¿Para quién es la seguridad en México?

Si colocamos a las personas en el centro de las políticas de seguridad entonces habría que reconocer algo tan simple como grave: hoy en México son justamente las personas las que no están en el centro del quehacer público en la materia.

Podemos discutir tanto como sea necesario las causas profundas de la violencia en México; lo que debería estar fuera de discusión alguna es el reconocimiento del fracaso crónico de las políticas de  seguridad. En la calle, entre los gobernados, no parece haber duda alguna al respecto. No recuerdo la última vez que escuché a algún ciudadano “de a pie” afirmar que la seguridad va por buen camino. Quienes en cambio defienden de alguna manera esas políticas lo hacen sin evidencias a su favor y casi siempre vinculados a las instituciones públicas, a gobiernos o a partidos políticos. Esto no es menor o no debería serlo; en este país la reivindicación de lo que hace la autoridad en materia de seguridad en general no la hacen los gobernados, sino los gobiernos y las personas vinculadas a ellos.

Si colocamos a las personas en el centro de las políticas de seguridad entonces habría que reconocer algo tan simple como grave: hoy en México son justamente las personas las que no están en el centro del quehacer público en la materia. No me interesa detenerme en la evidencia de esto. Ahí está, por montañas, para quien quiera mirarla. Hace al menos un cuarto de siglo se vienen produciendo los estudios empíricos, independientes y oficiales, que prueban la incesante expansión de la inseguridad y la violencia.

Más allá de los complejos estudios, lo podemos explicar así: si las instituciones que deben construir la prevención, las que deben proteger a través de las tareas policiales, las que deben procurar justicia, las que deben impartirla y las que deben procesar la reinserción social en general no presentan indicadores positivos de impacto, entonces para qué sirven. Hay sólida teoría según la cual las instituciones policiales y penales tienen un discurso latente y otro manifiesto; dicen una cosa y pretenden y hacen otra. La agudización de la crisis de inseguridad y violencia en México exhibe este desdoblamiento de manera extrema, colocando al aparato responsable de esas tareas públicas del lado de la reproducción del conflicto.

Entonces las preguntas se antojan obligadas: ¿para quiénes son las políticas de seguridad en México? ¿A quiénes les sirven? ¿Para qué les sirven? La respuesta puede ser perfectamente clara: estas políticas se reproducen porque hay quienes extraen algún beneficio justamente prolongándolas. Determinadas perspectivas teóricas vienen discutiendo hace mucho la manera como las políticas de seguridad y las instituciones que éstas producen sirven, primero, a sí mismas. Se trata de un proceso de auto reproducción de intereses políticos y económicos, mediante la operación de élites públicas y privadas, a su vez soportadas en aparatos burocráticos descomunales que justamente se especializan en impedir cambios fundamentales en sus prácticas, dando cauce, en el mejor de los casos, a mejoras marginales.

Ejemplo concreto que me ha tocado ver mucho recientemente, en el marco de la reforma penal, es la mejora en los procedimientos de servicio en la primera atención al denunciante en agencias del ministerio público, sin afectar las malas prácticas en las investigaciones y la consecuente alta proporción de impunidad, en especial en los delitos más graves. Lo dicho, ajustes marginales sin cambios fundamentales.

Todo este argumento cobra especial fuerza cuando, como sucede en México, las políticas de seguridad logran generar más recursos para los programas y las instituciones, independientemente de que, en la experiencia de los gobernados, no se logren mejores resultados. Se trata pues de un paradigma de seguridad que le falla a la gente pero no a quienes controlan y quienes viven de los presupuestos. Tan absurdo como eso.

Las preguntas comunes en México son qué reformas legales e institucionales y qué recursos faltan para la seguridad, cuando la pregunta debería ser qué debe hacerse para construir la seguridad de la gente. La respuesta adecuada a la última pregunta podría llevar, incluso, precisamente a desmontar buena parte del descomunal gasto público en la materia.

Pero mientras la pregunta no sea la correcta, entonces seguiremos transitando por un escenario donde las masacres ya son parte de la información cotidiana y donde es casi imposible encontrar personas que se sienten y están seguras, sin que lleguen los cambios fundamentales en las políticas de seguridad y en los aparatos que las soportan.

¿Para quién es la seguridad en México? No para el ciudadano de a pie, ciertamente.

 

@ErnestoLPV

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