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¿Abismo fiscal o arenas movedizas?

 

Por: Antonio De la Cuesta Colunga

El final de 2012 mantuvo a millones de personas en vilo como pocas veces se ha visto en la historia reciente. Aparte de la amenaza inocua del fin del mundo emanada de la interpretación sensacionalista de un jeroglífico, un riesgo de consecuencias menos esotéricas estuvo al borde de desencadenar una crisis mundial: la llegada del llamado “abismo fiscal” (fiscal cliff) en Estados Unidos. A principios de 2013, y haciendo una especie de extensión del reloj legislativo, la Casa Blanca, encabezada en las negociaciones por el vicepresidente Joe Biden, y el liderazgo republicano en el Senado, en la persona del tribuno Mitch McConnell, alcanzaron un acuerdo para aplazar dicho “acontecimiento”. Después de eso, líderes, mercados y demás actores políticos y económicos en todo el orbe pudieron respirar con mayor tranquilidad. Sin embargo, el pacto encarnado en el American Taxpayer Relief Act of 2012 (ATRA) no terminó con la amenaza del “abismo”; apenas la aplazó unas cuantas semanas. Entonces, ¿qué es el “abismo fiscal”?; ¿cuáles son los riesgos aún latentes del mismo de cara a la segunda toma de protesta como presidente de Barack Hussein Obama?

En breve, se conoce como “abismo fiscal” a una serie de medidas draconianas, consistentes en amplios recortes presupuestarios -conocidos mediáticamente como “decomiso” (sequester) (término corto para sequestration o confiscación)- y en aumentos automáticos de impuestos a lo largo de todo el espectro de contribuyentes en la Unión Americana, las cuales se enfocarían en amainar (no eliminar) “por la fuerza” las crecientes presiones sobre las finanzas públicas de esa nación. Como es sabido, el déficit presupuestario heredado desde la presidencia de George W. Bush –alimentado en buena medida por el esfuerzo de la “guerra contra el terrorismo” y que hoy asciende a unos 900 mil millones de dólares (cuando Obama llegó a la Casa Blanca esa cifra era casi 50% mayor)—, la rampante deuda global estadounidense de 16.4 millones de millones de dólares (32% de los cuales ese país se los debe a sí mismo a través de pagarés en bonos del Tesoro), así como los remanentes de la tormenta financiera de 2008-2009, han colocado a Estados Unidos en una situación complicada. El peligro de que el gobierno estadounidense se quede en el mediano plazo sin dinero suficiente para operar, es decir, no sólo pagar sueldos de burócratas y políticos, sino financiar programas sociales, de investigación, defensa y demás funciones vitales del Estado, pone en alerta roja a los mercados internacionales, a sus grandes acreedores y, por ende, a la estabilidad económica mundial. Para que eso no ocurra, se prescribe estabilizar los niveles de deuda (casi ningún ser o entidad en el planeta funciona sin deberle a algo o a alguien), reducir el déficit (tratar de gastar menos de lo que –en el caso de un gobierno—se recauda), y hacer un plan de egresos a mediano y largo plazo más o menos congruente, realista y, ya si se pide mucho, sustentable. Esta ecuación cargada de sentido común –como aspira a ser todo modelo cuantitativo—, a la hora de querer empatarla con la realidad, acaba complicándose más que la lectura de una estela maya –como suele sucederle a los modelos cuantitativos.

Hasta la fecha –tal como lo mostró el American Taxpayer Relief Act of 2012— únicamente se han legislado paliativos o prácticas dilatorias (allá nuestros vecinos le han llamado “patear la lata”). En términos más gráficos, el acuerdo entre la administración Obama y los republicanos en el Congreso, redujo unos cuantos centímetros la altura de la potencial caída de las finanzas públicas estadounidense. Con la firma del ATRA, por ejemplo, se ejercerán algunos incrementos como al impuesto sobre la renta al 0.7% de los contribuyentes (individuos con ganancias superiores a los 400 mil dólares anuales o parejas que sumen más de 450 mil dólares por año), se consumó la expiración de una exención generalizada de 2% al impuesto sobre nóminas, aunque también se extendió el plazo al goce de beneficios sociales como las ayudas por desempleo.

Sin embargo, se aplazó por dos meses la entrada en vigor del “decomiso” y se dejó pendiente la negociación acerca del nuevo techo de endeudamiento que, como se recordará, ya se había subido hace unos meses, pero que ha vuelto a agotarse. De hecho, el “decomiso” fue una de las condiciones impuestas por los republicanos para aceptar el techo de endeudamiento que solicitó el Ejecutivo estadounidense –a través del Departamento del Tesoro—en 2011. En aquella ocasión, se permitió al gobierno poder continuar financiando la operación de la administración contratando deuda que acumulara hasta un total de 16.4 millones de millones de dólares, un monto que se estimaba sería rebasado el primer minuto de 2013 –y así fue. A cambio, primero se activaría un comité legislativo bipartidista (United States Congress Joint Select Committee on Deficit Reduction) cuya encomienda sería planificar y etiquetar recortes al gasto público por 1.2 millones de millones de dólares a lo largo de la siguiente década. Si ese “supercomité” no generaba un resolutivo –tal como sucedió (bueno, sí se emitió un comunicado reconociendo su incapacidad de ponerse de acuerdo)— entonces, a partir de enero de 2013, automáticamente se instruirían recortes en todos los rubros del gasto público como reducciones de 2% al Medicare (programa clave de asistencia médica), de 9.4% al fondeo discrecional a programas de defensa y de 7.6% a programas etiquetados no vinculados con defensa, entre otros. La firma del ATRA ha pospuesto el “decomiso” al menos unas cuantas semanas. La pregunta es, ¿entrará en vigor en el corto plazo (es decir, en marzo)? Lo más probable es que no.

Conforme se acerquen las nuevas fechas críticas del “abismo fiscal”, o sea, cuando se tenga que volver a discutir el techo de endeudamiento y los mecanismos para evadir el “decomiso”, el nerviosismo retornará a los indicadores económicos mundiales. No obstante, tal como lo señaló hace unos días en una entrevista televisiva Newt Gingrich, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en tiempos de la presidencia de William Clinton, las partes en la mesa de negociación (cuando menos quienes van a tomar las decisiones, no quienes harán más ruido como la mayoría de los afines al Tea Party) saben que los límites de la deuda deben aumentarse y que “la lata deberá seguir pateándose” mientras haya margen para ello. En el ínter, republicanos y demócratas irán avanzando poco a poco ciertas posturas de su agenda. Por ejemplo, ATRA, si bien fue más cercano a las propuestas originales de Obama y sus correligionarios (como subir impuestos a los más ricos, aunque no fue en la proporción deseada en principio que se enfocaba en el 2% de mayores ingresos y no en el 0.7% como resultó al final), también incluyó parte de las exigencias republicanas (como no eliminar del todo los recortes de impuestos decretados por el presidente Bush hace una década y que estaban programados a desaparecer por completo).

Ahora bien, sin la presión de buscar una segunda reelección, los próximos cuatro años podrían caracterizarse por políticas de negociación más agresivas desde la Casa Blanca. Por lo pronto, la nominación de Jack Lew para tomar la jefatura del Departamento del Tesoro para el inicio de la segunda gestión del presidente Obama, dio una señal de que el Ejecutivo colocará al frente de las pláticas fiscales y presupuestales, no sólo a un funcionario de todas sus confianzas (en la actualidad es el equivalente al Jefe de la Oficina de la Presidencia), sino a un técnico duro y tenaz a la hora de defender una postura. Ha trascendido que el ex senador republicano Judd Gregg declaró en alguna ocasión a The National Journal acerca de Lew: “es como un negociador sindical […] Jamás cederá un centímetro si considera que no tiene que hacerlo”. Ante esto, otro senador republicano, Jeff Sessions, no cejó en decir que Lew “nunca debería ser secretario del Tesoro”. Sessions acusa a Lew de haberle mentido al Congreso en una comparecencia en 2011, en su calidad de director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), cuando aseguró que la propuesta presupuestaria de Obama no sumaría un dólar extra a la deuda. En teoría,el argumento de Lew sería correcto si se toma en cuenta que los gastos adicionales propuestos (como los del famoso Obamacare) se supone serán financiados por impuestos y otras herramientas distintas al endeudamiento. Así las cosas, la ratificación de Lew como secretario del Tesoro ante el Senado, será el siguiente episodio rumbo al siguiente escollo del “abismo fiscal”.

Volviendo un poco al estilo que podría verse en los primeros meses de la segunda administración Obama, el mandatario estadounidense ha sido bastante claro en sus expresiones más recientes, en las cuales, por ejemplo, sentenció que no hay margen de negociación respecto a la imperiosidad de elevar de nuevo el techo de endeudamiento. Esto, como ya se apuntó, los republicanos lo saben bien pero, si así lo deciden, lo usarán como arma política (algo que el experimentado Gingrich cataloga como un suicidio en potencia). Así las cosas, ¿qué margen tendrían los republicanos con el propósito de obtener algo a su favor en las negociaciones por venir?

Paul Ryan, ex candidato a la vicepresidencia y legislador afín al Tea Party, a pesar de haber votado en pro del ATRA (la mayoría de los congresistas cercanos al Tea Party lo rechazaron) aclaró: “Ahora, debemos volcar nuestra atención hacia el problema verdadero: el gasto fuera de control”. Independientemente de que Ryan aspira a erigirse como una figura importante dentro de la complicadísima reconstrucción del Partido Republicano –de ahí su actual moderación—, el actual director del poderoso Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes enarbola una preocupación legítima.

En el año fiscal 2011, 54% del presupuesto federal estadounidense se utilizó en los programas conocidos como “entitlements”, algo así como derechos de seguridad social (Medicare, Medicaid, seguro de desempleo, vales de alimentos y asistencia a clases desfavorecidas). Esa cifra estaría alrededor de los 2 millones de millones de dólares. La mayoría de los republicanos piensan que es demasiado lo erogado en esta categoría y han propuesto –con poca precisión técnica, a juicio de algunos analistas económicos—esquemas para redefinir estos apoyos. Por lo pronto, estos dichos son más impopulares que factibles (bastaría preguntarle a Mitt Romney o al mismo Ryan). Sin embargo, el incremento en las presiones futuras emanadas del sistema de seguridad social en la Unión Americana es una realidad. De acuerdo con el reporte anual 2011 del Board of Trustees, Federal Old-Age and Survivors Insurance and Federal Disability Insurance Trust Funds, el sistema de seguridad social (constituido primordialmente por el pago de seguros por incapacidad, viudez y/o vejez, y que representa poco menos de la mitad del total de los “entitlements”) habría costado 713 mil millones de dólares en 2010. El costo de este fondo combinado (denominado OASDI por su abreviatura en inglés) podría pasar de su nivel actual de menos de 5% del PIB estadounidense, a 6.2% para 2035. Esto se debe a la gran presión que implicará el retiro de millones de personas nacidas entre las décadas de 1950 y 1960, cuando se registraron los últimos índices de natalidad creciente en ese país (los llamados “baby-boomers”). Esto, sólo por hablar de la seguridad social. Los apoyos de Medicare, Medicaid y Obamacare podrían representar un gasto similar o, tal vez, aún mayor. Por tanto, las discusiones acerca de ese tema tan delicado podrán posponerse con retórica, pero no tardarán mucho en aumentarle varios metros al “abismo fiscal”.

En suma, el tema del “abismo fiscal” no es tan coyuntural como podría pensarse. Por supuesto que no concluyó con el nimio acuerdo logrado entre la Casa Blanca y el Congreso estadounidense a principios de este año. Tampoco terminará si se logran evadir (no erradicar) los obstáculos propios de las negociaciones sobre el techo de endeudamiento y el “decomiso”, de las cuales tendremos noticias en las siguientes semanas. Este es un fenómeno que durará años, a menos que surja un acuerdo político bipartidista difícil de imaginar. El margen para “patear la lata” se agota. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, para 2012 se estimaba que una decena de países tendrían una deuda equivalente o superior al total de su PIB; Estados Unidos pertenece a ese “selecto” grupo junto con naciones como Italia, Grecia, Irlanda y Portugal (¿les suenan familiares?). A la luz de los acontecimientos suscitados a lo largo del último año y medio entre los demócratas y los republicanos, entre el Ejecutivo y el Legislativo estadounidense, da la impresión de que han estado jugando en arenas movedizas. El verdadero “abismo fiscal” todavía estaría por venir…

 

* Antonio de la Cuesta Colunga es investigador y Director de Análisis Político de CIDAC. antoniodelacuesta@cidac.org

 

 

 

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