El matrimonio adolescente y la miopía de la autoridad

La postura prohibicionista promueve la idea de que todo matrimonio entre menores de edad es forzado, porque se asume que una niña se casa con un hombre mucho mayor que ella o que las personas adolescentes no son capaces de tomar decisiones acerca de su estado civil. Ambas premisas son erróneas.

Por: Isabel Fulda (@IFulda)

La discusión alrededor del matrimonio adolescente es compleja. Pero en México las autoridades parecen haber decidido que es un tema fácil cuya respuesta debe limitarse simplemente a prohibir, de manera absoluta, sin matices ni cuestionamientos, y con una eficiencia legislativa que sorprende en este país. Y es precisamente la complejidad del tema la que debe invitarnos a revisar los datos de manera seria y objetiva, a discutir las implicaciones de establecer restricciones normativas basadas en la edad de las personas y, sobre todo, a revisar los prejuicios que pueden esconder nuestras posturas. El pasado 13 de diciembre GIRE, junto con Data Cívica y Mexfam, presentó un informe en el que cuestiona la postura prohibicionista frente al matrimonio adolescente y afirma que la prohibición absoluta de este tipo de matrimonios no sólo viola derechos humanos, sino que además resulta inútil para los fines que se propone.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en 2014, señaló los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, a partir de lo cual todas las legislaturas locales homologaron los códigos civiles de sus entidades federativas en tal sentido (la última en hacerlo fue Chihuahua, poco después de cerrada la edición del informe). Pero las reformas no se limitaron a eso, sino que en la mayoría de los casos eliminaron también las dispensas o excepciones que se permitían anteriormente para casos justificados ante una autoridad, generalmente un juez. Al día de hoy, 27 entidades federativas han prohibido el matrimonio de menores de edad sin ningún tipo de excepción. Estos cambios han sido anunciados y celebrados como un avance en términos de derechos humanos, no sólo por instituciones públicas, sino también por agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de gran prestigio.

La Constitución obliga a los legisladores a dar trato igual a las personas en situaciones equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita justificar lo contrario. En el caso de la prohibición absoluta del matrimonio antes de los 18 años, le tocaría al Estado justificar que la restricción es una medida idónea, razonable y proporcional. Sin embargo, la revisión de datos nacionales nos muestra que 1) la proporción de menores de edad que se casan en México es pequeña y ha disminuido en los últimos 20 años; 2) cuando las jóvenes se casan, lo hacen con personas de una edad similar (por lo cual es problemático suponer de manera automática que se trata de relaciones forzadas), y 3) no se puede establecer una relación clara entre el matrimonio y fenómenos como el embarazo adolescente o la deserción escolar. La eliminación de dispensas, además, no permite el acceso a los beneficios que otorga el matrimonio a parejas en situaciones particulares, como quienes ya hagan vida en común o tengan hijos. Por último, lanza un mensaje peligroso por parte del Estado: las personas adolescentes, bajo ninguna circunstancia, pueden decidir sobre su estado civil.

En los últimos 20 años el porcentaje de adolescentes casados en México disminuyó 82 %. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en ese año, tan sólo 0.9 % de las adolescentes en México recurrió al matrimonio. Sin embargo, quienes han promovido la prohibición absoluta del matrimonio adolescente han optado por presentar los datos de manera engañosa, mezclando uniones formales e informales y presentándolas como casos de matrimonio. Esto no sólo infla los datos nacionales de manera imprecisa, sino que confunde dos situaciones distintas para proponer una misma solución: restringir el acceso al matrimonio civil. ¡Pero si esas jóvenes no se estaban casando! La prohibición absoluta no impedirá las uniones informales de miles de adolescentes que efectivamente viven con sus parejas. Si acaso, les restringirá la posibilidad de acceder a una figura que podría haberles otorgado beneficios y protecciones importantes al tiempo que desconoce su autonomía progresiva y su derecho a la vida privada. Pero el hecho de que el matrimonio adolescente no sea un fenómeno frecuente en México no significa que no sea relevante desde una perspectiva de derechos humanos, por lo que es importante también revisar quiénes se casan y qué tipo de consecuencia podrían tener estas uniones.

La postura prohibicionista promueve la idea de que todo matrimonio entre menores de edad es forzado, ya sea porque asume una situación en la que una niña se casa con un hombre mucho mayor que ella o porque parte de la idea de que las personas adolescentes no son capaces de tomar decisiones acerca de su estado civil. La revisión de estadísticas nacionales nos muestra que las diferencias de edad en matrimonios que involucran al menos una persona menor de edad no son significativas (en promedio, de tres años). En 2015, por ejemplo, la combinación más frecuente de edades cuando un menor se casaba fue de 17 años para la mujer y 19 o 20 años para el hombre. Asumir que todas las relaciones que involucran menores de edad en un matrimonio son forzadas no sólo es incorrecto, sino que desconoce el principio de autonomía progresiva que debe regir el actuar de las autoridades y que ha sido defendido por años por las mismas agencias de Naciones Unidas que ahora celebran la eliminación de dispensas. Esto no significa que en México no existan situaciones de violencia que merecen ser atendidas de manera urgente, pero sí que la prohibición generalizada y absoluta al matrimonio antes de los 18 años no representa una solución efectiva para prevenir y atender estas circunstancias.

La prohibición absoluta del matrimonio se ha argumentado también como una medida para prevenir otro tipo de fenómenos, como el embarazo adolescente y la deserción escolar. Pero los datos nacionales nos muestran que no hay una relación clara entre estos fenómenos. De hecho, las jóvenes se embarazan más cuando se encuentran en unión libre, o solteras que casadas: en 2011, 64 % de las jóvenes embarazadas vivía en unión libre, 23 % era soltera y sólo 13 % estaba unida en matrimonio. Además, la relación entre matrimonio y embarazo adolescente parte de una presunción de que todas las parejas de jóvenes están compuestas por un hombre y una mujer. Esto ignora la diversidad de familias y la importancia simbólica o material que pudiera tener para algunas parejas de jóvenes del mismo sexo recurrir a la figura del matrimonio. Con respecto a la deserción escolar, la Encuesta Intercensal 2015 muestra que 22.4 % de las menores de edad casadas estudian, mientras que sólo 9.5 % de las jóvenes en unión libre asisten a la escuela. Si se busca realmente atender estos fenómenos, otras medidas más complejas y probablemente menos políticamente rentables son necesarias, como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, y establecer mecanismos de prevención de la violencia para niñas y jóvenes. Mientras tanto, se pierde tiempo en promover una medida superficial que, lejos de resolver estos fenómenos, afecta los derechos de quienes argumenta proteger.

La prohibición absoluta del matrimonio adolescente no es una medida idónea, razonable ni proporcional para garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes. Si bien puede ser positivo establecer los 18 años edad mínima para acceder al matrimonio, se deben permitir excepciones en casos justificables y con criterios apegados a derechos humanos, que puedan ser revisados por una autoridad judicial caso por caso. El próximo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes sobre la prohibición absoluta del matrimonio para menores de 18 años en esa entidad. Esta discusión representa una oportunidad para que la Corte se tome en serio los datos nacionales, revise las consecuencias jurídicas de una prohibición absoluta y establezca parámetros claros y apegados a derechos humanos que reconozcan a las personas adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de protección.

 

* Isabel Fulda es Coordinadora de Investigación de @GIRE_mx.

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