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¿Regresó María a Honduras?

Por: José Knippen

 

Conocí a María en una visita a un albergue para migrantes en Huehuetoca, Estado de México. Ella, una señora ya mayor de edad del Progreso, Honduras, me agarró del brazo desde su litera en el albergue. Me pidió que por favor les hablara a sus hijos para decirles que ella estaba ahí y que estaba bien. El caso de María es sólo una de muchas historias sobre la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito por México. A pesar de la invaluable labor humanitaria de los albergues, no existe una solución gubernamental para que se proteja esta población vulnerable, a menudo víctima de violaciones de sus derechos humanos. Y por mucho tiempo, tampoco existieron espacios donde las propuestas de la sociedad civil pudieran ser discutidas de manera constructiva con los funcionarios responsables de la política migratoria del país.

En su momento, María me comentó que había estado muy enferma, que casi se moría, pero que no les dijera nada de eso a sus hijos. Mientras copié los teléfonos de un papelito que ella me dio, traté de imaginar como debió haber sido el camino que recorrió antes de llegar al albergue. Me la imaginé, mayor de edad y enferma, encima del tren de carga, de “la Bestia”. También me explicó que mejor ya se había “entregado” a las autoridades mexicanas y que el lunes pasaban por ella los agentes del Instituto de Migración para deportarla a Honduras. Me pasó por la mente cómo sería ese proceso: la llevarían primero a una estación migratoria, un centro de detención para migrantes irregulares (la de Iztapalapa o la del Estado de México), iniciarían los trámites y finalmente María tendría que esperar un lugar en un camión u otro transporte rumbo a Centroamérica.

En el sexenio que recién termina, y a pesar de los esfuerzos, no se logró proteger los derechos más fundamentales de las personas migrantes en tránsito. Sin duda, la llegada de un nuevo gobierno representa una ventana de oportunidad para redefinir la política hacia este sector de la población. Un primer paso se ha dado ya en el “Pacto por México”, el acuerdo firmado el 2 de diciembre por los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD, y el nuevo Presidente. El compromiso 30 del Pacto trata sobre los derechos de los migrantes y establece lo siguiente:

“Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país.”

Falta conocer cómo los nuevos responsables de la política migratoria en la Secretaría de Gobernación interpretarán la protección de los derechos de migrantes en tránsito. Ya que si bien en el último sexenio existía una visión, parecía ser que el discurso de derechos se limitaba al trato que recibían los migrantes durante el proceso de deportación y expulsión del país.

Las organizaciones de la sociedad civil estarán promoviendo que se cumpla el compromiso 30 del Pacto por México desde una concepción más amplia de lo que es la protección de derechos. En primer lugar, porque las personas migrantes que emprenden el largo y peligroso viaje desde Centroamérica hacia Estados Unidos no son un grupo monolítico, sino diverso y cambiante. Entre los que salen principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala se encuentran los que huyen de violencia, los que buscan mejores oportunidades de vida, los que se quieren reunir con sus familiares, los que han sido víctimas de delitos graves, menores de edad, mujeres embarazadas y personas vulnerables, como María.

Al parecer, la administración saliente quiso dejar la puerta abierta para que la sociedad civil participara en la construcción de la política migratoria: el 22 de noviembre, unos días antes del cambio de gobierno, se instalaron dos consejos que permitirán que la sociedad civil sea consultada de manera más constante. Estos son el Consejo Consultivo de la Unidad de Política Migratoria en la Secretaría de Gobernación y el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Esperemos que el nuevo gobierno dé continuidad a ambos consejos y que facilite que se conviertan en espacios de participación significativa, para que de manera conjunta se puedan lograr los avances mínimos necesarios para proteger los derechos de las personas migrantes en tránsito.

La misma noche de la visita al albergue en Huehuetoca logré contactar a uno de los hijos de María, que se asustó mucho por el simple hecho de recibir una llamada de México con noticias de su madre. Al hijo de María le comuniqué que había visto a su madre en el albergue y que ella se encontraba bien. Días después hablé al consulado de Honduras para preguntar si de alguna de las estaciones migratorias les habían notificado sobre el regreso de María; lo cual es parte del procedimiento a seguir por el Instituto Nacional de Migración en los casos de personas vulnerables.

Aunque la notificación al consulado pareciera un trámite de menor importancia, la diferencia entre tener información mínima y no saber nada es abismal para los familiares. Historias de extorsión, secuestros y otros delitos contra migrantes en tránsito son las únicas noticias que los familiares normalmente reciben. Y lamentablemente es donde termina mi historia con María: hasta ahora ni el consulado de Honduras ni sus familiares saben de su paradero. ¿Dónde está María? Que alguien nos informe por favor.

* José Knippen es investigadora del proyecto de Migración de Fundar

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