¿Y las legislaciones sobre el uso de la fuerza?

Ante la constante repetición de actuaciones fallidas de la policía y los fuertes cuestionamientos respecto del uso de la fuerza, queda claro que México presenta un latente rezago en materia jurídica respecto al uso de la fuerza.

Por: Laura Muñoz Ramírez

Al pensar en el ejercicio de la profesión policial, el imaginario colectivo normalmente lleva a dos vertientes: en la primera ocurre la idealización casi de ficción del profesional de la seguridad, incorruptible, siempre apegado a la ley y con la capacidad de reaccionar adecuadamente frente a los innumerables escenarios de comisión de delitos; la segunda, más recurrente, menos venturosa y recreada históricamente frente a un áspero contexto nacional y una cotidianidad de actuaciones poco acertadas, despliega una policía corrupta en la que persiste la impunidad, la represión y los abusos de autoridad.

La policía, como institución del Estado a cargo de salvaguardar la vida, seguridad y derechos de los ciudadanos, así como el orden y la paz públicos, exige la existencia de reglas claras y específicas que condicionen su actuar. Sin duda es el Estado quien debe proveer a sus instancias de mecanismos claros y regulados que sustenten el trabajo activo, sobre todo considerando que la capacidad de usar la fuerza puede subsanar una contingencia o agravarla.

La aplicación de la ley, siendo una tarea compleja, requiere –entre otras cosas– de facultades legales previstas en normas jurídicas apegadas a derecho; es por ello que decretar y mantener reglas de operación sobre actuaciones policiales debe ser una prioridad para las instancias de seguridad, ya que además de otorgar facultad, legalidad y validez provee eficiencia en el desempeño.

Ante la constante repetición de actuaciones fallidas de la policía y los fuertes cuestionamientos respecto del uso de la fuerza, queda claro, al menos para algunas instancias internacionales, que México presenta un latente rezago en materia jurídica respecto al uso de la fuerza, evidenciado por ejemplo en la Recomendación: B. 81 realizada por la Organización de las Naciones Unidas en su Informe de la visita realizada en México en el 2013 por el relator experto Christof Heyns, donde se menciona: Respecto al marco normativo. Inciso g) Legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, capacitar a los operadores de seguridad respecto a estos estándares e investigar y sancionar las instancias de uso excesivo de la fuerza.

El gobierno mexicano ha alegado frente a esta recomendación que existen acuerdos ya establecidos: el 5/2012 publicado por la Secretaría de Seguridad Pública; el Acuerdo A/080/12 de directrices que deben observar los agentes de la Policía Federal Ministerial para el uso legítimo de la fuerza publicado por la PGR; el Acuerdo 4/2012 para órganos desconcentrados también de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el “Manual del Uso de la Fuerza” solo aplicado para las tres fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) y publicado por la Secretaría de Defensa Nacional y que dado que estas poseen funciones, dinámicas y objetivos distintos, no sería una herramienta válida para uso de las fuerzas policiales.

Si bien es cierto que estos acuerdos denotan características y lineamientos para el uso de la fuerza, han resultado insuficientes ante el papel preponderante que ha jugado la policía en los últimos años, sobre todo durante las protestas sociales. El creciente número de denuncias y cifras negras sobre el abuso de la fuerza, además de la repetición compulsiva de sucesos de actuación violenta en diferentes estados de la República son síntoma inequívoco de que algo no está funcionando o no está siendo aplicando adecuadamente a nivel nacional.

Pese al alegato del Gobierno Federal, una revisión a las legislaciones estatales demuestra la acertada anotación de la ONU; no existe homologación de estatutos, lineamientos, protocolos o directrices para el uso legítimo de la fuerza en los estados mexicanos, ni siquiera en los principios básicos como: congruencia, legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad, racionalidad, no autoincriminación, etc.

De acuerdo a las legislaciones estatales vigentes que hacen referencia al tema de uso de la fuerza, 15(1) de los 32 estados utilizan la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para “mencionar” en un renglón o párrafo el uso de la fuerza y en casos más afortunados delinear limitadamente la actuación policial. En otros estados como Baja California, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco no se hace mención alguna del uso de la fuerza, pese a regirse por La ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Cabe señalar que aunque éste último cuenta con la expedición de la Ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes, no hace mención expresa de lineamientos de actuación policial para el uso de la fuerza.

Algunos otros estados han hecho esfuerzos importantes en esta materia, como son el caso de Chihuahua que ha creado un protocolo específicamente para el uso de la fuerza y en el caso de Michoacán y Tabasco protocolos de actuación policial de uso de la fuerza frente a detención de infractores o probables responsables. San Luis Potosí, Guerrero y Sinaloa utilizan acuerdos y decreto respectivamente; los primeros estableciendo los principios básicos y el segundo proporcionando directrices de actuación para el uso de la fuerza. En el caso de Chiapas, en 2014 se estableció un Código de uso legítimo de la fuerza; sin embargo, unos meses después fue abrogado por considerarse intimidatorio y atentatorio contra los derechos humanos.

Algunas entidades, las menos, han realizado esfuerzos mayores estableciendo Leyes especiales que regulan el uso de la fuerza. La primera fue el Distrito Federal en 2008, Oaxaca en 2011, Puebla y Morelos en el 2014 y recientemente aprobada el Estado de México en el 2016 (pendiente de entrar en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva acción de inconstitucionalidad), aunque son leyes que necesitan mayores mecanismos de supervisión y control que garanticen la correcta aplicación y el rendimiento de cuentas de su desempeño en el ejercicio del poder que se les confiere.

Ante este panorama de falta de legislaciones, protocolos y manuales, la capacidad de reacción de las fuerzas policiales ante situaciones complejas aterriza en el uso de la fuerza de manera instintiva. Ante la precariedad de insumos, prevalece la supervivencia y no el raciocinio. Si bien es cierto que las capacitaciones actuales indican algunos panoramas de actuación, los manuales deben despejar las dudas ayudando a los policías a ejercer su profesión con un uso diferenciado de la fuerza y con estricta regulación de respeto de las garantían individuales y apego a la ley.

En recientes declaraciones, el Comisionado de Seguridad Nacional (mayo 2016), afirma que se están llevando a cabo esfuerzos en el marco de la Estrategia para la Transformación del Sistema Penal Acusatorio y en el marco de la Campaña Policial por los Derechos Humanos y el Uso Racional de la Fuerza, instruyendo a la policía federal en derechos humanos y principios humanitarios. Sin embargo aún no son públicos los protocolos o manuales de uso de la fuerza con los que se capacita al personal.

Esta revisión constata dos cosas: la primera es que pese a los esfuerzos realizados por las dependencias, estos han sido insuficientes. Resulta urgente una legislación general federal que regule esta materia en conformidad con estándares internacionales adecuados al contexto nacional y dos, la inminente y apremiante responsabilidad de dotar a cada sujeto de las fuerzas policiales con las capacidades y adiestramiento adecuadas para llevar a buen término la correcta aplicación de la ley, fomentando siempre y como principio básico el respeto a los derechos humanos.

 

* Laura Muñoz Ramírez es investigadora de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP) de @Insydemx. Contacto: [email protected]

 

 

 

(1) Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas

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