que representa un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en México, destinen sus esfuerzos para hacerla inoperante, en lugar de trabajar en las reformas legislativas que se requieren para que opere en la práctica, como la Ley de Amparo que debió ser emitida hace más de un año, o las modificaciones en materia de reparación y de derechos reproductivos recomendadas en 2012 por el Comité contra la Tortura y el Comité CEDAW, las cuales deben de llevarse a cabo de conformidad con el artículo 1º constitucional. De aprobarse la iniciativa, ¿qué resultados presentaría México a estos organismos internacionales sobre el cumplimiento de sus recomendaciones?

Lejos de construir, este tipo de propuestas ponen en duda el compromiso de quienes ejercen el poder público con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. No olvidemos que en el primer dictamen de la reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2009, se incluyó a petición del Gobierno federal en turno, la inclusión del principio de no contradicción con la Constitución en la aplicación de las normas de derechos humanos, es decir que en caso de contradicción de una norma internacional de derechos humanos, la Constitución prevalecía, muy parecido a lo propuesto este año por el diputado del PRI.

Una buena forma de disipar dudas sería que el diputado Arroyo Vieyra hiciera uso del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados para retirar esta iniciativa y dirigiera sus esfuerzos parlamentarios para emitir las leyes que realmente se necesitan para que los derechos humanos en este país operen en la realidad.

 

* Rebeca Ramos Duarte es investigadora jurídica

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