Notas sobre el Tangagate y la extraña moral de los fundamentalistas

Después de 10 años de litigios, la SCJN le negó el amparo a Jorge Serrano Limón con el que quería evitar pagar la multa de 13 millones de pesos 237 mil 377 pesos por el escándalo del tangagate. Esta decisión pone punto final al ocaso de uno de los personajes más destacados de los fundamentalistas religiosos.

Por: Omar Feliciano (@tipographo

A principios de febrero nos sorprendió la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión que dio por concluido el llamado tangagate (incluso usado así en artículos escritos en inglés), un episodio de desviación de recursos herencia del régimen foxista que benefició al Comité Nacional Provida en detrimento de los recursos destinados a la prevención del VIH. La Corte le negó el amparo a Jorge Serrano Limón con el que quería evitar pagar la multa de 13 millones de pesos 237 mil 377 pesos. Esta decisión pone punto final al ocaso de uno de los personajes más destacados de los fundamentalistas religiosos.

En 2006 la Suprema Corte discutió en el pleno este caso y rechazó un amparo similar. Estableció un criterio contra el peculado: aplicar la Ley Federal de Responsabilidades para los servidores públicos para quien no siendo funcionario reciba y maneje recursos públicos. Sin embargo, vale la pena hacer una cronología de un asunto que lleva más de una década de litigio y debate en los medios, una década de desgaste de lo que fue la voz más estridente contra el avance de los derechos sexuales y reproductivos.

El modelo de los Centros de Ayuda para la Mujer del Comité Nacional Provida ha sido guía para otros países latinoamericanos. En entrevistas para los medios conservadores ha expresado claramente cómo realiza su propaganda religiosa a través del uso de la vulnerabilidad emocional de las mujeres embarazadas en condiciones adversas para su proyecto de vida: “estas 215 mil mujeres que habían dicho sí al aborto y ahorita dicen sí a Cristo”. Es decir, el Estado patrocinó lugares de adoctrinamiento religioso en detrimento de la promoción de los derechos reproductivos y la salud sexual de las mujeres.

Desde enero de 2003 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra GIRE, dieron seguimiento y documentaron el caso. Todo comenzó el 16 de diciembre del 2002 cuando la Comisión de Equidad y Género logró que el pleno aprobara una ampliación presupuestaria de 600 millones de pesos para programas de salud de las mujeres y prevención del VIH; el 10 de enero de 2003 el secretario de salud, Julio Frenk, recibió un oficio del diputado Luis Pazos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde se redujo lo asignado a la prevención del VIH y se reasignó a Provida.

En julio y agosto de 2003 las organizaciones enviaron oficios a la Secretaría de Hacienda y presentaron la primera de varias solicitudes al Sistema de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información. Simultáneamente, Luis Pazos fue nombrado director del Banco Nacional de Obras y Servicios (de donde usaría fondos para publicarse un libro). Fue hasta septiembre que la Secretaría de Hacienda confirmó la asignación de recursos a Provida a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud. A finales de ese año las organizaciones presentaron a los diputados un dossier con la información del caso, lo que motivó a legisladores del PRI y PRD a demandar más información.

Fue hasta abril de 2004 que a través de solicitudes de acceso al sistema de información este grupo pudo consultar el expediente de Provida y documentar acciones contrarias a las políticas públicas de salud e irregularidades en el uso de los recursos. Se obtuvieron copias del expediente, se comprobó que lo asignado a Provida fue la mitad de los recursos que distribuyó ese año la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y se solicitó una auditoría. Provida presentó facturas en blanco, además de notas de Zara, Aca Joe, Cartier y Mont Blanc para justificar gastos de 30 millones de pesos que le dio Salud, además de dos facturas en blanco por 20 mil pesos cada una, y claro, las tangas que perseguirían por siempre a Serrano Limón y que bautizaron a este episodio como el Tangagate.

Casi una cuarta parte de los 30 millones se gastaron en publicidad y casi la totalidad de este rubro fue para la empresa Mercatel S. A. de C. V., vinculada a Lidia Ojeda Gutiérrez, parte de la estructura de Provida. Esta empresa expidió facturas vencidas a Provida por un millón 622 mil 910 pesos. Eventualmente se comprobó que Provida había creado seis empresas fantasmas para malversar los fondos. Las facturas presentadas por 11 millones 520 mil 447 en el rubro mobiliario y equipo médico tenían irregularidades en los folios de las fechas. El 96% del recurso utilizado en el rubro ayuda a los mujeres fue utilizado para contratar un salón de fiestas y en dos una reunión de directivos. Este salón de fiestas expidió la factura no válida por haberse dado de alta después de la fecha de la factura, vale la pena mencionar que el salón de fiestas “El Castillo Branstock” tiene el mismo teléfono que la empresa Mercatel S. A de C. V. De los 30 millones sólo 37 mil 825 fue directo a las mujeres y se comprobó con cuentas de ropa para caballero y dama de Sears y Palacio de Hierro. Es posible consultar a detalle la naturaleza del desfalco en El Caso Provida: cuentas pendientes en la transparencia y la justicia.

El acceso a la información y el observatorio ciudadano destacaron herramientas para evidenciar la corrupción de un sistema que restringe los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En este caso es un catálogo de las irregularidades en el ejercicio privado de recursos públicos para objetivos contrarios a la política pública del Estado. Con el Tangagate dos ideólogos de la derecha vieron rotos sus pies de barro: Luis Pazos se convirtió en el mismo tipo de funcionario que criticaba en sus textos (gastando dinero del erario para autopublicarse y regalar el libro en navidad) y Serrano Limón perdió toda legitimidad para convertirse en un bufón que es metáfora de un fundamentalismo católico hipócrita y obtuso, donde robar es perdonado si se hace por un supuesto bien mayor, es decir, la limitación de los derechos reproductivos de las mujeres.

Ya desde 2007 era visible el daño a la imagen pública de Serrano Limón. Una lluvia de tangas lo recibió cuando se presentó en la Asamblea del Distrito Federal para atacar el proyecto de despenalización del aborto. Políticos del PAN se deslindaron de él y aseguraron que no militaba en el partido. Jorge Triana, vicecoordinador de la bancada, manifestó su enojo por haber sido recibido en las oficinas de la fracción parlamentaria. Hace tres años que el portal Yo Influyo no ha realizado una defensa de Serrano Limón y no publicó la sentencia de febrero de la Segunda Sala de la Suprema Corte, pero sí su respaldo a las próximas acciones de acoso a las mujeres en las clínicas.

Extraña esa moral fundamentalista que justifica el robo y la mentira para defender un concepto abstracto. En esta visión del mundo, el no nacido es una categoría absoluta donde un proceso gradual de la vida adquiere cualidades metafísicas que arrebatan a las mujeres el control de su vida y la convierten en sujeto de la vergüenza y la culpa necesarias para el sometimiento a un dios que sólo la valida en su función reproductiva. La sanción moral a las mujeres que abortan parte de la paradoja de presentar como muerto algo que nunca ha nacido. Este no nacido no tiene voz, no tiene una orientación sexual contraria al dogma católico y su voluntad es perfectamente interpretada por aquellos que pueden violar la ley, robar y mentir en su nombre.

 

* Omar Feliciano es responsable de Medios Digitales

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