Ineficiencia para atacar violencia contra las mujeres

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres, a resarcir el daño y a generar las condiciones institucionales necesarias para la impartición correcta de justicia.

Por: Laura Muñoz Ramírez

El marido de Perla salió desde temprano. Ella ignora si regresará o en qué estado llegará, si le dará dinero o le quitará el suyo, pero ella apura a los niños para llevarlos a la escuela. Después de dejarlos camina a la avenida, cruza el largo puente y se topa con un tipo que le susurra algo; siente asco. Sube al pesero no sin antes ser escaneada de arriba a abajo por el chofer, piensa que no debió ponerse falda, otro tipo de traje se le repega. Llega por fin al DIF. Como saludo el policía le lanza “con todo respeto, que guapa viene hoy”. Perla sonríe de incomodidad, al fin llegó a su clase de tejido y bordado de sandalia, curso impartido como parte del eje de prevención contra la violencia de género en pro del empoderamiento e impulso de la economía para las mujeres.

Cada día las mujeres son víctimas de diversos tipos de violencias solo por el hecho de ser mujeres, algunas más sutiles que otras, pero que afectan a las víctimas en igual o mayor medida, todas ellas vinculadas directamente con la desigual distribución del poder y las relaciones asimétricas establecidas entre hombres y mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas reporta que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufren violencia física o sexual en algún momento de su vida, en México de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH, 2011), el 63 % de mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia con prevalencia del 62.7 % y, en su forma más extrema, el feminicidio, categorizado como el asesinato motivado por la misoginia, un crimen de odio contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. De 2013 a 2015 se registró un promedio de siete mujeres asesinadas por día, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Geografía (INEGI).

Aun cuando desde 2007 se estableció la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), cuya importancia radica en proteger y velar por el derecho humano de las mujeres a vivir sin violencia, en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra México por casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, (González y otras “Campo Algodonero” vs México) y concluyó que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se originaron debido al incumplimiento por parte del Estado de su deber de investigar y de garantizar el derecho a la justicia.

En el marco legal de la LGAMVLV, se establece como mecanismo gubernamental de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), misma que ha sido activada en 11 estados (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo) y que supondría la reducción de la violencia contra las mujeres y en consecuencia de los feminicidios, sin embargo, contrario a lo que aparentemente los estados y municipios han apostado, las limitadas y vadeables medidas que han aplicado no han sido precisas, ni efectivas.

Una práctica común en los municipios de varios estados del país donde se ha decretado la AVGM ha sido el cambio de luminaria, parte de la estrategia de ciudades seguras para las mujeres, pero olvidan que 3 de cada 20 casos de feminicidios acontecen en la vivienda de la víctima, de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Tampoco atienden el acoso callejero, que representa una forma de violencia de género en la que se evidencia un ejercicio de poder naturalizado que fomenta la impunidad ante las agresiones a mujeres y que ocurre a plena luz del día todos los días, como develó en el 2016 el análisis del conocido hashtag #MiPrimerAcoso con el cual más de 75,000 personas (en su mayoría mujeres) denunciaron su primer acoso, indicando que la edad promedio para ser acosada es los 8 años, 4 de cada 10 casos fueron en realidad abusos sexuales y 62 % de agresores fueron hombres desconocidos además de que el 47 % de las agresiones ocurrió en la calle.

El impulso a la economía es otra acción contante de estos municipios, mediante talleres y cursos de capacitación en “estilismo, cocina, gelatina artística y pastelería” como habilidades que les permitirán a las mujeres ser autosuficientes. Sin embargo, eximen que una de las formas más comunes de violencia es la económica -la más alta después de la emocional, física y sexual con el 35.3 % (ENDRH,2011)- y que es exteriorizada, entre otras formas, en el ámbito privado por el control y despojo de ingresos, incluidos los que generan las propias mujeres, y de manera pública con la percepción de salarios más bajos, aun con las mismas o mayores responsabilidades que sus contrapartes hombres, así como el limitado acceso a trabajos de mayor responsabilidad y mejor sueldo y aislándolas en actividades “femeninas” propias del rol social asignado.

La procuración de justicia ha sido abordada mediante la capacitación de los servidores públicos, sin embargo la constante es que pese a que algunos estados cuentan con un protocolo de atención a la violencia de género, este no se sigue y no hay mecanismos de evaluación para su correcta implementación. Es así que las víctimas terminan expuestas, culpabilizadas y descalificadas. De acuerdo con el Observatorio Nacional Contra el Feminicidio (ONCF) (con datos obtenidos de las procuradurías estatales), de los 3,892 homicidios de mujeres, sólo 613 casos son investigados como feminicidios y de ellos el 25.12 % fueron consignados, el 24 % estaba en investigación, 1.6 % tuvo sentencia y en 43.55 % la autoridad aun no informaba su estatus. Esto demuestra la falta de perspectiva de género al realizar las investigaciones y que ninguna medida o acción será eficiente si no se cumplen de manera cabal e íntegra la investigación y sanción de cada delito.

Los estados en los que se ha emitido la Alerta de Género, de forma demagógica informan ampliar presupuestos y fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres. Si bien estas medidas son importantes, las mismas no tendrán eco si no se comprometen a diseñar políticas públicas que aborden de manera integral la cultura misógina, vinculando de manera directa a hombres sobre la reflexión de los ejercicios de poder y la serie de factores sociales, económicos y políticos que sistemáticamente vulneran y ponen en peligro la integridad de las mujeres, y más aún el acceso a la justicia y el resarcimiento de los daños conforme a los parámetros internacionales de los derechos humanos. La misma población civil lo exige: se ha movilizado, principalmente las mujeres, en 2016 con la marcha de Mujeres contra las Violencias Machistas y recientemente intentando crear mecanismos de seguimiento como Asambleas Vecinales (Nezahualcóyotl) que exijan sean efectivas las acciones del gobierno, frente a las Alertas de Género.

La estadística debe ser la fuente de análisis para la creación de políticas públicas que impacten en la reducción de la violencia de contra las mujeres. Sin duda la correcta administración de estadísticas sobre violencia de género y los asesinatos de mujeres expondrá causas y datos precisos y básicos sobre la ocurrencia de hechos y aportará a la clasificación, como la relación entre víctima y victimario la cual es más que trascendental para el registro. Cabe mencionar que los registros del Banco de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) se nutre de la información proporcionada por los miembros del Sistema Nacional para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), así como de las Instituciones de gobierno de las entidades, por lo tanto existen un sin fin de vacíos de información y datos negros entre los que destaca el que no se pueda contabilizar la cifra de mujeres víctimas de violencia (de cualquier tipo) que no han denunciado, la cifra de mujeres que denunciaron después de dos o varias agresiones anteriores, o la no denuncia de conductas naturalizadas como el acoso callejero.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres, a resarcir el daño y a generar las condiciones institucionales necesarias para la impartición correcta de justicia, fomentar la prevención de la violencia contra las mujeres y de su máxima expresión en feminicidio, crímenes de odio descomunal contra las mujeres, contra sus cuerpos, contra todo lo que signifique mujer.

Cada mujer y niña violentada, cada mujer asesinada, es el recordatorio de la irresponsabilidad del Estado que debe a sus ciudadanas UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

 

 

* Laura Muñoz Ramírez es investigadora de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP) de @InsydeMx.

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