Ley de Seguridad Interior, diez predicciones

De darse la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, es razonable prever una espiral aún mayor de violencia en el país.

Estos son mis diez pronósticos más relevantes en caso de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior:

  1. Las autoridades civiles y militares usarán la promulgación de la norma como una oportunidad política para aparentar una respuesta eficaz contra la inseguridad, independientemente de la evidencia empírica del fracaso. El prestigio de las fuerzas armadas servirá para inflar la expectativa social que recarga en ellas la solución que no han dado las autoridades civiles.
  2. En lo que hace a la relación de poder entre las autoridades civiles y militares, se agudizará la contracción de la influencia de las primeras a favor de las segundas en la toma de decisiones en materia de seguridad.
  3. Se desnudará la histórica simulación del supuesto auxilio de las autoridades militares a favor de las civiles, quedando progresivamente las primeras en posición abierta de liderazgo en el despliegue operativo.
  4. Se incrementará el gasto público y el apoyo financiero privado destinado a la construcción de cuarteles para la policía militar, creciendo así su disponibilidad reactiva para el despliegue de intervenciones a lo largo del país.
  5. Las y los titulares de los poderes ejecutivos estatales y municipales y las y los encargados de las procuradurías generales de justicia y de las secretarías de seguridad pública apurarán la transferencia de facto hacia los militares de la responsabilidad de contener la violencia y perseguir el crimen.
  6. Así se desincentivará aún más la reforma estructural, profunda y de largo plazo de las instituciones policiales y de las procuradurías.
  7. La expectativa asociada a conseguir prontos resultados mediante el incremento de las intervenciones militares también servirá para debilitar aún más las políticas de prevención social de la violencia y el delito, percibidas éstas como de imposible impacto en el corto plazo.
  8. La multiplicación de las operaciones militares en terreno consolidará, ampliará y expandirá el régimen de excepción de hecho en el que ya vivimos, agrandándose en proporción impredecible el conflicto entre las fuerzas armadas y los Derechos Humanos.
  9. No habrá contrapeso suficiente alguno que permita el efectivo control democrático sobre las operaciones militares. El ministerio público, el poder judicial, el poder legislativo y los organismos públicos de derechos humanos en su inmensa mayoría se auto contendrán en el ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización ante el posible conflicto con las fuerzas armadas, al tiempo que serán colocados bajo extrema presión para convalidar el quehacer de las mismas.
  10. El empleo extremo de la fuerza pública mediante las intervenciones militares impondrá cercos locales y temporales de contención a la violencia del crimen organizado, generando a su vez consecuencias impredecibles hacia su rearticulación territorial. Nada de lo que hagan las fuerzas armadas modificará las causas profundas que reproducen el crimen y la violencia.

Por todo lo anterior, en caso de darse la promulgación de la Ley de Seguridad Interior es razonable prever una espiral aún mayor de violencia. Al tiempo.

 

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