Guerrero, rendición de cuentas imposible

Guerrero ha tenido casi medio siglo de despliegue operativo federal intensivo y aún así las cuentas no le cuadran. Es el estado del país con la segunda mayor tasa de víctimas de homicidio, y el mayor porcentaje de asesinatos con 46.2 por cien mil habitantes.

En México hay escenarios dentro de la crisis de los derechos humanos que parecen haber terminado con la reserva última de la esperanza. Guerrero es uno de ellos. Sin aliento me deja mirar la evidencia acumulada en torno a la crisis desfondada en esa entidad en torno a la seguridad ciudadana, la justicia penal y los derechos humanos. El esfuerzo que muchos vienen haciendo para documentar el desastre ha derivado en la producción incesante de informes nacionales e internacionales. En este año me ha tocado comentar dos de ellos: Justicia Fallida en el Estado de Guerrero (Open Society Foundations) y Justicia Denegada: desaparecidos en Guerrero (International Crisis Group). Apenas publicado el segundo, en estas líneas me concentro en el mismo.

No pretendo asir la complejidad del estado de Guerrero. Acaso alguien puede. Entre 2006 y 2013 estuve visitando la región de La Montaña y apenas puedo decir que me asomé al devenir local. En todo caso, acumulé evidencias a mi parecer irrefutables en torno al desfonde de la institucionalidad pública y la dilución de todo estándar mínimo de gobernabilidad democrática. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), apoyados con fondos internacionales, montaron en aquellos años el Monitor Civil de la Policía de La Montaña. El experimento duró poco precisamente a consecuencia de la acelerada descomposición local, en concreto la diseminación y la diversificación de la violencia.

“Las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”, es la frase con la que inicia el reporte Justicia Denegada, sólo para, líneas adelante, aseverar que la desaparición en septiembre de 2014 de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa “no fue ninguna anomalía”. Y de ahí sólo sigue el horror: de cada 100 homicidios denunciados, 7 terminan en condena; entre 2005 y 2011 una organización local documentó casi 300 desapariciones, todas impunes; entre 1990 y 2014 la comisión estatal de derechos humanos documentó 90 desapariciones forzadas; 87% de los guerrerenses se siente inseguro, frente al 73% en promedio nacional; la confianza hacia las policías y el ministerio público, de suya exigua en el promedio nacional, lo es aún más en Guerrero; son 239 las desapariciones forzadas durante la llamada hierra sucia de la década de los 70, a decir de la comisión de la verdad estatal. Los testimonios que recoge el reporte de Crisis Group en torno al hallazgo de fosas clandestinas y la frecuencia de la desaparición impune de personas, parecen dar la razón a quienes afirman que Guerrero aloja un camposanto encubierto de proporciones inabarcables. Por ejemplo, uno de los testimonios confirma el hallazgo de 100 restos en las laderas al oeste de Iguala.

Hay quienes desde el poder público vienen manipulando la información sobre la crisis de inseguridad y violencia en México reduciendo el tema a un problema municipal; hay quienes hacen lo propio mirando a los estados del país y liberando de toda culpa al gobierno federal. El reporte pone las cosas en su lugar y desnuda el alineamiento municipal, estatal y federal en la incapacidad de resolver la crisis en la entidad del suroeste. “Si la intervención federal pudiera por sí sola garantizar la seguridad local, Guerrero debería ser uno de los estados más seguros de México, en lugar del más peligroso”, dice el texto.

En efecto, una sencilla revisión no deja mentir. Se trata de casi medio siglo de despliegue operativo federal intensivo, al menos desde la operación militar de contrainsurgencia en los 70 y hasta el incremento del despliegue civil y militar hoy en curso, bajo las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, pasando por la Operación Conjunta Guerrero ordenada por Felipe Calderón. ¿El saldo? Apenas hace dos días Animal Político informó que “Guerrero es el estado del país en donde se registra la segunda mayor cantidad de víctimas de homicidio, y tiene la mayor tasa con 46.2 asesinatos por cien mil habitantes. Supera por mucho al segundo sitio que es Sinaloa con una tasa de 27 asesinatos por cien mil habitantes”.

Pienso en Guerrero como el resultado de la combinación de las peores políticas públicas posibles en México. Parece suficiente con sumar la más extrema marginación con el más amplio despliegue para el uso de la fuerza en el marco de la guerra contra las drogas. Guerra estúpida que, vista desde esas tierras, parece nunca saciar a las maquinarias públicas y privadas de la muerte. Un licuado el que allá se ha preparado cuyos ingredientes son todas las posibles violencias. Un caldo de cultivo donde, como bien afirma el reporte, ya no se distingue quién está de lado de la solución y quién del problema.

Hay propuestas relevantes en Justicia Denegada y merecen cuidadosa revisión. Enfatizo el ángulo del acompañamiento internacional para la reconstrucción de la justicia, habida cuenta del vaciamiento de cualquier vestigio de legitimidad, al menos entre las autoridades locales, desde la perspectiva de los guerrerenses. En lo que a mi concierne, abrumado por la negativa oficial a construir auténticas alternativas estructurales que reviertan la exclusión en Guerrero, todo indica que ahí la rendición de cuentas es imposible.

 

@ErnestoLPV

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