¿Internet gratis para todos?

Tan malo es que el Estado proporcione Internet gratis para todos, como también que la prestación de los servicios esté concentrada en mercados monopolizados, públicos o privados, que generan ineficiencias, cobran sobreprecios y limitan la oferta en términos de cantidad y calidad.

 

 

Por: Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno)

De acuerdo con la última actualización de cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a junio de 2012, de cada 100 mexicanos solamente 11.1 son usuarios de Internet conectados vía banda ancha alámbrica, y 9.8 a banda ancha inalámbrica. Por lo que, una entusiasta coalición de diversas organizaciones ciudadanas se ha organizado para sumar 150,000 firmas que sustenten la aceptación ante el Congreso de la Unión de la iniciativa Internet para todos, que propone reformar el artículo 6 de la Constitución y crear la Ley para garantizar el acceso libre, universal y gratuito a Internet en el país.

Es innegable el valor del beneficio colectivo que podría tener la expansión de Internet a todos los mexicanos. Sí, pero ¿a qué costo? Internet para todos propone hacer uso de 22,000 kms de fibra óptica por medio de la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tener una red de alcance nacional de servicio gratuito. La iniciativa busca que se garantice el servicio, tanto en edificios y espacios públicos como privados, con calidad de primera asegurando al usuario 5 megabytes mínimos de velocidad para navegar. Adicionalmente, considera que el gobierno combine la red alámbrica con la utilización de tecnología inalámbrica super-WIFI para aprovechar los canales vacíos del espectro radioeléctrico, conocidos como espacios en blanco, y que se liberarán conforme se vaya dando el apagón analógico.

Más allá del valor de esta iniciativa, la efectividad de la participación ciudadana, lo preocupante es el enfoque del discurso. Aquello súper atractivo para las generaciones entusiastas de la propuesta, es decepcionante para ciudadanos que sufrieron las consecuencias de un modelo económico cerrado y despóticamente dirigido. Años atrás, el gobierno llegó a realizar funciones de producción y prestación de bienes y servicios en sustitución del sector privado dejando serias problemáticas que hoy se manifiestan con la existencia de monopolios que distorsionan y dañan los mercados. Pero no hay que confundirnos, tan malo es que el Estado proporcione Internet gratis para todos, como también que la prestación de los servicios esté concentrada en mercados monopolizados, públicos o privados, que generan ineficiencias, cobran sobreprecios y limitan la oferta en términos de cantidad y calidad.

Pensemos un poco, ¿acaso nos dan gratis el agua, la luz y la gasolina, aun cuando sus operadores sean empresas paraestatales u órganos del gobierno? Cualquier bien o servicio tiene implícita en su cadena de producción una estructura de costos que es necesario cubrir y amortizar en el tiempo a fin de competir, mantener, reinvertir, garantizar calidad del bien o servicio a sus consumidores, innovar y hacer sostenible cualquier mercado. Internet para todos no plantea la solución financiera a esta pregunta, simplemente argumenta que la prestación del servicio se solvente con recursos del erario público de aquí a la vida eterna.

Asimismo, desde el punto de vista de la competencia, la iniciativa plantea muchas interrogantes. Por ejemplo, para garantizar la efectividad del tramo final de las líneas de comunicación, conocido como la “última milla”, es necesario que un operador otorgue el servicio. Actualmente en México dichas funciones son realizadas por empresas privadas y CFE-Telecom (la empresa de CFE que posee la concesión para proveer servicios y arrendamiento de 17,000 kms de fibra óptica). Por lo que, le pregunto a Internet para todos, ¿cuál sería el criterio para equilibrar fuerzas entre el sector privado y público dado que su propuesta plantea la intervención de CFE-Telecom como competidor ofreciendo gratuitamente los mismos servicios que sus competidores actuales ofertan? Desde ese punto de vista, los ciudadanos de Internet para todos piden algo ilógico: que el gobierno entre en situación de ventaja como depredador de precios y desplace a sus competidores. ¿Olvidaron entonces también pedir que se reforme el artículo 28 Constitucional y se decrete el Internet como área estratégica nacional sujeta una normatividad sectorial particular? ¿O simplemente no se les ocurrió?

Actualmente, ya existen empresas que invierten en Internet rural inalámbrico. En noviembre de 2012, para poner un ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer el fallo de la licitación de conectividad a Internet a 10 mil sitios a través de operadores satelitales comerciales, cubriendo zonas de bajo perfil económico y ubicación geográfica remota. Es preciso notificar a Internet para todos que tanto en el Pacto por México, como en los programas de trabajo de SCT y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), existen compromisos e información pública disponible sobre los pasos que el gobierno mexicano ya está dando para lograr la conectividad. Garantizar el crecimiento de la red de CFE, aprovechar el uso óptimo de las bandas 700MHz y 2.5GHz, establecer condiciones para que se ofrezcan precios competitivos a los usuarios, revisar la naturaleza jurídica de CFE-Telecom son prioridades del gobierno. Incluso, COFETEL tiene programada la instalación de accesos a banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado en centros de investigación, educación, salud, y centros comunitarios donde los privados no tienen incentivos para invertir. Entonces, ¿no resulta redundante la propuesta de Internet para todos? La conectividad ya es una prioridad del gobierno; de hecho, éste ha manifestado públicamente su convicción para hacer lo necesario para promover la evolución de políticas públicas que conduzcan a un tránsito de la fase de regulación de monopolios, a una de competencia basada en infraestructura y competencia por servicios. (Ver COFETEL/Presentación Mony de Swaan, 22/11/2012). Opino que un esfuerzo ciudadano enfocado en monitorear la efectividad y cumplimiento de los programas ya trazados por gobierno generaría mayor valor al debate nacional sobre el uso del espectro.

Sabedores de que México desaprovecha un potencial enorme de las tecnologías de la información sobre la generación de empleo, crecimiento económico, salud, y educación, Internet para todos cae peligrosamente en la tentación que planteaba Octavio Paz, en su Ogro Filantrópico, sobre la perversidad del Estado empresario, al exigirle la prestación del servicio gratuito. Internet para todos pierde en esta ocasión la oportunidad de enarbolar una causa sólida e innovadora a través de la organización de la primera iniciativa ciudadana respaldada por 150,000 firmas. Una lástima. Lo bueno será que la ciudadanía capitalice el aprendizaje de esta experiencia y logre en un futuro ejercer sus derechos presentando iniciativas mejor construidas para causas mejor pensadas.

 

*Ana Lilia Moreno es investigadora y coordinadora de la Red Mexicana de Competencia en @CIDAC.  [email protected]

 

 

 

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