Perfil El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE.

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Obstáculos para un aborto legal

 

Por: Alma Beltrán y Puga

“Cuando fui al Ministerio Público, la agente me preguntó que por qué no lloraba mientras le contaba cómo mi padrastro me había violado, que ella no me creía esa historia, que tenía que llorar para que pudiera levantar la denuncia, que seguramente le estaba bajando el novio a mi mamá.” (Claudia, 17 años)

El testimonio de “Claudia” es representativo del maltrato y revictimización que sufren las mujeres, sobre todo las adolescentes, cuando acuden a las agencias del ministerio público a denunciar una violación sexual. La falta de credibilidad hacia las mujeres -jóvenes, niñas y adultas -  por parte de las autoridades respecto del abuso sexual es tan frecuente, como los casos de violaciones de jóvenes y niñas por sus parientes. Muchas de estas niñas y adolescentes resultan embarazadas como consecuencia de la agresión sexual.

Este fue el caso de Claudia, quien vive con su mamá Leonora, en Veracruz. La pareja de su madre, un taxista que trabaja tres meses en Veracruz y los otros nueve en Estados Unidos, la reconoció como su hija. Desde que Claudia cumplió 17 años empezó a abusar de ella. Hasta que un buen día Claudia se lo dijo a su mamá, pues estaba embarazada. Leonora le creyó a su hija e indignada por la situación, la acompañó a denunciar.

El aborto por violación es legal en todos los estados del país. Sin embargo, el camino de las mujeres para lograr que se interrumpa el embarazo en un hospital público en condiciones de gratuidad y calidad es largo y tortuoso. Cabe recordar otros casos, como el de Paulina Ramírez Jacinto, a quien el director y los médicos del hospital público de Baja California le negaron su derecho a acceder a un aborto legal, aún después de que el juez la había canalizado a ese centro de salud. Exigir el cumplimiento de las leyes en este país no es fácil, menos tratándose de casos de niñas abusadas y embarazadas que solicitan un aborto legal.

Después de que detuvieron al padrastro, el asunto pasó a un juzgado. Claudia y su madre fueron en busca de ayuda al Instituto de las Mujeres de Veracruz, donde les dijeron que era posible obtener un aborto legal. Claudia decidió solicitar la interrupción legal del embarazo ante el juez. GIRE dio acompañamiento a Claudia y a su madre para promover una respuesta judicial pronta, ya que a pesar de que la solicitud se realizó por escrito, después de dos semanas no había respuesta del juzgado. El Juez no sabía cómo proceder, ya que la ley penal en Veracruz no especifica el procedimiento a seguir para emitir la autorización. Finalmente el juez, reconociendo derecho a la libertad reproductiva de Claudia, emitió la autorización judicial y le practicaron un aborto legal en un hospital público.

A diferencia de Paulina, a Claudia sí se le practicó un aborto legal en un hospital público de Veracruz.  No obstante hubo varios obstáculos por parte de las autoridades ministeriales y judiciales para hacer efectivo su derecho a la interrupción del embarazo. Además de la falta de credibilidad y maltrato en la agencia del ministerio público, a Claudia no se le dio información sobre su derecho a interrumpir el embarazo ni sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual.

Claudia es una de las muchas jóvenes de este país que ha sido víctima de un abuso sexual, pero una de las pocas que se atreve a pasar por todo el trámite judicial para exigir sus derechos. Muchas mujeres abusadas prefieren realizarse abortos clandestinos a tener que acudir ante las autoridades.

La Ley de Víctimas recientemente publicada, y que entrará en vigor el 9 de febrero de este año, establece que todas las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la anticoncepción de emergencia y a que se les practique un aborto legal. Esta es una obligación que deberán cumplir todas las autoridades judiciales y de procuración de justicia. Sin embargo, tener los derechos en el papel no es suficiente, los casos que GIRE ha documentado muestran que falta todavía mucha capacitación, sensibilidad, conocimiento de las leyes y voluntad para cumplirlas por parte de las autoridades.

 

*Alma Beltrán y Puga es coordinadora jurídica de GIRE.

 

 

 

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