Civiles y militares: cinismo mata ingenuidad

Desde hace dos décadas, la autoridad civil hace vacíos sin parar a lo largo y ancho del país en lo que a seguridad pública y procuración de justicia se refiere. El reemplazo son los militares.

Lo que se juega en estas dos semanas que quedan del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión son muchas reformas de la mayor importancia. En realidad, visto al menos desde un segmento de esas reformas, es mucho más que eso: se juega la posibilidad de que se trastoque, acaso de manera irreversible, el pacto político histórico de contención del poder civil sobre el poder militar en México. Nada menos.

Será un parteaguas resultado de la combinación de tres posibles reformas: a) la creación de la Ley de Seguridad Interior, b) la aprobación del denominado mando policial mixto y c) la mejora de las bases constitucionales de la próxima Fiscalía General de la Nación. Tres modificaciones que deben ser vistas en paquete y de donde se desprende un posible escenario que arrojaría a México hacia la consolidación de la militarización en la seguridad pública y la procuración de justicia y, por esa vía, hacia el creciente resquebrajamiento en la contención del poder civil sobre el poder militar.

Los vacíos se llenan. La autoridad civil hace vacíos sin parar a lo largo y ancho del país en lo que a seguridad pública y procuración de justicia se refiere. Los viene haciendo de manera creciente hace al menos dos décadas. El reemplazo son los militares. El vacío es real y es a la vez simbólico. Los gobiernos no construyen políticas e instituciones que en verdad protejan a la gente y se vienen multiplicando las situaciones límite donde ni siquiera existe presencia de autoridad civil alguna y los militares deben intervenir; pero el vacío ya anidó igualmente en la percepción colectiva: en la medida que se viene extinguiendo la expectativa social sobre los civiles, la misma se va transfiriendo hacia los militares.

Ahí se configura la rentabilidad política que da paso a una de las mayores perversidades por parte de la autoridad civil electa; son por ejemplo los gobernadores que primero renuncian a su labor de proteger y luego salen a reivindicar a las instituciones militares, justo por hacer lo que a ellos les tocaba de origen. Cinismo mata ingenuidad.

El coctel puede ser el peor: sí a la Ley de Seguridad Interior, sí a una reforma que modifica la organización del mando policial pero no reconstruye el quehacer policial ni el sistema nacional de seguridad pública y sí a una reforma con bases incompletas para la creación de la Fiscalía General de la República. Por esta vía, la historia, digamos, ya está escrita: transferencia incremental de poderes policiales y ministeriales a las fuerzas armadas, policías sin incentivos de mejora y una fiscalía nueva en el nombre y tan vieja en las prácticas como la Procuraduría General de la República. O sea, la misma ruta que traemos, es decir, agudización de la violencia privada y respuesta incremental a través del uso de la fuerza pública por la vía militar. En una palabra, violencia endémica sin salida y crisis continuada de derechos humanos.

La ruta contraria es el coctel deseable: a) freno a la ley de seguridad interior, b) reconstrucción no del mando policial sino de la institución policial toda y de su relación con la sociedad –en el marco de un paradigma de seguridad ciudadana y de prevención social y comunitaria-, por la vía del rediseño total del sistema nacional de seguridad pública (como lo propone el colectivo Seguridad sin guerra), y c) aprobación de una reforma amplia a las bases constitucionales que darán vida a la Fiscalía General de la República (FGR), que no solo anule el pase automático del titular de la PGR a la cabeza de la nueva Fiscalía, sino además incluya el anclaje en la norma suprema de su autonomía y de su perfil profesional (como lo propone el colectivo #FiscaliaQueSirva).

Lo cierto es que pase lo que pase con este paquete de reformas la militarización de la seguridad pública y de la procuración de justicia seguirá, al menos en el corto y mediano plazo. El vacío está ahí y de hecho crecen las solicitudes de intervención militar por parte de esas autoridades civiles electas que renuncian a su función de proveer seguridad. Sin embargo, de la ruta que tome ahora el poder legislativo depende si al menos podemos construir una expectativa razonable de mediano y largo plazo para revertir la militarización.

Si en efecto el cinismo mata la ingenuidad entonces no parece razonable esperar de las y los legisladores, al menos de la gran mayoría de ellas y ellos, una reforma cuyo incentivo principal sea reconstruir el liderazgo civil en la seguridad pública y la procuración de justicia. Una reforma que pare la vía del empoderamiento militar. Cierto, esperar eso no es lo razonable. Son dos semanas críticas.

 

@ErnestoLPV

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Comentarios
  • Armando Rodea Salcedo

    No se juega NADA. La ley siempre se la han pasado los del PRI y PAN por salva sea la parte.