Los estados, el foco del combate a la tortura

La correcta aplicación de la Ley contra la Tortura dependerá de los estados, porque ahí se concentran el grueso de las investigaciones penales, los procesos, la población penitenciaria, los operativos policiales, los servicios de salud y los centros educativos, espacios donde pueden perpetrase estas nefastas prácticas.

Por: Héctor Alberto Pérez Rivera (@canibaldf) y Ernesto Cárdenas Villarello

Producto de un amplio debate impulsado por organizaciones de la Sociedad Civil y bajo la presión de organismos internacionales, finalmente el 26 de junio de 2017 el presidente de la República promulgó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante LGT). La fecha tiene un carácter simbólico ya que fue el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura.

Esta nueva normatividad pretende actualizar a nuestro país en un tema en el que ha estado a la zaga durante mucho tiempo y tiene una misión muy clara: terminar con la idea de qué en México la tortura es una herramienta que puede ser utilizada por las autoridades impunemente como método de investigación y castigo. La Ley recién publicada será letra muerta si continuamos con los niveles de impunidad que hasta ahora han tenido estas graves violaciones a los derechos humanos, pues a pesar de las constantes recomendaciones y señalamientos de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, la realidad vigente es que la tortura no se sanciona y que sus responsables gozan del fuero de la injusticia.

Al tratarse de una ley general, la discusión se ha enfocado en la labor que tendrán las autoridades federales en su implementación, en particular el liderazgo que deberá tener la Procuraduría General de la República en su tránsito hacia Fiscalía General; sin embargo tenemos que poner la lupa en la actuación de las Entidades Federativas, pues por una simple proyección matemática es en el ámbito de los estados donde ocurren la mayoría de los casos de tortura, sencillamente porque ahí se concentran el grueso de las investigaciones penales, los procesos, la población penitenciaria, los operativos policiales, los servicios de salud y los centros educativos; espacios donde pueden perpetrase estas nefastas prácticas.

Es por ello que haremos una revisión general de las obligaciones derivadas de la LGT para las entidades federativas.

1. La LGT es, en su aspecto sustantivo, una ley de carácter autoaplicativo

Independientemente de la opinión que tengamos sobre la atomización del derecho penal —ese fenómeno legislativo en el que creamos leyes especiales para distintos delitos en lugar de un Código Penal único—, debemos reconocer que las tipificaciones hechas en la LGT (artículos 29 a 32) se acercan mucho al más alto estándar internacional en la materia.

Asimismo, es de señalar que sólo en los supuestos que indica el artículo 22 de la LGT corresponderá a la Federación la persecución de tales conductas; contrario sensu, la mayoría de los casos serán responsabilidad de las autoridades locales; sin embargo, los tipos penales serán los mismos en toda la República, algo similar a lo que ocurre en materias como secuestro y trata de personas.

Resulta interesante que la ley no mandata la derogación de los tipos penales locales, lo que hubiera sido óptimo; sino que el transitorio segundo contempla que “la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo”; ello implicará tocar además de los Códigos Penales locales, las Leyes Orgánicas de las Fiscalías o Procuradurías, de los Tribunales o las propias Leyes contra la Tortura en materia local.

Es importante no sólo armonizar aquellas disposiciones expresas en materia de tortura sino aquellas que por su propia naturaleza puedan contravenir lo establecido en la LGT, por ejemplo: los tipos penales de abuso de autoridad en las leyes penales locales.

El término que se señala por el citado artículo transitorio es de 180 días naturales, lo que implicaría que las próximas legislaturas de las Entidades deberán tener en su agenda prioritaria la adecuación legislativa.

2. Obligaciones en materia de Procuración de Justicia

Al ser la LGT parte del sistema de justicia penal, las Fiscalías (o las todavía Procuradurías) de las entidades tendrán el rol central en la implementación de la Ley; además de los deberes generales en el combate a la impunidad y persecución de los delitos, el Ministerio Público del fuero común tiene los deberes siguientes:

a) En un plazo no mayor a 90 días (artículo transitorio sexto), deberán crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del delito de tortura en los términos del Título Cuarto de la Ley, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente.

Desde Insyde se diseñó un modelo de Unidad Especializada que está a disposición de las instituciones de procuración de justicia para su adopción como una propuesta de modelo de gestión para dichas agencias especializadas de investigación.

La sociedad civil y organismos de derechos humanos tendrán que auditar que efectivamente se doten de los recursos humanos y materiales suficientes para su operación. La capacitación y acreditación del personal que integre dichas Fiscalías tendrá que ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley. Ese será el primer paso en el combate de la impunidad que hasta ahora reina respecto de estos delitos.

b) Un elemento central en la investigación será la adopción de Protocolos de investigación de vanguardia para la persecución y enjuiciamiento de los delitos materia de la LGT; para lo cual el Estado tiene 180 días naturales. Estos Protocolos de actuación tendrán que seguir las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, entendiendo la dualidad que implica que serán agentes del Estado los imputados por los delitos tipificados en la LGT, lo que revertirá cargas probatorias en muchos de los casos; esto implicará un balance entre los derechos de las víctimas y de los imputados. Para tales efectos, Insyde también cuenta con un catálogo de herramientas en materia de investigación, acusación, atención a víctimas y reparación del daño en casos de tortura que están disponibles como guías en este camino para las autoridades responsables de la operación de la LGT.

c) Uno de los elementos destacados de la LGT es la tipificación de la omisión de denuncia por el personal del servicio público que tenga conocimiento de estos hechos delictivos; en ese tenor las Instituciones tienen 30 días para emitir circulares en las que se difunda entre su personal esta obligación so pena de ser responsables del delito descrito en el artículo 30 de la Ley.

d) Otra pieza central en el rompecabezas que será la persecución de los delitos de tortura es el fortalecimiento de los servicios periciales, en particular lo relativo a la aplicación del Protocolo de Estambul.

Existe un mito desafortunadamente generalizado que en todas las denuncias por el delito de tortura es necesario para el avance de la investigación la aplicación del dictamen médico-psicológico que establezca la existencia de las afectaciones a la integridad personal de la víctima y la congruencia de su relato con dichas afectaciones; no obstante, ese medio de prueba debería ser la “cereza del pastel” de una buena investigación, es decir, a fin de no saturar los servicios periciales, de por sí escasos, se tendría que avanzar para establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar, individualizar personas probables responsables, identificar mecánicas de hechos y lesiones conforme al principio de la debida diligencia, y una vez que la indagatoria apunte claramente a la existencia de hechos constitutivos de tortura, solicitar la realización del dictamen médico psicológico.

Insyde cuenta con una guía para la aplicación de dictamen médico-psicológico el cual observa las directrices señaladas en esta Ley y en el Protocolo de Estambul; ello para auxiliar a las autoridades a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la LGT.

Obligaciones programáticas

En acciones de carácter estructural, la LGT mandata la instauración de un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y un Mecanismo Nacional de Prevención adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargados de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Las Entidades Federativas tendrán que participar en la elaboración de dicho programa y en la integración del mecanismo los cuales tendrán que contar con una réplica a nivel local, esperando que no se conviertan en buzones de sugerencias y espacios para la simulación, sino herramientas efectivas de sinergia institucional. La experiencia con programas similares en la implementación de otras leyes de carácter general (la Ley General de Trata de Personas, por ejemplo) no ha sido buena, esperemos que éste no sea el caso.

Se mandata también la creación de un Registro Estatal del Delito de tortura en el cual de manera coordinada con el Registro Nacional, se pretende sea una herramienta de investigación y de información estadística que incluya los datos sobre todos los casos en los que se denuncien y se investiguen los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; incluido el número de víctimas de los mismos; corresponde a las autoridades locales generar dicha información, procesarla y sistematizarla. Estos registros deben estar funcionando en 270 días.

Al respecto Insyde se ha adelantado y ha presentado a distintas Procuradurías una herramienta informática de registro de información que puede funcionar como la base tecnológica de tales registros.

Capacitación

La profesionalización del personal operativo de los sistemas de justicia siempre se marca como un objetivo prioritario; en este caso la LGT es muy específica en las competencias que se esperan de las personas que integren las instituciones encargadas de implementarla; sin embargo, de la experiencia de INSYDE podemos ser enfáticos en observar que la mera sensibilización en temas de derechos humanos y la construcción de un sólido marco teórico sobre los estándares aplicables en casos de violaciones a derechos humanos como lo es la tortura no es suficiente y no tiene posibilidades de una mejora en la operación de la justicia cotidiana si no va acompañada del desarrollo de competencias del personal, en especial, habilidades de litigación oral y escrita con un enfoque de derechos humanos.

Insyde ha desarrollado un Diplomado en Actuación en casos de Desaparición Forzada y Tortura que puede ser un modelo pedagógico que se replique en las entidades federativas como una experiencia que combina la formación teórica con el desarrollo de habilidades indispensables para procesar violaciones graves a los derechos humanos en el sistema penal acusatorio.

Conclusión

Siempre que se promulga una Ley de carácter general la observación de la sociedad se centra en el liderazgo de la Federación en su implementación; así sucederá en el caso de la LGT, ante los ojos de la opinión pública su éxito o fracaso dependerá en gran medida de lo que pueda hacer la PGR como institución central en su operación; sin embargo, serán las Entidades Federativas las que concentrarán el grueso de los casos relacionados con los delitos materia de la Ley, por lo que éstas tendrán muchas tareas por cumplir en plazos reducidos, ahí es donde la sociedad civil tendrá que trabajar en estos procesos en los que la emisión de la Ley es sólo un paso para acabar con la impunidad y la práctica generalizada de la tortura.

 

* Héctor Alberto Pérez Rivera es consultor y Ernesto Cárdenas Villarello es director de Justicia Penal y Derechos Humanos, ambos de @InsydeMx.

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