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El Poder Legislativo y el Pacto por México

Por: Guillermo Ávila

 

Una de las imágenes recurrentes del Congreso mexicano —y casi de cualquiera— es la del conflicto: no faltan las imágenes, noticiosas presuntamente, de representantes de cualquier género discutiendo y, en algunos casos, intercambiando golpes y gritos de intensidad variable. Esas riñas se interpretan muchas veces como las expresiones máximas de algo así como el “talante legislativo” que incluye rijosidad, enfrentamiento, intereses parciales, ausencia absoluta de civilidad.

Tal vez por eso entusiasma la firma de un pacto, porque robustece la esperanza de que, ahora sí, “México podrá avanzar”. Llevamos mucho tiempo hablando de las “reformas que el país necesita” —dependiendo de lo que estemos hablando: treinta, quince, doce años— y resulta que apenas hay un atisbo de que nos ponemos de acuerdo. Ahora sí.

Cuando se habla de “proyectos de nación” siempre se hacen generalizaciones sobre lo que es bueno para el país. Detrás está la idea de “unidad nacional” y el principio de representación popular, que otorga el mandato a las y los gobernantes para decidir sobre la conducción de la vida pública de una sociedad. Esta posición resulta demasiado general y demasiado simplista.

La presentación del “Pacto por México” se hizo en un evento público, para llamar la atención y hacer evidente que, ahora sí, nuestra clase política se alinea por el bien de todos. Pero habría que pensarlo más: el cumplimiento de los noventa y cinco compromisos no está garantizado porque no es realmente un acuerdo programático; a pesar de la especificidad de algunos puntos, no se incluye cuáles son los pasos a seguir para su consecución. Sí se nota que es un conglomerado de propuestas de campaña y de las plataformas de los partidos, a pesar de que no hay una referencia explícita hacia ellos. Pero no todas son decisiones de gobierno; es decir, facultad del Ejecutivo.

Se necesitan setenta y dos reformas normativas, cuyo plazo de presentación es de un año y medio —entre diciembre de 2012 y el primer semestre de 2014—. En el evento en el que se dio a conocer el pacto estuvieron los jefes de las bancadas de los tres principales partidos en ambas Cámaras pero sus firmas no están en el documento. Llama la atención que, en su discurso, el Presidente explicara que el acuerdo “no sustituye ni limita el proceso legislativo” sino que “abre una nueva vía para encontrar acuerdos y construir mayorías”.

Esto es un indicio del rol del Legislativo: ¿quiere decir que se supedita al Congreso a pasar las iniciativas de ley que se prometen para cada compromiso? ¿O, al igual que sucede con otros temas, habrá un proceso deliberativo, como corresponde a las Cámaras legislativas, que son los lugares donde se deben discutir, de manera abierta y transparente, los cambios propuestos?

Habría que preguntarse, por ejemplo, si el bloqueo o las reformas fallidas son nada más expresiones de “aquellos que no quieren el progreso de México”; si son, únicamente, producto de la “politiquería” o el “revanchismo político” o reflejan, en algún modo, los desacuerdos que también existen en la sociedad. Puede que sea esto, y no solamente el conflicto artificial, lo que esté detrás de lo que a veces se llama estancamiento —político, social, etc.—.

Es decir, no hay razones para asumir que este compendio es o será el único proyecto de la agenda nacional, por lo que habrá que esperar, en la práctica, si los grupos parlamentarios —que tampoco son homogéneos— responderán sin más al acuerdo que firmaron. Me parece que hay una de dos cosas: un entendimiento equivocado sobre la forma en que debe funcionar el Poder Legislativo o lo contrario; es decir, que se entiende perfectamente su funcionamiento, pero se considera poco “eficaz” para “construir acuerdos”.

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