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Revictimización de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual

Por: Regina Tamés (@reginatames)

La violación sexual es un acto traumático que viven miles de mujeres alrededor del mundo y México no es la excepción. Se calcula que alrededor de 14 mil mujeres en nuestro país son sobrevivientes de esta terrible experiencia. Este acto impuesto, que desgarra la intimidad, suele además suceder en el ámbito donde se pensaría que las mujeres están más seguras, su hogar, y por parte de la persona que supuestamente las quiere, su pareja.

Por tratarse de un acto forzado, estas relaciones sexuales ocurren obviamente sin protección, lo que puede ocasionar también consecuencias terribles como el embarazo no deseado ni planeado. Podríamos pensar que en México, a pesar de los altos índices de violaciones, se ofrecen opciones para las mujeres que se encuentran en este supuesto de embarazo como consecuencia de una violación sexual, toda vez que el aborto es legal bajo esta circunstancia en todo el país: los 32 códigos penales estatales en México establecen como excluyente de responsabilidad al aborto que sea resultado del delito violación.

Los países de América Latina siempre voltean a ver la maravillosa legislación mexicana buscando alcanzar este estándar que garantiza los derechos de las mujeres que han vivido violación sexual. Tuve la oportunidad de trabajar cercanamente en Perú, Costa Rica y Guatemala, y hay un gran movimiento por lograr que se reconozca en la ley la causal de aborto por violación para ofrecer esta salida a aquellas mujeres que no desean continuar su embarazo resultado de la violación.

La norma, entonces, en México es de avanzada. Pero como suele suceder, una cosa es lo que se establece en la norma y otra lo que pasa realmente. El caso de Paulina, una niña de 13 años de Baja California, ha sido el caso emblemático sobre la negación de un aborto por violación en nuestro país. Paulina fue violada y como resultado de ello quedó embarazada, y tanto ella como su madre hicieron saber a las autoridades su intención de interrumpir el embarazo. En un ir y venir de autoridad en autoridad, entre engaños y presiones, transcurrió el tiempo hasta que lograron que la mamá se desistiera debido a la amenaza de que su hija podría morir por el aborto y ella sería la responsable. Este caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se estableció que se habían violentado los derechos de la niña al haberle obstaculizado el acceso al aborto por violación.

Este caso debería haber servido de ejemplo para que México tomara las medidas necesarias para que lo sucedido a Paulina no le sucediera a nadie más. Lamentablemente no es así. Desde GIRE hemos venido documentando casos de niñas violadas a quienes las autoridades, por prejuicios morales, les hacen la vida imposible antes de cumplir con su obligación de brindar los servicios de aborto legal y seguro. Por dichos prejuicios, no proporcionan información sobre la pastilla de anticoncepción de emergencia que podría evitar el embarazo en casos donde la mujer haya sufrido la agresión pocas horas antes.

La excusa más recurrente de los Ministerios Públicos, que son las instancias con las que tienen el primer contacto las mujeres, es que no cuentan con lineamientos o protocolos que les digan cómo actuar. Me pregunto si acaso tienen estos lineamientos para cualquier otro delito. El que los tengan o no, ¿es responsabilidad de la niña que está buscando ayuda? Esos son trámites internos de una dependencia que tendría que resolverlos para que el personal actúe con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos.

Otro obstáculo se encuentra en que las mujeres violadas tienen como requisito, en al menos doce estados, la obligatoriedad de ir a denunciar el delito de violación para poder acceder al aborto. Es más que conocido que las mujeres que sufren estas agresiones por lo general no quieren denunciar. Si consideremos que muchas de ellas han sido agredidas por sus parejas o familiares cercanos, entonces la denuncia es en sí misma un segundo obstáculo.

Aunado a la denuncia, varios códigos de procedimientos penales requieren que el Ministerio Público autorice por escrito la interrupción y remita a la mujer a los servicios de salud. Como no siempre se establece un plazo entre que la mujer denuncia, el Ministerio Público autoriza y los servicios de salud realizan la interrupción, en este limbo pueden transcurrir meses durante los cuales el embarazo inevitablemente avanza.

Hay países en la región como Brasil, Colombia y Uruguay en los que el trámite para acceder al aborto por violación es mucho más sencillo, pues tienen como base la credibilidad del testimonio de la mujer. El procedimiento se realiza a petición verbal de ella ante los servicios de salud, en donde podrían solicitarle una declaración jurada de los hechos para proceder a interrumpir el embarazo, sin denuncia. En Colombia se solicita copia de la denuncia pero no se requiere una autorización del Ministerio Público.

Se pensaría que existe empatía en la sociedad frente a un embarazo no deseado producto de una violación. Quizá la hay, pero los Ministerios Públicos y el personal de salud en general carecen de ella. Su actuar se centra en revictimizar a las mujeres y cuestionar su testimonio. La recién aprobada Ley de Víctimas contempla explícitamente al aborto por violación como un servicio médico de emergencia con el que deben cumplir todas las autoridades federales, estatales y municipales. ¿Se convertirá en letra muerta o realmente fortalecerá el acceso de quienes han vivido una experiencia traumática y no quieren vivir otra más, como lo es la imposición de un embarazo no deseado?

* Regina Tamés es directora de GIRE

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