Aborto legal sin discriminación para todas

A ocho años de la despenalización del aborto en el DF, habría que reflexionar sobre lo que se necesita hacer a nivel nacional para que los derechos reproductivos se protejan y respeten en todo el país, empezando porque las causales legales de interrupción legal del embarazo se amplíen y se cumplan. Como acaba de aprobar el Congreso de Tlaxcala.

Por: Alma Beltrán y Puga (@almandina19)

Este 24 de abril se cumplieron 8 años de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas del embarazo en el Distrito Federal. Una victoria sin duda de las mujeres de la capital, pero también un triunfo a nivel nacional pues la ley se aplica sin discriminación. Las mujeres de otros estados que no pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre también tienen abiertas las puertas de las clínicas y los hospitales del DF.

El logro de esta política pública no discriminatoria de los servicios de salud del DF no quiere decir que se deba abandonar la lucha por promover el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en otros estados de la república. La desigualdad persiste. En el DF sí se puede, claro dentro de un plazo de 12 semanas y varias otras causales (violación, grave daño a la salud de la mujer, malformaciones congénitas o genéticas, inseminación artificial no consentida, y por ser “culposo”). En otros estados, donde también hay estas causales la ley no se aplica. Y es un verdadero via crucis para las mujeres solicitar un aborto legal cuando tienen alguna afectación a su salud, a su vida, se les diagnostica un producto con malformaciones graves (por ejemplo la anencefalia). Inclusive, cuando el aborto ocurre de forma espontánea (que calificaría legalmente como aborto culposo, por no haber intención de la mujer de abortar) se les criminaliza.

Hoy, a ocho años de la despenalización del DF, habría que reflexionar sobre lo que se necesita hacer a nivel nacional para que los derechos reproductivos se protejan y respeten en todo el país. Habría que empezar porque las causales legales de interrupción legal del embarazo se amplíen y se cumplan en todo el país. Actualmente, el aborto por violación está despenalizado en todo el país, pero el acceso de las mujeres a la interrupción es precario, casi nulo. (Ver Informe de GIRE, Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México, 2013). Muy pocas mujeres logran superar las trabas burocráticas de los Ministerios Públicos y de las Secretarías de Salud para poder interrumpir el embarazo cuando son víctimas de violación sexual. No hay información adecuada, se les demora con pretextos e infinitos requisitos de prueba. Por otra parte, los estados contemplan distintas causales legales de aborto en sus códigos penales por lo que una mujer, por ejemplo, con riesgo a la salud, sólo puede practicarse un aborto legal en 14 estados del país, y no en los demás, por no estar prevista la causal en la ley.

Por lo tanto, constituye un gran avance que el Congreso de Tlaxcala haya aprobado la semana pasada reformas al Código Penal del Estado para incluir las alteraciones congénitas o genéticas graves del producto de la concepción dentro de las causales permitidas para la interrupción del embarazo (artículo 243 del Código Penal de dicha entidad). Tlaxcala se pone a la vanguardia al ser uno de los estados de la república que más causales legales tiene para interrumpir el embarazo. Junto con Baja California Sur, Colima y el Distrito Federal, Tlaxcala prevé seis causales de aborto legal, entre ellas la violación, el riesgo a la salud o la vida de la mujer, y las malformaciones del producto por lo que las mujeres pueden interrumpir el embarazo sin ser criminalizadas. Los servicios públicos de salud estatales deben dar estos servicios de forma gratuita y legal.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por decidir un asunto importante en este sentido, que tuvo su origen en unas reformas previas al Código Penal de Tlaxcala que en el 2013 eliminaron la causal de malformaciones del producto de la concepción. Misma reforma que ya se enmendó este 23 de abril por el Congreso. Por lo tanto, seguramente la acción de inconstitucionalidad promovida por el oimbudsman de Tlaxcala quedará sin materia. Y esto no se debe ver como una batalla perdida en la Corte, sino como una victoria legislativa.

Adelantándose al fallo de la SCJN, el Congreso de Tlaxcala decidió hacer realidad el principio de progresividad comprendido en el artículo 1º de la Constitución Política del país. Progresivo quiere decir más, no menos. Las mujeres mexicanas merecemos que todas las autoridades (legislativas, judiciales y administrativas) velen y cuiden nuestros derechos: no que los recorten o los restrinjan. En todo caso, que los amplíen. Eso fue lo que pidió el ombudsman de Tlaxcala a la SCJN: velar porque no haya retrocesos en el código penal del estado para las mujeres tlaxcaltecas. Y el Congreso de Tlaxcala lo escuchó bien, ampliando las causales en la legislación penal y considerando que en dichos supuestos las mujeres no pueden ser criminalizadas. ¡Bien por el Congreso de Tlaxcala!

Con las reformas a favor de los derechos humanos de las mujeres tlaxcaltecas, ganamos todas, como ganamos todas en el 2007 cuando la Asamblea del Distrito Federal despenalizó el aborto en la capital, y cuando la SCJN en el 2008 ratificó que la despenalización era constitucional. Esperamos que otros estados prioricen también los derechos reproductivos de las mujeres en sus agendas legislativas.

P.S. Con estas reformas, también se quedan sin materia los reclamos de los grupos anti-derechos que pedían a la SCJN que no despenalizara el aborto en todo el país. Además de que esto no era lo que se iba a discutir en la Corte, ahora quedan peor al haber sido rebasados por la realidad: el aborto en Tlaxcala sí se despenalizó por malformaciones congénitas o genéticas del producto y las mujeres no pueden ser criminalizadas por esa razón, ni por las otras 5 que están en el Código Penal. Esperemos que ahora sí al Obispo de Tlaxcala le dé tiempo de atender la denuncia de abuso de poder que hay en su contra.

 

* Alma Beltrán y Puga es Coordinadora de Incidencia en Política Pública y Legislativa de @GIRE_mx

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