Huecos legales para la opacidad

Si bien la reserva de información no ha sido la constante en la administración pública federal, pues sólo el 5 % de las solicitudes recibidas han sido reservadas total o parcialmente, lo verdaderamente importante no es el porcentaje sino la información que está reservada.

Por: Sarahí Salvatierra y Renata Terrazas (@renaterra_zas)

La reserva de información es una figura legal que limita el ejercicio del derecho de acceso a la información. Las leyes de transparencia tienen un capítulo dedicado a la posibilidad de no hacer pública cierta información como medida excepcional y de manera temporal. Si bien la reserva no ha sido la constante en la administración pública federal, pues sólo el 5 % de las solicitudes recibidas han sido reservadas total o parcialmente, lo verdaderamente importante no es el porcentaje sino la información que está reservada.

Ejemplo de ello es la reserva que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizaron sobre la consulta a distintas dependencias de la Administración Pública Federal sobre sus opiniones en torno a la construcción del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe (Principio 10). [1]México forma parte de un grupo conformado por varios países en la región en donde se discute en el marco de la CEPAL la construcción de un instrumento que deberán adoptar los países para garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.

El proceso comenzó con la participación de sociedad civil y las discusiones se han realizado a puertas abiertas. Incluso se decidió llevar a consulta con sociedad civil y distintas dependencias al interior de país el propio instrumento. Varios países hicieron pública su postura, no fue el caso de México. No sólo no hizo públicas sus opiniones, sino que al ser solicitada esta información a las dependencias participantes y a la propia SEMARNAT y SRE, la información fue reservada por un periodo de 12 años.

El INAI confirmó la reserva, pero la limitó a un periodo de 5 a 8 meses -periodo cumplido desde hace más de un año-. La discusión se trasladó al Poder Judicial y ahí nos encontramos ante un impasse producido por un hueco legal y una limitada gestión institucional.

Los amparos tramitados desde 2016 ante el poder judicial contra el INAI no han procedido, porque se señala que el periodo de reserva venció y por ende deja de existir la violación al derecho de acceso a la información, pero la información no ha sido desclasificada.

Las leyes de trasparencia señalan que los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando expire el plazo de la clasificación, sin embargo, lo anterior no implica que en automático queda a disponibilidad del solicitante ya que la ley y los lineamientos para desclasificar la información expedidos por el Sistema Nacional de Transparencia no señalan cuál es el procedimiento que debe de seguirse para que la información se haga pública. Este vacío legal deja en incertidumbre al solicitante.

A pesar de que ha pasado un año desde que venció el término de reserva de la información solicitada a las dependencias, el juez de distrito no pudo determinar la violación por la reserva de información ya que con apego a la ley se vio imposibilitado a resolver el fondo del asunto, las dependencias que reservaron la información no la han desclasificado, y el INAI no ha solicito la apertura ya que no tiene la posibilidad de intervenir a menos que el particular se lo haga saber por medio de un nuevo recurso de revisión.

Frente a este contexto, no sólo se vulnera el derecho de acceso a la información a los particulares por los vacíos legales, sino que además se les atribuye la carga adicional de reiniciar el procedimiento para requerir que la información que ya está desclasificada se publique; con la posibilidad de que las dependencias vuelvan a reservarla. En los hechos, acceder a información relevante continúa viéndose confrontada a obstáculos normativos e institucionales.

 

@FundarMexico

 

 

[1] El principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el desarrollo señala que toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, incluida la relacionada con los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones relacionada con la protección del medio ambiente.

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