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Fronteras ilusorias y recursos inexistentes

Por: Rodolfo Córdova Alcaraz (@chikmigrante)

 

Hace unos días tuve la oportunidad de estar en la frontera entre Nicaragua y Honduras, en el departamento de Madriz. Me recordó en muchos sentidos a la frontera de México con Guatemala y con Belice. Incluso se podría decir que es bastante similar, con sus matices, desde luego. Enclavada en una zona montañosa y verde, en realidad no hay forma de distinguir cuándo se está en un país y cuándo en el otro. Si no fuese por una bandera de Honduras que ondea a la distancia y una caseta de la Dirección General de Migración y Extranjería hondureña —que son difíciles de identificar entre tanta maleza— sería imposible identificar la línea que divide a ambos Estados centroamericanos.

Durante mi estancia, un joven originario de la localidad nicaragüense de Ocotal, que colinda con la frontera hondureña, me comentó que una persona que trabaja en los campos agrícolas de la región recibe al día, en promedio, un pago de 80 córdobas por su labor. Esta cifra representa, al tipo de cambio actual, alrededor de 100 dólares al mes. En tanto, una persona que lo hace en la industria del turismo recibe 200 córdobas por cada jornada diaria; algo así como 250 dólares mensuales.

Nicaragua ocupó en 2011 el lugar número 129 de un total de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esto significa que después de Haití y Guatemala es el país más pobre de América Latina y el Caribe. Los sueldos arriba señalados son un ejemplo del por qué. Honduras y El Salvador son los otros dos países que complementan el top 5 de los países más pobres de la región. Sobre decir que los sueldos no se diferencian mucho entre un país y otro.

¿Pueden ustedes dimensionar lo que significa e implica ser “jefa” o “jefe” de hogar con un ingreso de 100 dólares al mes? ¿Es posible imaginarse una vida en esas condiciones?

Por esta razón las personas seguirán emigrando. Las y los nicaragüenses lo harán principalmente hacia Costa Rica —y en menor medida a Estados Unidos y España— y las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia los EUA cruzando por México. ¿Qué hacer entonces para que no sufran abusos, extorsiones, asaltos, secuestros y desapariciones?

Un primer paso sería canalizar más recursos económicos y humanos para protegerlos y garantizar sus derechos. Al analizar las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2013 es posible identificar que al Instituto Nacional de Migración (INAMI) se le asignaron alrededor de 1,900 millones de pesos —un aumento aproximado de 7% con respecto al presupuesto aprobado en 2012. Sin embargo, en el PEF no es posible identificar cuántos recursos se canalizarán a los programas de protección de migrantes: Grupos Beta, Programa Paisano, Programa de Repatriación Humana y Oficiales de Protección a la Infancia. En 2011, el monto de recursos que se canalizó a dichos programas fue de 331 millones de (11% del presupuesto total del INM para ese año). De esta cifra, 121 millones se destinaron a gasto corriente —sueldos y prestaciones— y 103 millones se fueron a campañas de comunicación.

En ese mismo año, únicamente 300 mil pesos (1% del total) se canalizaron directamente a migrantes —en agua, alimentos, medicinas y guías—. Definitivamente se necesitan más recursos para cumplir con lo estipulado en la Ley de Migración en términos de derechos de las personas migrantes. De igual forma, es fundamental que otras dependencias participen activamente para garantizar y proteger a las personas migrantes en nuestro país. En este sentido, la administración de Calderón cerró su gestión —además de con un registro de 25 mil personas desaparecidas y 100 mil muertes violentas— con 81 programas distribuidos en 31 dependencias de la Administración Pública Federal que tienen como población objetivo a las y los migrantes y sus familias. Cuántos recursos se canaliza a dichos programas es una incógnita. No existe información que permita dar cuenta de ellos y en la Cámara de Diputados dejaron pasar una oportunidad importante al no incluir un artículo que estipulara que el Ejecutivo debería informar al respecto —como sucedió en 2012 con el artículo 60 referente a los programas de protección del INM.

En este año que inicia, el Estado mexicano necesita canalizar más recursos hacia los programas de protección y atención de migrantes y sus familias. Asimismo, desde la sociedad civil debemos seguir mostrando que contamos con la capacidad de generar propuestas que ayuden a garantizar los derechos de las y los migrantes en México. No por nada Otramérica nombró a la sociedad civil mexicana como uno de los diez sujetos colectivos más importante de América en el 2012. En el mismo listado aparecen las madres centroamericanas, quienes en octubre del año pasado recorrieron poco más de 4,600 kilómetros por nuestro país en busca de sus hijos migrantes desaparecidos. Nuestras luchas son similares y será importante seguir sumando esfuerzos de manera colectiva para que historias como la de María no se repitan más.

 

 

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