Matrimonio igualitario: el presidente no tuvo de otra

En matrimonio igualitario y derechos reproductivos se ha demostrado que la voluntad política camina por un sendero distinto al de las necesidades de las personas; los tiempos electorales así como la férrea necesidad de los candidatos por ocupar un cargo público hace que las necesidades de algunos sectores quede invisibilizada.

Por: Alex Ali Mendez (@alex_ali_md) y Omar Feliciano (@tipographo)

El pasado 17 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto anunció la reforma constitucional al artículo cuarto para asegurar el matrimonio, sin discriminación, como un derecho para todas las personas mayores de edad. También envió una iniciativa para reformar el código civil federal sobre el mismo tema e incluye una propuesta para el reconocimiento de la identidad de género.

El paquete de iniciativas no sólo contempla el matrimonio igualitario, incluye el divorcio sin expresión de causa y la prohibición del matrimonio infantil. Pero en relación al primero las propuestas demuestran deficiencias en materia de derechos reproductivos: 1) no alcanza a otorgar seguridad jurídica a los hijos e hijas de las parejas del mismo sexo, 2) no asegura el derecho de las personas a acceder a técnicas de reproducción asistida, y 3) no elimina los estereotipos de género en materia de licencias de maternidad y paternidad, así como el derecho de los hombres trabajadores para acceder a los servicios de estancias infantiles.

Ahora bien, aunque cualquier propuesta que de alguna manera pretenda avanzar en la agenda de derechos humanos es de celebrarse, en esta ocasión la gran victoria no está en el contenido de las iniciativas sino en el análisis de qué es lo que llevó al mismo presidente de la República a pronunciarse públicamente y a nivel nacional en un tema tan controvertido como lo es el matrimonio igualitario.

La propuesta del presidente llega tarde, el primer criterio de la Corte sobre el tema es de 2010 por medio de una acción de inconstitucionalidad. En 2012, por primera vez en la historia constitucional de México, la Primera Sala de la SCJN otorgó el amparo a tres parejas del mismo sexo para poder casarse en Oaxaca a pesar de que el Código Civil local sólo lo contempla como la unión de un hombre y una mujer. A partir de entonces cada mes se tramitaban nuevos juicios de amparo en otros estados hasta que en 2015, en menos de tres años, había por lo menos un amparo en cada entidad federativa.

Los criterios de la Corte se reiteraron cada vez al punto de que en junio de ese año se emitió una jurisprudencia obligatoria que declara inconstitucional toda ley que defina al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y que además le asigne fines reproductivos. En este contexto, el matrimonio igualitario y demás reformas anunciadas no salieron de la nada para instalarse en la agenda presidencial, fue la ciudadanía en la exigencia directa de sus derechos quien no le dejó otro camino que salir a pronunciarse. Pocas veces como esta se ha visto que la propia ciudadanía logra colarse a la agenda de Los Pinos.

Por otro lado hay que enmarcar los anuncios del presidente en el contexto de la prohibición de la gestación subrogada para parejas del mismo sexo. En este momento esta iniciativa tiene media sanción y deberá ser discutida por la Cámara de Diputados. De aprobarse la iniciativa presidencial y esta iniciativa en los términos discriminatorios que incluye sería un hecho que habría dos tipos de matrimonios: los de heterosexuales que pueden recurrir a la gestación subrogada y la de parejas del mismo sexo que no tendrán acceso.

Legislar en beneficio de las personas de la diversidad sexual no sólo implica eliminar el lenguaje discriminatorio de las leyes, sino considerar las particularidades de su condición. Por ejemplo, si un hombre trans cambia su sexo legal y acude al sistema de salud para recibir atención ginecológica, ¿qué protocolos aseguran su atención sin discriminación? Pensemos ahora en que este hombre trans ha decidido ejercer sus derechos reproductivos y se embaraza, ¿el sistema considera el permiso de maternidad para un hombre trans? ¿Es esto igualdad y no discriminación?

Otra cuestión pendiente sería la de prestación de servicios de estancias infantiles para parejas de hombres casados. GIRE ha litigado en este sentido luchando contra los estereotipos de género que continúan imponiendo una carga extra en las mujeres en lo que se refiere al cuidado de los hijos e hijas. La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en su artículo 201 y 205 considera sólo a “las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos”.

Para que un derechohabiente casado con otro hombre pueda acceder a los servicios de guardería deberá presentar una resolución judicial donde se demuestre el ejercicio de la patria potestad y la custodia de un menor. Por todo esto, lo rescatable más allá de los defectos de las iniciativas es el aprendizaje político para la sociedad civil.

Hay temas de derechos humanos que no son agenda o al menos no prioridad para el sistema de partidos. El temor a los costos políticos hace que el aborto, por ejemplo, sea un tabú en los discurso políticos a pesar de que “es un problema de salud pública, que genera casi 47,000 muertes al año alrededor del mundo, aportando 13% de todas las causas de muerte materna, y casi cinco millones de complicaciones, algunas de ellas permanentes”.

En matrimonio igualitario y derechos reproductivos se ha demostrado que la voluntad política camina por un sendero distinto al de las necesidades de las personas; los tiempos electorales así como la férrea necesidad de los candidatos por ocupar un cargo público hace que las necesidades de algunos sectores quede invisibilizada. No obstante, la clave está en que la misma ciudadanía se apropie de sus derechos frente a un sistema de partidos indiferente a sus necesidades. La democracia no se construye sólo desde el sistema político hacia la ciudadanía sino también puede imponerse desde abajo, el matrimonio igualitario lo ha demostrado. El presidente no tuvo otra que salir apoyar un tema en el que, él mismo lo ha dicho, personalmente no está de acuerdo.

 

Alex Ali Mendez es Coordinador de Documentación y Litigio de Casos. Omar Feliciano es responsable de Medios Digitales.

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