¿Qué significa reducir la corrupción?

Si no hay otra forma de obtener un servicio básico, se dejan de lado las consideraciones legales morales sobre el soborno como acto de corrupción y cobra relevancia, entonces, la consideración práctica de conseguir un servicio o producto indispensable.

Por: Guillermo Ávila

A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Si casi casi si hay un choque aquí, en la esquina, fue la corrupción; ¡algo pasó en el semáforo!, ¿quién compró el semáforo que no funcionaba?’ Estas palabras del presidente Peña Nieto no significan, necesariamente, que no se haga cargo del problema de la corrupción – también mencionó algunas de las acciones de combate a la corrupción y reconoció la validez de la crítica ‘para quienes tienen responsabilidad de Gobierno’. Sin embargo, sí reflejan un entendimiento parcial del asunto, lo que ayuda a comprender mejor el desempeño de este gobierno.

Casi al mismo tiempo se publicó el informe ‘Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe. Barómetro Global de la Corrupción’, en el que podemos encontrar que “el soborno es una experiencia demasiado habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos”. México es el país, de todos los que integran el estudio, que más sobornos pagó: el 51 % de las personas encuestadas tuvieron que hacerlo para acceder a servicios públicos básicos en el último año.

Podría parecer que, dado que en México es donde se pagan más sobornos, entonces somos el país más corrupto. Y que las personas son igualmente responsables. El presidente parece compartir esa creencia: en el mismo evento dijo que “… cabe en la sociedad tener un mínimo nivel de autocrítica y saber en dónde están fallando; porque no todo dependerá sólo del Gobierno, sino depende de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo de toda una sociedad para combatir la corrupción”.

Sin embargo, esta simplificación no ayuda a entender las causas de esos sobornos porque el acento se pone en el intercambio entre una cuota ilegal y la prestación del servicio o el acceso a un producto. De acuerdo con cifras del Coneval, el 43.6 % de la población está en condiciones de pobreza, lo que incluye que 17.4 % presenten rezago educativo, 15.5 % carezcan de acceso a los servicios de salud, 55.8 % no tienen acceso a seguridad social, 12 % no cuentan con espacios de vivienda de calidad, 20 % presentan carencias de acceso a la alimentación y, finalmente, 50.6 % de la población tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar. La forma en que el Estado cumple con su obligación de proveer las condiciones de garantía de los derechos de las personas es mediante los servicios públicos. Precisamente por eso es grave que acceder a ellos dependa de un soborno.

Si no hay otra forma de obtener un servicio básico, se dejan de lado las consideraciones legales morales sobre el soborno como acto de corrupción y cobra relevancia, entonces, la consideración práctica de conseguir un servicio o producto indispensable –agua, salud, educación, vivienda, transporte, etc. Es, así, un ejemplo claro de un problema de acción colectiva porque no todas las personas tienen las mismas motivaciones ni las mismas convicciones para aprovechar equitativamente los bienes públicos. Si estos son escasos, la competencia para su aprovechamiento será la regla y, bajo esa lógica, quienes tengan más recursos para competir –no sólo pero principalmente económicos o políticos– serán quienes accedan a los mismos. La falla original está en la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado, en buena medida a causa de la ‘gran corrupción’.

Por ello, pensar la corrupción como un asunto meramente procedimental nos conduce a fijarnos en solo una parte del problema. De nuevo, palabras del presidente Peña: ‘Y lo hemos hecho: hoy, muchos de los servicios que ya presta el Gobierno Federal, que anteriormente tenía que hacerlo ante una ventanilla, hoy se han digitalizado, es decir, hoy lo pueden hacer desde su computadora o desde un teléfono móvil’. Si consideramos que es un asunto sistémico y estructural entonces tenemos que intentar, precisamente, ver la estructura y el sistema detrás, no sólo su superficie.

Es cierto que una de las reformas más importantes del sexenio fue la que creó el Sistema Nacional Anticorrupción y también es verdad que se trató de un esfuerzo conjunto, en el que la participación de la sociedad civil organizada fue determinante. Su objetivo, como sabemos, fue modificar y fortalecer a nuestras instituciones de rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y combate a la corrupción para volverlas más eficaces y que trabajen de forma coordinada.

La simplificación administrativa puede facilitar el acceso a servicios y productos para un grupo de personas, pero mantener las condiciones de exclusión de quienes no pueden cumplir con ciertos requisitos por ejemplo, a quienes no cuentan con acceso a internet para obtener un formato en específico, hace necesario acudir con un intermediario –o ‘coyote’– que no debería formar parte de ese procedimiento.

Si los trámites son más eficientes, ¿eso quiere decir que ya no hay corrupción? Facilitar la obtención de licencias de conducir no es, necesariamente, una buena noticia porque el problema está en otra parte, es decir en la facilidad de acceder a un bien público –la circulación en las calles– mediante un trámite cuya simplificación reduce la posibilidad del soborno o la extorsión, pero mantiene el aprovechamiento desigual del espacio –por parte de quien tiene un coche– y, peor aún, elimina el control más importante en este caso, que es el de certificar que quienes circulen por las calles cuenten con las capacidades necesarias para evitar accidentes.

¿Qué significa reducir la corrupción? Una de las conclusiones más importantes de esta encuesta es que este tipo de corrupción impacta directamente en la vida de las personas. Por eso es, para definirlos como actos o causas de la corrupción, cada vez más necesario que nos fijemos en las consecuencias de los actos y decisiones gubernamentales, y no sólo en su intencionalidad o implementación. Los derechos humanos son la medida básica de la vida de las personas, por eso deben ser el criterio orientador primordial para las leyes, las políticas públicas y, en general, las decisiones y las acciones de las y los servidores públicos y las instituciones.

 

 

@FundarMexico

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