Mariguana para principiantes: de Nixon al Bronco (2)

¿Cuáles son las alternativas a la guerra contra las drogas? Hay muchas, desde quitar una palabra del código penal federal, hasta mecanismos complejos de regulación del mercado de drogas o al menos de la cannabis, que es por mucho la sustancia psicoactiva más utilizada en México y el mundo.

¿Qué provoca la prohibición de la mariguana? Primero hay que decir que la prohibición es una política pública, es una opción política que asumen los estados. Como anotamos ayer, emergió de Estados Unidos desde donde fue exportada hacia el mundo entero. Las convenciones de la ONU sobre el control de estupefacientes de 1961, 1971 y 1988 conforman el marco internacional para el control de drogas y tienen dos objetivos básicos: el primero es asegurar el acceso a las drogas con fines científicos y medicinales y el segundo es prohibir el acceso a ciertas drogas para cualquier otro fin, bajo el precepto básico de proteger la salud y el bienestar de la humanidad.

Es claro que la política prohibicionista falló en su principal propósito pues, a decir de la Comisión Global de Política de Drogas (GCDP) “no solo fracasó en el cumplimiento de los objetivos declarados en su origen, sino que generó alarmantes problemas sociales y sanitarios”. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU (UNODC –por sus siglas en inglés-) ha reconocido una serie de “consecuencias no intencionales” generadas por esta política frente a las drogas. Estas consecuencias negativas no se desprenden del uso de las drogas sino de la política prohibicionista. Destacan los siguientes costos:

1. El control del comercio de las sustancias psicoactivas ilegales está en manos de la delincuencia organizada. Es ella la que se enriquece, sin regla alguna y con acceso a enormes márgenes de ganancia. Este gran mercado que ha creado la guerra contra las drogas viene produciendo fenómenos crónicos y expansivos de corrupción de instituciones e individuos por todo el mundo. México es ejemplo tal vez extremo de ello (“plata o plomo”). A su vez, esa corrupción empuja hacia el deterioro de la gobernabilidad.

2. Se dice en las convenciones que el beneficio clave para los derechos humanos traído por la lucha contra las drogas es “la protección del derecho a la salud y la seguridad a través de la reducción de la disponibilidad y el uso de drogas”, un argumento difícil de sostener, dado el fracaso histórico para conseguirlos. En realidad lo que ha ocurrido es que se han socavado los derechos humanos; ya lo comentábamos en la entrega pasada, esta guerra ha comprometido incluso el derecho a la vida debido a la violencia que desata. Además, se han erosionado las libertades civiles en la medida que los estados pretenden interferir con el derecho a la libre autodeterminación. En palabras de Antonio Escohotado “de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo aquello que puede o no cruzar esa frontera…”. Por cierto, el derecho a la información suele verse comprometido por campañas de comunicación que satanizan a las drogas y a los usuarios, valiéndose de verdades a medias o de plano de información falsa, tal como enseñó Nixon.

3. También resulta en una serie de daños a la salud pues la política de drogas en realidad no está centrada en atender este ángulo del fenómeno. La dinámica es así: primero, los países productores y de tránsito van incrementando el consumo pues parte del pago por la droga se hace con la misma droga y no con dinero; segundo, la criminalización de los usuarios y su estigmatización provoca que mantengan conductas de riesgo, lo cual favorece la transmisión de infecciones como el VIH/SIDA o la Hepatitis B y C (no por otra cosa, como se lee más adelante, Portugal adoptó una política de despenalización) y que no acudan a tratamiento si así lo consideran necesario, y tercero, no hay una política de reducción de daños para aquellos usuarios que no quieren o no pueden dejar el consumo.

Bajo la perspectiva prohibicionista únicamente se habla de prevención y tratamiento; la prevención primaria se encarga de atender a aquellas personas que no han tenido contacto con las drogas (una clara minoría, si pensamos lo permisiva que es nuestra sociedad con el alcohol y el tabaco, drogas también, si bien legales). En realidad, si la política pública se inclinase por el tratamiento, el mismo debiera dirigirse hacia quienes así lo deseen de entre ese 10 a 13% de usuarios problemáticos, en estricto respeto de sus derechos. Pero entonces, en dónde dejamos al grueso de la población que prueba, experimenta o usa ocasionalmente alguna droga. Para ello aplican otras medidas; por ejemplo: a) debe favorecerse que las sociedades retrasen la edad de inicio del consumo entre los adolescentes; b) deben reducirse los riesgos para quienes deciden experimentar con alguna sustancia psicoactiva, y c) es necesario implementar diversas medidas de reducción de daños para las personas usuarias, incluyendo el tabaco y el alcohol.

  1. La criminalización de los usuarios es otro costo monumental. En México la actual legislación es una trampa que tiene abarrotadas las cárceles de usuarios y narcomenudistas. Está despenalizado el consumo, pero ningún acto consustancial a éste, como la posesión, que es el delito por el que mayor número de personas se encuentra preso. Es importante señalar que se criminaliza específicamente a la pobreza. La producción de cultivos de drogas se encuentra generalmente en poblaciones social y económicamente marginadas que se quedan sólo con alrededor del 1% de las ganancias mundiales del mercado negro de drogas ilícitas. En los países productores muchos campesinos y jornaleros que participan en el cultivo termina presos, lo cual casi nunca le sucede a los grandes narcotraficantes. Por si fuera poco, sumamos en este desastre a los jóvenes que, por falta de opciones educativas o laborales, terminan como narcomenudistas, convirtiéndose así en carne de cañón del crimen organizado, desde donde muchas veces van hacia la prisión o la muerte (en México y en Latinoamérica en general los jóvenes son las principales víctimas o victimarios de homicidios, que es la primera causa de muerte entre hombres de 15 a 29 años).

Los anteriores son algunos de los mayores costos de la guerra contra las drogas. A pesar de que la UNODC los reconoce, no ha cambiado su posición frente a la misma.

¿Cuáles son las alternativas a la guerra contra las drogas? Alternativas hay muchas, desde quitar una palabra del código penal federal, hasta mecanismos complejos de regulación del mercado de drogas o al menos de la cannabis, que es por mucho la sustancia psicoactiva más utilizada en México y el mundo. Concentrémonos pues en la mariguana.

Una primera opción es despenalizar la posesión. Esto es, quitar del código penal la palabra posesión, tal como ya se hizo con la palabra consumo. Esto implicaría que la policía dejara de perseguir y criminalizar de facto a los usuarios de mariguana. La posesión y el consumo dejarían de perseguirse, punto. La reforma debería impactar igual la Ley General de Salud. Esta medida seguiría implicando que los usuarios recurran al mercado negro para obtener la mariguana. También debería de removerse la tabla del Articulo 479 de la ley referida, pues constituye una trampa para los usuarios al no corresponder con la realidad del mercado negro de sustancias psicoactivas (en otra entrega podemos discutir a este respecto).

Otro escenario sería si retomamos la Demanda de Amparo de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable A.C. (SMART), que propone la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 235 (último párrafo), 237, 245 (fracción I), 247 (último párrafo) y 248 de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos representan una limitación al consumo de cannabis y los derechos correlativos a esta práctica, como son la siembra, la preparación y la posesión, excluyendo expresamente cualquier acto de comercio. En muy pocas palabras, de lo que trata la demanda y la sentencia propuesta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ministro Arturo Zaldivar, es otorgar a los miembros de SMART el derecho al autocultivo de la planta de cannabis para su autoconsumo, en ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la constitución mexicana. De aprobarse la sentencia del ministro, podríamos decir que tendremos un buen punto de partida para otras medidas fundamentales que permitan la creación de “Clubes Sociales de Cannabis” a la manera de España, que son asociaciones de personas usuarias que se organizan para autoabastecerse sin recurrir al mercado negro.

Otra alternativa más, completamente distinta, es la adoptada por Portugal en julio de 2001, donde entró en vigor una ley nacional que despenalizó todas las drogas, incluyendo la cocaína y la heroína. Todas las drogas fueron “despenalizadas”, no “legalizadas” y se implementó una estrategia más enfocada en la salud para tratar el tema, que incluyó acciones comprobadas de reducción de daños. La posesión para uso personal y el uso de drogas siguen estando prohibidas, pero son consideradas violaciones o faltas administrativas y se eliminan por completo las sanciones del ámbito penal. En cambio, el tráfico de drogas sigue siendo procesado como un delito.

Queremos pensar que la guerra contra las drogas que hace cuatro décadas declaró Richard Nixon, usando mentiras y anteponiendo sus valores personales al bien común y los derechos humanos, está herida de muerte. Queremos pensar que la evidencia del fracaso, según sus propios fines declarados y de los daños asociados a esa cruzada moderna, no hace falta. Por lo demás, sabemos que las opciones de política pública están a la vista. Sólo el probado avance de la captura del estado mexicano a manos del crimen organizado, el mismo que tiene en su poder el control del mercado de las drogas ilegales, debería ser incentivo suficiente para desmontar la guerra. La regulación de la mariguana es una urgente medida en el camino correcto.

 

@ErnestoLPV

 

 

* Colaboró Claudia Rodón Fonte (@rodona68)

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