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#TransparenciaYa

Por: Mariana González

La semana pasada, tras años de espera, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de transparencia. Desde 2002 contamos con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la cual ha sido fundamental en la construcción de nuestra democracia: gracias a ella hemos podido ejercer nuestro derecho de acceso a la información y hemos fortalecido las instituciones gubernamentales en términos de transparentar su quehacer de manera proactiva. Gracias a ello, hemos logrado transformar la relación entre la sociedad y el gobierno a lo largo de los últimos diez años.

Tras la aprobación de la LFTAIPG, las entidades federativas empezaron a aprobar sus respectivas leyes en la materia y para principios de 2007 los 32 estados del país y el Distrito Federal ya contaban con legislaciones propias. El problema fue que estas leyes variaban entre sí e interpretaban el derecho de distintas maneras —al grado de violarlo en algunos casos—. Algunas leyes locales, por ejemplo, exigían que la persona que solicitara información debía ser residente del estado en cuestión. Para evitar estos “candados” fue necesario elevar el derecho de acceso a la información a rango constitucional.

Lo anterior significó que se estableciera en la Constitución los principios y bases que deben regir el derecho de acceso a la información —entre ellos establecer que cualquier persona independientemente de su edad, nacionalidad y sexo puede hacer uso de este derecho—. De manera general, los principios se pueden detallar de la siguiente forma: el de máxima publicidad (toda la información gubernamental es pública a menos de que se compruebe que su divulgación dañará el interés público), la protección a los datos personales, la gratuidad del acceso a la información, el establecimiento de mecanismos de acceso y procedimientos expeditos, las maneras en que se debe hacer pública la información, las obligaciones de los sujetos obligados y las sanciones en caso de incumplimiento.

En aquel momento se dio un plazo de dos años a los representantes en los distintos niveles de gobierno para que reformaran las leyes correspondientes. Es decir, para 2009 debía haber 33 leyes estatales y una ley federal reformadas con base en los principios constitucionales antes descritos. Gran parte de los estados reformó sus leyes, pero a nivel federal el pendiente persistió. Sin embargo, con esta nueva legislatura, el tema de transparencia y acceso a la información cobró nuevamente importancia y fue así como se comenzó la discusión en torno a una nueva reforma constitucional en la materia.

Es importante decir que la ley aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados tiene avances significativos: primero, se amplía el catálogo de sujetos obligados directos. Lo que significa que ahora los partidos políticos, fondos, fideicomisos y sindicatos se encuentran en el ámbito de cobertura del derecho de acceso a la información —ya que reciben recursos públicos—. Segundo, los sujetos obligados (cualquier autoridad, órgano u organismo del Estado en cualquier nivel) tendrán la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades. Tercero, se dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y a los órganos garantes de la transparencia; lo que significa que éstos son los responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y resolver los casos en que se niegue o limite el ejercicio de este derecho por parte de los sujetos obligados. Cuarto, se reconoce la facultad del IFAI y de los órganos garantes locales de interponer acciones de inconstitucionalidad ante disposiciones normativas que afecten la garantía y protección del derecho de acceso a la información.

Sin duda reconocemos estos avances; no obstante, todavía persiste una preocupación: a pesar de la autonomía que se le brinda al IFAI, sus resoluciones pueden ser atacadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia en temas de seguridad nacional. Esto representa un riesgo porque, por un lado, centraliza la “última palabra” en el Poder Ejecutivo, y por el otro, aún no se definen criterios claros que permitan diferenciar la información de seguridad nacional de aquella que no lo es. Y esto es muy importante porque en los últimos seis años a diversas organizaciones de la sociedad civil se nos ha negado información en diferentes temas con este pretexto.

En este sentido, será importante darle seguimiento a esta reforma —la cual tiene que ser aprobada nuevamente en el Senado—. No sobra decir que estos avances han sido en gran parte victorias de la sociedad civil organizada, que desde hace diez años trabaja en torno a la transparencia y el derecho de acceso a la información. Mi reconocimiento entonces al Colectivo por la Transparencia, a México Infórmate y a todas las personas involucradas en la campaña #TransparenciaYa.

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