A dónde fueron a dar 2,011 millones de pesos

Durante el ejercicio fiscal 2015 ingresaron por servicios migratorios 4,790 millones de pesos (mdp). Sin embargo, la SHCP sólo reporta el destino de 2,779 mdp.

Por: Paulina Castaño

Rastrear el origen de los ingresos que recauda el gobierno es un tema complejo, y más cuando la transparencia está ausente. El pasado 15 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el Informe de la Auditoría de la Cuenta Pública 2015, cuyo objetivo es informar sobre el ingreso y el gasto de los recursos públicos que son asignados a los diferentes programas de las dependencias gubernamentales, y determinar si contribuyeron al ejercicio efectivo de los derechos humanos.

No debemos olvidar que sin ingresos públicos no existiría el presupuesto; un importante motor del crecimiento y la inversión de un país, y uno de los principales mecanismos para beneficiar a la población. Así, es necesario reconocer la complejidad sobre el destino de los recursos que ingresan por servicios migratorios que menciona el informe de la ASF.

El Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con dos fuentes de financiamientos para su operación: el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual es autorizado por el Congreso de manera anual; y los ingresos autogenerados o excedentes, que son los recursos que no se encuentran previstos en el PEF, como son los Derechos por Servicios Migratorios, regulados por la Ley Federal de Derechos (LFD). Sentado esto, el artículo 18-A de la LFD determina que los ingresos que se obtengan por concepto del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, tal y como se establece en la fracción I del artículo 8 de la misma ley, se destinan:

  • 20 % al Instituto Nacional de Migración, para mejorar los servicios en materia migratoria.
  • 80 % al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para la promoción turística del país.

Ahora bien, el informe de la ASF señala que durante el ejercicio fiscal de 2015, los ingresos reportados por concepto del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas ascienden a 4,790 millones de pesos (mdp). Aunado a este dato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó ampliaciones a los presupuestos del INM y del CPTM, por un monto de equivalente a los 2, 779 millones de pesos.

Ingresos autorizados al INM y al CPTM

(Millones de pesos)

Año Ingresos Ampliaciones SHCP Destino INM 20% Destino CPTM 80%
2015 4 790 2 779 556 2 223

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Informe de la ASF 2015.

Con esta información podemos destacar que sólo se conoce el destino –sin detalle de los servicios proporcionados en materia migratoria- del monto de las ampliaciones generadas por la SHCP, por lo que existen 2,011 millones de pesos que se desconoce su destino. El informe menciona que este monto fue destinado para financiar otros conceptos generales del gasto del PEF, pero no señala cuáles. La ASF señala abiertamente que la SHCP no cumple la ley, pues realiza ampliaciones por un monto menor a lo que se recauda, cuando la LFD indica claramente cuál debe ser el destino de los recursos.

Desde la división de porcentajes, de cómo se asignan los ingresos por concepto de derechos por servicios migratorios, se observan problemas en la definición de las prioridades en el destino de los recursos. En primer lugar, destaca que siendo México un país de migrantes[1], sólo el 20 por ciento de los recursos se destine a la atención de esta población mientras que, por otro lado, se destina el 80 por ciento de dichos ingresos a la promoción del turismo; un gasto que puede resultar excesivo[2] ya que prácticamente toda la promoción turística se realiza a través de la comunicación social[3].

Incluso, notando estos porcentajes se generan otras dudas: ¿cómo gastó el INM los recursos ejercidos correspondientes a la bolsa del 20 % en 2015?, ¿en realidad, los recursos fueron utilizados para mejorar los servicios en materia migratoria de las personas migrantes en su estancia y tránsito por el país?, ¿cuáles fueron esos servicios?, ¿el número de ingresos de personas migrantes, por concepto del derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, al país corresponde con el monto señalado en el informe de la ASF?

Al tratar de responder estas preguntas quedan varias incógnitas, lo que parece delicado es que el informe menciona en su dictamen que:

“[…] la Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables al entero, cobro, comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública del pago de los derechos por servicios migratorios que presta el Instituto Nacional de Migración, ya que considera que la información generada por el instituto no permite la comprobación del monto y entero de dichos pagos ni identificar un posible daño al fisco federal”.

Se requiere de una mayor transparencia por parte de las dependencias en la asignación de los recursos para determinar si estos son destinados en beneficio de esa población, en este caso el de las personas migrantes y sus familias, o son utilizados para otros temas como el de la seguridad y control que frena la migración en ambas fronteras.

Si bien la LFD menciona el destino de los recursos tiene que ser más específica, y definir qué se entiende por “mejorar los servicios en materia migratoria”, es decir, ¿estas mejoras se refieren a mayores controles con un enfoque en seguridad?, ¿es brindar atención a una población en situación de vulnerabilidad con un enfoque en los derechos humanos? Ya que, sin esta claridad, todo parece indicar que los recursos se están destinando a la seguridad y el control en las fronteras.

En cuanto a los hallazgos del informe de la ASF, resulta grave que la SHCP realice ampliaciones por un monto menor al recaudado, contradiciendo la LFD. Y de nuevo surge otra pregunta, ¿cuáles son los criterios que determinan estas ampliaciones por parte de la SHCP? Todo resulta opaco, la población necesita respuestas, sobre todo si se trata de recursos públicos.

 

* Paulina Castaño es investigadora del Programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

 

 

[1] Según el registro de entradas de la Unidad de Política Migratoria, hubo alrededor de 12,497 millones de migrantes que ingresaron al país bajo esta denominación de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, sólo incluye visitantes turistas.

[2] Un gran porcentaje del gasto en Turismo se destina a la publicidad oficial, en 2015 el gasto en este rublo ascendió a los 487,441 millones de pesos.

[3] La comunicación social en el país no está regulada y su asignación es discrecional, lo que conlleva sobre ejercicios en el presupuesto. Desde Fundar, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, lanzamos el reto #PublicidadAbierta, para que los gastos de publicidad oficial que ejercen los gobiernos se transparenten a través de la herramienta Transparencia en Publicidad Oficial.

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