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A tapar el pozo antes de que nos ahoguemos

Por: Oscar Arredondo

En este mes pudimos ver mucha actividad en el Senado en torno a la reforma constitucional para ponerle candados a la contratación de créditos por parte de estados y municipios. Hace algunos años, gobernadores, en complicidad con legisladores, bancos y otros servidores públicos, descubrieron la manera de endeudar sus estados de forma irresponsable, con absoluta opacidad y sin límites ni controles suficientes. De no hacer la reforma, se corre el riesgo de que esta práctica se vuelva sistemática.

En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la revisión de la cuenta pública de 2011, se observó que la deuda subnacional aumentó de 252,153.5 millones de pesos en 2009, a 390,777.5 millones en 2011. Coahuila, el caso más paradigmático, incrementó su deuda un 361.9%. De mantenerse esta tendencia en pocos años se vería afectada la estabilidad de sistema financiero y se comprometerían los recursos públicos de las generaciones futuras al pago de deudas. El escenario obligaría al gobierno a implementar rescates financieros a gobiernos locales o a bancos con recursos públicos. Nadie quiere revivir esa pesadilla.

Casi la única condición que tienen los estados y municipios para contratar deuda está en la fracción VIII del Artículo 117 Constitucional que señala lo siguiente: “[…] Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas […] conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen”. El texto no acota ni define lo que se puede entender como “inversiones públicas productivas”. Son los legisladores y gobernadores locales quienes lo deciden sin estar obligados a establecer el tope, límite o destino del endeudamiento.

Las entidades federativas y los municipios dependen en buena medida de los recursos que la federación entrega vía participaciones, con ellas se atienden necesidades de infraestructura social, salud, educación, etcétera. Sin embargo, el sistema permite que las participaciones sean la garantía de pago de los créditos. Esa garantía es una mina de oro para las instituciones de banca múltiple, ya que les representa una fuente de pago de excelente calidad. Su negocio es prestar y cobrar con intereses, no considerar si el gobierno local está comprometiendo su presupuesto o el de las administraciones futuras al pago de deudas.

La reforma que recientemente aprobó el Senado plantea a grandes rasgos facultar al Congreso de la Unión para hacer leyes generales en materia de responsabilidad hacendaria. Con esto, los gobiernos contratarían deuda con reglas y límites más claros. Sin embargo, también prevé que se puedan endeudar con el objeto de reestructurar sus deudas. Esto legaliza una práctica que hoy se hace a pesar de no estar prevista en la Constitución. Este tipo de préstamos requerirá límites claros para que las deudas y los refinanciamientos no se vuelvan un barril sin fondo.

La reforma establece también parámetros para que las legislaturas locales establezcan techos de endeudamiento y que los créditos se aprueben al menos con las dos terceras partes del Congreso. De esta forma se limita que la deuda se decida sólo mediante acuerdos de los partidos que cuenten con mayorías simples.

De igual forma, la reforma busca condicionar los créditos a la obligación de inscribirlos y publicarlos en un registro único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto no viola la soberanía de los gobiernos locales, ya que prevé que la SHCP pueda garantizar sus deudas pero sólo mediante convenios que deberá avalar el Senado de la República. Cabe destacar que estos convenios no sustituyen a las participaciones.

Con dichos instrumentos se corre el riesgo de legalizar una especie de rescate a estados y municipios ahogados en sus pasivos. La implementación de este mecanismo podría permitir espacios de negociación política al interior del Senado, ya que mediante el convenio o el aval del mismo se consolidarían tales “rescates”. Habría que poner atención entonces a las dinámicas que los convenios de garantía puedan generar.

Para ponerle un alto a la irresponsabilidad de los gobernantes, la reforma plantea sanciones a los involucrados. Esto es un acierto, aunque quizá debería especificar que las legislaturas locales deban prever el juicio político a legisladores, gobernadores o presidentes municipales que aprueben deudas al margen de la ley u obtengan ventajas indebidas de los financiamientos. Por otro lado, la reforma faculta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar al Gobierno Federal y prevé la coordinación de entidades de fiscalización; situación, ésta última, que de todas formas tiene que darse.

Aunque los legisladores, funcionarios, académicos, organizaciones y especialistas concuerdan en que aún no estamos ante un riesgo sistémico que afecte las finanzas públicas o el sistema financiero nacional, todos concuerdan en que de no hacerse algo, el asunto se puede materializar en un verdadero riesgo para la estabilidad macroeconómica de México. Vamos, hay que tapar el pozo antes de que todos nos ahoguemos.

* Oscar Arredondo es investigador del área de Presupuesto de Fundar.

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