Queremos combatir la violencia, pero no verla

El presidente anunció una nueva “estrategia integral” contra el repunte de la violencia centrada en los 50 municipios con mayor cantidad de homicidios. Aunque estos municipios acumulan el 45% de los homicidios, no son los causantes del repunte de la violencia.

Por: José Merino (@PPmerino), Marisol Torres (@torres10marisol) y Oscar Elton (@OscarElton88)

Enrique Peña Nieto anunció su nueva “estrategia integral” para los 50 municipios del país que concentran el 42% de los homicidios dolosos en México. Dicha estrategia establece cinco medidas, entre ellas, homologar el 911 en toda la república, reforzar las acciones conjuntas e implementar una nueva medida para atender el incremento de homicidios dolosos en los 50 municipios de la lista.

Indiscutiblemente, la violencia ha crecido en algunos municipios desde 2014 y evidentemente hace falta una estrategia que la combata, la estrategia anunciada por el presidente no es integral, ni parte de un diagnóstico serio sobre la evolución de homicidios en México. Su esperanza es que si se reducen homicidios en municipios más poblados, la tasa nacional deberá necesariamente disminuir, aunque los procesos de generación de violencia permanezcan escencialmente intocados.

Queremos revertir violencia, sin atender municipios más violentos

¿Por qué concentrarnos en totales y no en tasas? Las tasas nos ayudan a comparar de mejor manera la violencia entre municipios, ya que al ponderar por población, permite entender la magnitud de los homicidios localmente. Si nos fijamos únicamente en el total de homicidios, en muchos casos los “altos niveles de violencia” se deben a que tienen poblaciones muy grandes, no a que tengan peores condiciones de seguridad que otros municipios.

Decidimos agrupar en seis categorías a los 2,457 municipios de México dados dos factores: total de homicidios y tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes) de 2016 anualizados, es decir, el número de homicidios que se espera tendrá cada municipio al final del año dada la cantidad de homicidios que se han tenido hasta el mes de julio, asumiendo que el segundo semestre mantendrá la tendencia del primero. Este es un supuesto poco factible, pero permite hacer al menos comparaciones intertemporales con años previos.

Clasificamos entonces a los municipios como municipios con “muchos y pocos homicidios”, tomando como división la línea vertical, de 75 homicidios, que separa los 50 municipios elegidos por el gobierno (“Muchos”) del resto (“Pocos”), es pues una distinción arbitraria basada en las prioridades del propio gobierno. Por otro lado vemos la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes; ahí dividimos en 3 partes el eje: tasa baja (por debajo de la tasa nacional anualizada, de 15.7), tasa intermedia (sobre la tasa nacional pero no entre los 50 municipios con tasas más altas), y tasa alta (el top 50 de municipalidades con mayor tasa de homicidios). Vale aclarar que la tasa está estimada por averiguaciones previas (los únicos datos disponibles a nivel municipal) y no por número de víctimas.

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Utilizando la gráfica anterior y agregando el componente de población obtenemos que muchas de las altas tasas se deben a que los municipios tienen poblaciones relativamente pequeñas. Por ejemplo, Cucurpe en Sonora, tiene una población de 1,055 personas. Con 1 homicidio alcanzó una tasa de 94.78 homicidios por cada 100 mil habitantes; en el otro extremo, Puebla de los Ángeles tiene 1 millón 648 mil 051 habitantes, y con 96 homicidios tiene una tasa de 5.82 homicidios por cada 100 mil habitantes. Todos los municipios que entrarán en la nueva estrategia del presidente tienen una población por arriba de 57,644 habitantes (población de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua), pero hay otros municipios con población igualmente grande, como Guachochi en Chihuahua (54,994), que, a pesar de su alta tasa de violencia (134 homicidios por cada 100 mil habitantes), quedó fuera de la estrategia presidencial al tener 74 homicidios y no los 75 “necesarios” para estar entre los 50 elegidos.

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Así, la estrategia deja fuera a municipios con tasas anualizadas de homicidios superiores a 83 (recordemos que la nacional sería 15.7) y con una suma anualizada de homicidios totales por arriba de los 38, como Badiraguato (discutiblemente el municipio en México que históricamente está más identificado con la violencia relacionada con el narcotráfico desde la década de los ochenta); Tamazula; Mocorito; Coyuca de Benítez y el mencionado Guachochi. Al tiempo que la misma estrategia incluye municipios con tasas sensiblemente por debajo de la tasa nacional anualizada, pero con un peso poblacional importante, como Puebla (tasa: 5.8); Mexicali (tasa: 9); o San Luis Potosí (tasa: 11.3).

De hecho, únicamente cinco municipios incluidos en los 50 con más homicidios están también entre los 50 municipios con tasas más altas. Se trata de los casos más violentos del país este año: Acapulco; Manzanillo; Tecoman; Iguala (sí, Iguala); y Guadalupe y Calvo.

¿Podemos pensar que la estrategia para reducir violencia en Iguala es la misma que en Puebla? ¿Es el mismo tipo de violencia? ¿Tienen causas similares? ¿Su tendencia en el tiempo es similar?

Queremos revertir la tendencia, pero sin ver la tendencia

Si, como establece una de las estrategias del presidente, lo que se pretende es frenar el incremento de la violencia, una posible ruta a seguir es justamente concentrarnos en zonas donde la violencia está creciendo. Si hacemos la misma gráfica de antes, pero coloreando a los municipios por cambio en su tasa de homicidios entre 2013 y 2016, llama la atención que la gran mayoría de los municipios en donde aumentó la violencia no fueron elegidos para ser parte de la nueva estrategia. De hecho, algunos con tasas intermedias o bajas, como Naucalpan en el Estado de México, o Morelia, la capital michoacana, presentan una disminución entre esos años.

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Ahora bien, entre los 50 municipios seleccionados para la nueva estrategia, 33 han tenido incrementos promedio en tasa de homicidios de 8.6%; mientras que en 17 de ellos la tendencia desde 2013 ha sido a la baja, con caídas promedio de 5.9%. En contraste, entre el resto de municipios (excluyendo ceros), en 721 hubo un aumento promedio de 9.2% en su tasa de homicidio respecto al 2013; y en 574 hubo una caída promedio de 8.7%. La nueva estrategia entonces, ignora por completo la tendencia en violencia durante esta administración, cosa rara si el objetivo es… revertir la tendencia.

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De hecho, la tendencia temporal de homicidios a nivel nacional la marcan en realidad aquellos municipios con mayores tasas de homicidios, estén o no dentro de los 50 con más homicidios. En 44 de los 50 municipios con la tasa más alta, ésta se incrementó desde 2013 en un promedio de 36% (recordemos que en el top 50 con más homicidios, el incremento ocurrió en 33 y fue de 8.6%).

Lo anterior se confirma al ver la proporción de homicidios por año de cada una de nuestras 6 categorías. La categoría más cambiante es muchos homicidios con tasas altas, es decir, en las zonas de “desastre”. En esta categoría entraron únicamente 5 municipios: Guadalupe y Calvo (Chihuahua), Tecomán y Manzanillo (Colima), y Acapulco e Iguala (Guerrero). Son ellos quienes cambian en mayor proporción el porcentaje de homicidios por año, ello por volatilidad, cierto, pero también porque son pocos casos. En 2014 podemos ver un descenso en el porcentaje de homicidios del país en estos 5 municipios. Recordemos que este fue el año menos violento desde 2009, sin embargo, en 2015 y 2016 la proporción volvió a ir al alza.

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Respecto al inicio de este sexenio los incrementos proporcionales en homicidios han ocurrido ciertamente en los cinco municipios más violentos hoy en el país (con tasas altísimas y un número enorme de casos); pero también en 30 municipios incluidos en el top 50 señalado por el gobierno. Hasta ahí, todo bien. Pero si nos asomamos al cambio relativo más importante, éste ocurre en 455 municipios que poblacionalmente no suman más de 75 casos (la división entre el top 50 y el resto), pero que tienen tasas superiores a la media nacional (sin rebasar los 83 homicidios por cada 100 mil habitantes que los colocaría a su vez en el top 50 por tasa). ¿Cómo pensar una estrategia efectiva y creíble de combate a la violencia que ignora a los municipios que aportan 27.4% del total nacional?

Ordenamos a los municipios por cantidad de homicidios de mayor a menor número de homicidios y obtuvimos la cantidad porcentual acumulada del total de homicidios en el paísnen una curva. A su vez, hicimos cortes en 50%, 75% y 90% de homicidios acumulados. Vemos que la tendencia a acumular un gran porcentaje de homicidios en pocos municipios en el 2011 se ha modificado en el 2016 siendo más municipios los que concentran los mismos porcentajes de homicidios. Aun así, cabe mencionar que en menos de 500 municipios se acumula el 90% del total de homicidios del país.

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Entre 2011 y 2016 los homicidios se han dispersado geográficamente; los municipios con el mayor número total de muertes intencionales representan un porcentaje menor del total nacional; al tiempo que un número amplio (465) acaparan el 90% del total de homicidios. Esto implica que mientras homicidios se dispersan, en 2016 el gobierno insiste en concentrar sus esfuerzos sólo en aquellos que representan un número mayor y entran en un ranking arbitrario que termina en 50. La política va pues en sentido contrario a los datos. Pero además, implica descuidar 415 otros municipios que también concentran un número enorme de casos, como si la violencia que ocurre en ellos vis a vis el top 50 no estuviese vinculada en absoluto.

Queremos revertir violencia asociada al crimen organizado, sin ver homicidios asociados al crimen organizado

Los homicidios con arma de fuego suelen ser una buena aproximación a la violencia causada por el crimen organizado. En más de 560 municipios (23% del total) el porcentaje de homicidios que se llevan a cabo con armas de fuego es mayor a 58%. Vemos que la gran mayoría de los municipios en los que la mayor parte de los homicidios se relacionan a un arma de fuego quedaron fuera; como vemos son municipios que no tienen muchos homicidios totales, por lo que es posible que si existieron 2 homicidios, y uno fue con arma de fuego, el porcentaje sea elevado. Aún así, dentro de los 50 municipios con más homicidios entran más de 10 en los cuales entre 4.35 y 58.6% de los homicidios probablemente se relacionen al crimen organizado.

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Entre los 50 municipios seleccionados por el gobierno para re-lanzar su estrategia de combate a la violencia se encuentran casos en los que apenas 32% del total de homicidios son con arma de fuego, como Puebla; mientras que el promedio nacional llega a 52%. Entre el top 50 por total de homicidios el promedio de homicidios totales que ocurren con arma de fuego es 61%; mientras que entre el top 50 por tasa de homicidios llega a 72%.

Evidentemente toda violencia debería ser un objetivo de reducción en México, pero es difícil pensar, en términos de urgencia y efectividad, que la política debe dirigirse a todos los tipo de violencia, o que la estrategias punitivas de combate a homicidios relacionados con el crimen organizado tendrán también un impacto en homicidios no relacionados. Poner en una misma estrategia casos tan disímbolos en magnitud y tipo de violencia no tiene sentido.

Queremos combatir la violencia en municipios, pero no observamos… municipios

¿Qué distingue a Torreón de Gómez Palacio? ¿Qué es fundamentalmente diferente entre Iguala y Cocula? ¿Qué garantiza que la violencia de Tecoman no se contagie a Colima o viceversa? Las divisiones municipales tendrán sentido político, presupuestal y hasta policial, pero en términos de violencia son líneas en la tierra. Nada. Pensar que se puede combatir la violencia en un municipio sin atender lo que ocurre en sus colindancias, es ingenuo o cínico. Uno de los mejores predictores de violencia en un municipio es justamente el nivel de violencia en sus municipios contiguos.

El resultado probable del programa, que no atiende a toda una zona conflictiva, a un conjunto (cluster) de municipios afectados por la violencia, sino que toma municipios simplemente bajo criterios poblacionales, es que en lugar de cortar de raíz el problema simplemente propague la violencia hacia los municipios vecinos y/o reduzca la violencia en un momento sólo para esperar su renacimiento frente a procesos de homicidios en municipios adyacentes. Veamos algunos ejemplos.

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Culiacán es uno de los municipios que lograron entral al nuevo programa de seguridad. En cambio, sus municipios colindantes, Cosalá, Tamazula, Mocorito, Elota y Navolato, a pesar de también ser focos rojos con tasas más elevadas que la de Culiacán, de 40.13 homicidios por cada 100 mil habitantes, no serán considerados dentro de la nueva “estrategia integral”. Por ejemplo, Badiraguato, vecino al norte de Culiacán, tiene una tasa de 124 por cada 100 mil habitantes. Pero estas contiguidades no se acaban en Sinaloa. Guadalupe y Calvo, el municipio al norte de Badiraguato, en Chihuahua, que forma parte de la legendaria colindancia entre Sinaloa, Chihuahua y Durango; una zona que ha tenido altísimos niveles de violencia históricos, tiene una tasa de 187 y un total anualizado de 108 homicidios, lo que le permite estar en el mítico top 50; pero su municipio vecino al norte, Guachochi, con una tasa de 134 no está dentro del programa porque acumularía 74 homicidios, uno menos de los 75 en los que terminan los 50 municipios que más suman.

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Los municipios que se encuentran alrededor de Juárez, en Chihuahua, están en una situación similar. Y esto no es novedad, desde inicios del siglo sabemos de las conexiones y contagios de violencia entre el área urbana de Juárez y los municipios de mucho menor población alrededor, que ocuparon repetidamente como zonas con las tasas de homicidios más altas en el país. Por ejemplo, Juárez tendría una tasa anualizada de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes; mientras que Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, al este, sumarían tasas de 132 y 209 respectivamente. ¿Cómo atiendes violencia en Ciudad Juárez sin asomarte a lo que ocurre al ladito?

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La situación en Guerrero tampoco es muy distinta. Fueron incluidos en el programa Acapulco de Juárez, Iguala de la Independencia, Chilpancingo de los Bravo y Chilapa de Álvarez, pero municipios vecinos con pocos homicidios totales menos quedaron fuera. Tal es el caso de Coyuca de Benítez que tiene 8 homicidios menos que Nuevo Laredo, el último municipio que entra en la lista de los 50 del gobierno, pero sí está entre los 50 municipios con tasas más altas, y tiene colindancias con Acapulco y Chilpancingo. Cuesta imaginar una estrategia funcional que atiende a los dos últimos pero no al primero.

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Por último, Colima y Tecomán también se encuentran rodeados de municipios con tasas tanto por arriba de la media nacional como por municipios que se encuentran dentro de los 50 con tasas más altas. En un Estado tan pequeño, con sólo 10 municipios donde tres de los más grandes son considerados violentos, ¿no es de considerarse que atacando la violencia en unos ésta se propague a los municipios vecinos?

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No es una cuestión de distribuir los recursos entre todos los municipios del país para que todos reciban ayuda. Es saber concentrar recursos en zonas o regiones donde los recursos puedan funcionar mejor dado que se hizo un diagnóstico exhaustivo sobre la distribución, cambio y tipo de violencia. No un simple conteo poblacional que aspira, con más suerte que estrategia, a reducir la tasa nacional sólo por atender municipios más grandes poblacionalmente. La misma estrategia que la Cruzada contra el Hambre, con los resultados de todos conocidos.

Queremos prevenir violencia, pero sin revisar programas de prevención

De los 50 municipios con mayor cantidad de homicidios, 42 ya forman parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), el mismo programa que dejaron presupuestalmente con $0 pesos para el año entrante. Este fue el programa insignia de este gobierno como estrategia de prevención y combate de la violencia, iniciado en 2013 y que ha recibido para este fin más de 10 mil millones de pesos en cuatro años.

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Bajo PRONAPRED se atiende este año a 95 municipios del país. Dicho programa tiene los objetivos de incrementar la participación y el desarrollo de competencias para prevenir el delito, generar entornos que mejoren la convivencia para disminuir la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades institucionales. 10 mil millones de pesos después, el gobierno lanza un programa que replica Pronapred pero para muchos menos municipios. 10 mil millones después nos volvemos a preguntar por qué la violencia volvió a crecer. 10 mil millones después 42 municipios vuelven a ser prioridad. Esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, esa parece ser la lógica.

 

@data4mx

NOTA METODOLÓGICA
Se utilizaron datos de averiguaciones previas (no víctimas) del SNSP hasta julio de 2016 anualizados, esto con el fin de poder hacer comparaciones intertemporales. Los datos se pueden consultar aquí

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Comentarios
  • miza arcobaleno

    Me gustaba el articulo, pero cuando leí “En el país el número promedio de hijos es de 2.2 niñxs por madre” dejé de leer. Es increíble que la locura por la ideología del género denigre nuestro idioma