Las víctimas tienen sed de justicia

El gobierno mexicano ha reconocido, por fin, que el tema de las desapariciones constituye el reto más importante en materia de derechos humanos de México, pero sus acciones no se han correspondido con la magnitud del problema.

Por: Humberto Francisco Guerrero Rosales

La grave crisis de desapariciones en nuestro país no sólo no ha cesado, sino que parece agudizarse. De la famosa cifra de las 26 mil desapariciones de inicios del sexenio, ya llegamos a poco más de 32 mil desapariciones entre 1995 y 2016, según el último registro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Para nadie es un secreto que estos miles de casos permanecen en una impunidad casi total y al día de hoy seguimos sin poder saber en cuántas de esas desapariciones participaron, directa o indirectamente, autoridades de cualquier nivel; es decir, no sabemos cuántas son desapariciones forzadas. En fechas recientes el gobierno mexicano ha reconocido, por fin, que el tema de las desapariciones constituye el reto más importante en materia de derechos humanos de México; empero, sus acciones no se han correspondido con la magnitud del problema.

Sólo citar un ejemplo, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR (en adelante FBPD) no sólo no ha visto aumentado su presupuesto, sino que éste ha decrecido entre 2014 y 2016. Mientras que en 2014 se asignó a la UEBPD un presupuesto de $ 40,209,005, los recursos asignados en el presupuesto para esta Unidad en el año 2015 se redujeron a $ 14,676,268, y para el año 2016 se asignó a la FEBPD $ 28,114,011, lo cual representa una disminución del 34 % respecto al presupuesto asignado en 2014. Esta situación tiene repercusiones profundas en el funcionamiento del sistema de justicia. Conforme a datos de la CNDH, se han registrado cerca de 900 fosas clandestinas a lo largo del territorio nacional, con miles de cuerpos y fragmentos óseos, la mayoría de los cuales se encuentra sin identificar al día de hoy por la falta de recursos en las instancias de procuración de justicia.

Para enfrentar esta crisis, México necesita abrirse a toda la ayuda posible desde todos los ámbitos, nacionales e internacionales. En sentido, México tuvo un avance en marzo de 2008 al ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, tratado internacional que a su vez da vida al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, órgano cuya misión es vigilar el cumplimiento y respeto de la Convención por parte de los Estados que la han ratificado. No obstante, el avance quedó trunco, ya que la ratificación no ha sido acompañada por el reconocimiento de la competencia del Comité para conocer de denuncias individuales.

La posibilidad de presentar denuncias individuales ante un órgano como el Comité es fundamental para hacer realidad el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. En contextos de desapariciones generalizadas como en nuestro país, los sistemas de justicia suelen quedar rebasados y presentan limitaciones importantes para esclarecer los casos. Por lo anterior, las vías internacionales de denuncia quedan como el último recurso para que las víctimas hagan escuchar su voz, en un espacio institucional de confianza y actuación de buena fe.

México debe entender que las víctimas tienen sed de justicia y ésta ha generado una profunda desconfianza en las autoridades. En este sentido, nuestro país debe dar muestras tangibles de su voluntad para recuperar la confianza. Dos de ellas resultan urgentes. Primero, aprobar de forma inmediata y con el presupuesto suficiente la iniciativa de Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, pendiente de discusión en la Cámara de Diputados; y segundo, reconocer ya la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Estos dos pendientes resultan impostergables.

 

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

Close
Comentarios