La violencia de género, la guerra contra las mujeres

2017 evidencia que los millonarios presupuestos destinados a la “atención y prevención” de la violencia a través de mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres han dado poco resultado por la desarticulación y falta de claridad en cómo concretar las intervenciones.

Por: Argentina Casanova

Con un panorama nacional de 14 estados con solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG), y siete entidades más con AVG declaradas, el territorio mexicano se consolida como una zona de riesgo para las mujeres en una guerra invisible que a diario cobra la vida de siete mujeres y otro tanto de desaparecidas, víctimas de trata y tortura sexual, agudizando la desigualdad estructural en la que viven las niñas, adolescentes y mujeres en México.

Es claro que hay un recrudecimiento de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México así como en la comisión de delitos graves de alto impacto, que se suman a los tipos y modalidades de violencia de género consideradas en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, particularmente por formas en las que el propio Estado a través de sus servidores públicos conduce a la conciliación y la mediación.

Además de que detrás de las solicitudes de AVG hay otras implicaciones y tipos de violencia que hacen más evidente la violencia sistémica, hablamos de la muerte materna, la violencia política, la violencia simbólica y por agravios comparados, entre otras. Frente a este incremento, el Estado mexicano ha dado una respuesta fragmentada que no alcanza a integrar los esfuerzos, presupuestos y políticas públicas de atención y prevención a la violencia con el acceso a la justicia para las mujeres.

En muchos de los estados en los que se ha solicitado y/o emitido la Alerta de Violencia de Género, las violencias feminicidas están ligadas a la violencia social derivada del crimen organizado, y se concatenan con el desprecio al cuerpo de las mujeres, la negación de toda condición de persona, la negativa al derecho a la justicia, la persistencia de patrones culturales y normas discriminatorias, impunidad, además de una evidente extensión y apología a la violencia contra las mujeres en las coberturas periodísticas.

Las siete entidades con Alerta de Violencia de Género Declarada son Morelos, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Veracruz y en noviembre de 2016, Chiapas y Nuevo León, y los otros 14 (Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Guanajuato, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y recientemente Campeche) se encuentran en distintas etapas de solicitud, desde la integración de los grupos de trabajo hasta los períodos “de gracia” que no considera la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otros que están cumpliendo las observaciones hechas en los Informes de los Grupos de Trabajo para incidir en las causas estructurales de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, esta condición de los distintos momentos del trámite de la solicitud de la AVG no es una respuesta a la emergencia que amerita acciones inmediatas cuando se trata de elevados números de desaparición de mujeres o feminicidios ligados a la omisión del Estado, para dotar de infraestructura que facilite la prevención de la violencia.

Es decir, tenemos dos situaciones en las que se amerita una AVG como resultado de una acumulación de omisiones, acciones y aquiescencia del Estado, incluido el incumplimiento a la capacitación a investigación con perspectiva de género, la elaboración de peritajes especializados para visibilizar los contextos sociales de la violencia de género, y los mecanismos de evaluación a la cadena de justicia para las mujeres.

Con ello se genera un contexto de violencia sistémica que no solo tolera sino alienta a la comisión de los delitos contra las mujeres, incluyendo la privación de la libertad con fines sexuales, la trata-desaparición y el feminicidio, y que están insertos en las estructuras institucionales y de la sociedad favoreciendo la impunidad en la violencia contra las mujeres.

Y por otro lado tenemos situaciones en las que lo que se requiere es adoptar acciones urgentes para iniciar la búsqueda de mujeres que son desaparecidas y han denunciado violencia de pareja o de un acosador, incluso casos en los que las mujeres habían solicitado órdenes de protección, y al no darse respuesta inmediata en plazos de 24 horas por las policías municipales, policías estatales y las propias Fiscalías para impulsar la búsqueda a través de las unidades especiales de personas desaparecidas con la emisión de la Alerta Amber, aplicación del Protocolo Alba y la adopción de investigación con perspectiva de género para establecer la correlación con los antecedentes de violencia familiar-sexual previamente denunciados. Incluso de aquellos casos de violencia reiterada en espacios públicos o rutas y mecanismos de traslado y captación de víctimas de trata claramente identificados

Mención aparte merecen aquellos casos de feminicidios en los que hay omisión y negligencia criminal. Son los casos de mujeres que denunciaron y/o solicitaron órdenes de protección y fueron asesinadas por el sujeto que las amenazaba, y que con la falta de actuación del Estado -vía servidores públicos- se facilitó la comisión del delito.

A 2017, este es el escenario que nos habla de una emergencia nacional de una “guerra contra las mujeres” que evidencia que los millonarios presupuestos destinados a la “atención y prevención” de la violencia a través de mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres han dado poco resultado por la desarticulación y falta de claridad en cómo concretar las intervenciones.

Lo más grave es que el Estado Mexicano tuvo información suficiente para saber que debía implementar acciones emergentes para atender un inminente riesgo ligado a la militarización y la “guerra contra el narcotráfico”, que no solo afectó y afecta a la población en general, sino que consolidó una guerra contra las mujeres, invisibilizada detrás de las violencias sociales, es decir, las mujeres no están exentas de la violencia social que incluye los efectos del crimen organizado y el incremento en la inseguridad pública, a estas se suma la violencia de género recrudecida. Esto es, una doble exposición a dos violencias también recrudecidas.

El resultado es el incremento en los números de víctimas de violencia y feminicidio, pero también trastoca la vida de muchas más que no aparecen como víctimas pero están expuestas a un espacio social y familiar de información de feminicidios cometidos con grave saña y brutalidad, y afectan la percepción de la seguridad para el uso del espacio público, restringiéndolos por hegemonías discursivas patriarcales. Además del argumento de que estar afuera es “ponerse en riesgo” y participar en cualquier actividad pública es aumentar el riesgo de ser víctima.

Y nos queda la duda, ¿esto se pudo prevenir? De primer momento nos viene la idea de que algo está mal y que han prevalecido acciones desarticuladas. Ya desde 2012, el Informe 7mo y 8vo (CEDAW/C/MEX/CO/7-8) en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la recomendación general número 11, señala:

Al Comité le preocupa el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y las muchachas, en el disfrute de sus derechos humanos. Le preocupa profundamente que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido a la intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible. Al Comité le preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados.

Pese a esta observación, el Estado mexicano continuó con su estrategia de seguridad pública, y los delitos contra las mujeres quedaron fuera de la agenda prioritaria sin considerarlos delitos graves, desde un enfoque que reconociera la violencia contra las mujeres en el espacio público y privado. Se cometió el error de desligarlo tanto de los planes de acción de intervención como una prioridad para el Estado, como de los presupuestos destinados a la seguridad pública, específicamente desatendió la relación del incremento en la violencia derivada del crimen organizado con los delitos contra las mujeres.

No solo se trata de la falta rumbo, sino de errores de atención estructural y planeación transversal en las políticas públicas, falta de cumplimiento de los indicadores mínimos para el cumplimiento de las recomendaciones generales de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), del Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (Mesecvi), y de los documentos y compromisos internacionales como la Plataforma de Beijing o los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

El resultado son las cifras criminales que continúan alarmando a los organismos defensores de derechos humanos y que comprueban que México es un territorio en guerra contra la población, específicamente donde ser mujer es un grave riesgo.

Las cifras de la guerra contra las mujeres

Del 2012 a la fecha, los números nos dan un panorama de recrudecimiento:

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio registró de 2007 a junio de 2012 4,112 feminicidios en 13 estados. Un porcentaje fue cometidos por uso excesivo de la fuerza física como golpes, contusiones, heridas con armas punzocortantes o asfixia. La mayor problemática de este tipo de violencia contra las mujeres es la impunidad y la violencia institucional de las autoridades quienes no investigan o no cuentan con protocolos de investigación, pericial, policial y ministerial con perspectiva de género y derechos humanos.

Para 2014, los feminicidios se presentaron particularmente en 10 entidades donde se registra más violencia feminicida contra las mujeres: Chiapas, Chihuahua, DF, Guerrero, Jalisco, Edomex, Nuevo Léon, Oaxaca, Puebla y Sinaloa con un total de 1,042 asesinatos de mujeres por razones de género.

Prevalecen feminicidios de mujeres/adolescentes/niñas que vivían un continuum de violencia, contextos estructurales en los que el Estado podría intervenir para prevenir la violencia feminicida, que afecta a mujeres de entre 15 y 35 años de edad.

En los estados con alta población indígena se registran más feminicidios contra mujeres de menos de 20 años (36 % de feminicidios cometidos en Oaxaca entre 2012-2013). En zonas turísticas se presentan un importante número de feminicidios de mujeres extranjeras.

El estudio denominado Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo Cuenta señala que en seis años más de 1,900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego, lo que nos da una clara relación entre la existencia de armas y la normalización de su uso en la violencia feminicida. Esto ubica al país entre los 10 con mayor número de feminicidios por armas de fuego en el mundo.

El Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016) revela que las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de trata son Puebla con 375, Chiapas 315, Ciudad de México 113, Oaxaca 118 y Baja California Norte y Estado de México con 95 cada una, lo cual representa el 76 % del total iniciadas en el ámbito local.

De 2,843 víctimas identificadas en el Informe de la CNDH, 87.9 % son mexicanas y solo 8.4 % extranjeras; 93.4 % mujeres y 6.1 % hombres; 26.5 % son personas menores de edad y 71.7 % mayores de edad (3.2 % no se identificó edad). El origen de las víctimas son los países: Estados Unidos, Honduras, Colombia, Argentina, El Salvador, Guatemala, Cuba, Chile, Nicaragua y Venezuela.

La desaparición a manos de particulares y la desaparición forzada

Los contextos de vulnerabilidad de las mujeres se han acrecentado por un conflicto armado y las estrategias de seguridad pública, ocasionando actos de extrema violencia contra las mujeres como la violencia sexual por parte de militares y grupos del crimen organizado.

El OCNF registró de enero de 2011 a junio de 2012, 3,976 mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados, de éstos el 54 % sucedieron en los estados de Chihuahua y Estado de México; en 51 % de los casos las mujeres tenían entre 11 y 20 años de edad.

A pesar de ello, la denuncia de desaparición de mujeres y niñas no es prioridad del Estado, mientras que el contexto de inseguridad ha provocado el incremento en la venta y explotación de mujeres.

 

* Argentina Casanova es Periodista, coordinadora  del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche y consultora en Género y Acceso a la Justicia para las Mujeres.

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