Aborto por violación y NOM-046, un antes y un después

Hay voces que reclaman que la modificación a la NOM-046, que elimina la autorización de un juez para interrumpir un embarazo producto de una violación, es una carta abierta para que las mujeres acudan de manera indiscriminada a solicitar un aborto alegando haber sido víctimas de violación. Este tipo de afirmaciones parte de un juicio falaz hacia las mujeres.

Por: Alex Alí Méndez Díaz (@alex_ali_md)

Rosario tiene 16 años, vive en algún lugar de la República Mexicana; como muchas otras niñas en el país, fue víctima del delito de violación y quedó embarazada. En julio de 2015 acudió en compañía de su madre a presentar la denuncia. El Ministerio Público nunca le informó que la causal violación es una causal legal para la interrupción del embarazo

Rosario y su mamá se asesoraron, así supieron que la Constitución Federal establece que es derecho de las víctimas recibir atención médica y psicológica de urgencia (art. 20, apartado C, fracción III). Tuvieron conocimiento también de que Ley General de Víctimas contempla a la interrupción del embarazo producto de una violación como un servicio médico de emergencia (arts. 30 fracción IX y 35) y que el Reglamento de la Ley General de Salud señala específicamente que la prestación de este servicio no debe estar condicionado a la presentación de denuncia o querella (art. 215 Bis &).

Por este motivo acudieron a la Secretaria de Salud de su Estado para solicitar la prestación de este servicio. En lugar de ordenar la atención médica inmediata la autoridad les expidió un oficio en donde señaló:

Como autoridad, nuestro deber es actuar conforme lo establece la norma, siendo para el caso que nos ocupa en específico, dos ordenamientos que regulan nuestro proceder para el casos e Violencia Familiar y Sexual, siendo éstas en concreto la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que regula la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”… la segunda de ellas establece en su numeral 6.4.2.7: “En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, siendo ésta el Juez Penal que haya determinado que existe un delito.

Así, con base en la NOM-046, la Secretaría de Salud local privó a Rosario de la posibilidad de interrumpir de forma legal y segura el embarazo producto de una violación. La autoridad prefirió aplicar una norma restrictiva de menor jerarquía a hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución Federal.

Con este tipo de actos las niñas y mujeres de este país son condenadas a una maternidad impuesta, a erogar gastos para viajar al Distrito Federal o en el peor de los casos a arriesgar su vida sometiéndose a procedimientos clandestinos. Todas estas opciones son violatoria de los derechos de las mujeres.

México tiene aún muchos pendientes en este tema, los altos índices de impunidad en la investigación de los delitos hacen que de haber una autorización del Juez o Ministerio Público ésta llegue con varios meses de retraso. Cuando ya esto es poco o nada útil.

Como Rosario hay muchas niñas y mujeres que sufren las barreras de acceso al aborto por violación. Hace algunos meses GIRE documentó un caso de una niña de 10 años a la que le estaban retrasando de forma injustificada interrupción del embarazo. Otros casos se han atendido en Hidalgo, Morelos, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Puebla y Tabasco.

En el informe Niñas y Mujeres sin justicia GIRE señaló que con respecto a la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que una de cada cuatro niñas sufre de abuso sexual antes de cumplir 18 años, y seis de cada diez abusos sexuales son cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos. La OMS calcula que anualmente alrededor de 73 millones de niños y 150 millones de niñas sufren algún tipo de violencia sexual en el mundo. La presencia de situaciones de abuso y violación sexual dentro de la familia, como en el caso de Rosa, dificultan la denuncia por parte de las víctimas, que frecuentemente se ven amenazadas para guardar silencio.

De las 33 procuradurías de justicia en el país, sólo seis reportaron haber emitido alguna autorización de aborto por violación en el periodo de agosto 2012 a diciembre 2013: Baja California (1), Chihuahua (2), Distrito Federal (2), Oaxaca (4), Puebla (1) y San Luis Potosí (2), lo que lleva a un total de 12 autorizaciones reportadas en este periodo por el Ministerio Público de las entidades federativas. Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, dichas autorizaciones se refieren a niñas y adolescentes. De manera particularmente preocupante resalta el caso de Sinaloa, cuya procuraduría respondió que en el estado “no existe aborto legal por violación”, afirmación que revela que el personal de la Procuraduría ignora la normativa de la entidad.

El pasado 24 de marzo la Secretaría de Salud publicó en el Periódico Oficial del Estado la modificación al numeral 6.4.2.7 de la NOM-046 para quitar el requisito de la autorización para acceder al aborto por violación. A partir de estas reformas la Norma señala:

6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas.

Esta modificación es fundamental para que las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual puedan acceder de manera oportuna y eficaz a un aborto legal, gratuito y seguro que garantice sus derechos.

Hay voces que reclaman que esta norma representa una carta abierta para que las mujeres acudan de manera indiscriminada a solicitar un aborto alegando haber sido víctimas de violación. Este tipo de afirmaciones parte de un juicio falaz hacia las mujeres.

Un Estado no puede legislar y obstaculizar el ejercicio de ningún derecho partiendo de un supuesto que estigmatiza a las mujeres. Sin duda hay otros pendientes que resolver en el tema de violencia sexual contra las mujeres, pero es bueno detenerse a celebrar las victorias, ésta es una de ellas. Enhorabuena.

A partir de esta modificación las secretarías de Salud están obligadas a observar el nuevo texto de la norma por encima de cualquier otro ordenamiento que pretenda limitar el acceso a los servicios de salud. Desde GIRE estaremos vigilando que esto así suceda y señalaremos puntualmente a las autoridades que insistan en violar los derechos de las mujeres.

Este avance permitirá que otras niñas y mujeres no se enfrenten a lo que Rosario tuvo que vivir, un obstáculo más ha sido eliminado, la tarea ahora es velar por su aplicación efectiva y seguir derrumbando esas barreras perpetúan la violencia hacia las mujeres.

 

* Alex Alí Méndez Díaz es Coordinador de Documentación y Litigio de Casos de @GIRE_mx

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Comentarios
  • Alberto Rodríguez Barrera

    Vaya estupidez: poder matar a niños de nueve meses con el endeble amparo de una “declaración juramentada” ante el puro médico.

    Sólo chacales inmundos como los militantes de Morena pueden apoyar esa barbarie.