México: país de tránsito o país de consumo

A diferencia de países como Estados Unidos, en México tenemos pocos instrumentos que nos permitan dimensionar la magnitud y valor del mercado de drogas ilegales. Esta laguna en información es de suma gravedad considerando el nivel de violencia generada por el crimen organizado y los cárteles de la droga en nuestro país, además de la dificultad que implica para diseñar programas de prevención y tratamiento de adicciones que sean eficaces.

Por: Lorena Becerra y Mariana Meza

El incremento en el poder adquisitivo de la población a mediados de la década de los 90 convirtió a nuestro país en un mercado interno de consumo de drogas. Esto hizo que los cárteles ya no se dedicaran exclusivamente a asegurar rutas y puntos de cruce en la frontera para traficar drogas a Estados Unidos, sino que empezaran a vender drogas a la población mexicana. Este fue uno de los principales ejes de la narrativa de seguridad de Felipe Calderón. Es decir, México pasó de ser un país de tránsito de droga que provenía de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, a un país de consumo. Al operar activamente en el territorio nacional, los grupos criminales diversificaron sus actividades, desde el cobro de derecho de piso y disputas de territorio, hasta el secuestro y la extorsión. Esto resultó en un incremento en la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.

A primera vista esta explicación tiene lógica y se sustenta en la evidencia empírica ya que, efectivamente, los índices de violencia aumentaron. Sin embargo, los datos oficiales de consumo de drogas ilícitas en nuestro país no respaldan esta teoría dado que reportan niveles de consumo relativamente bajos. Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, los principales detractores de la narrativa de Calderón, utilizan la información de consumo de drogas en nuestro país para cuestionar la premisa de la lucha contra el narcotráfico acusando al ex mandatario de una manipulación política de la opinión pública.[1] De acuerdo con estos datos, no tenemos un problema de consumo de drogas en el país por lo que la lucha contra el narcotráfico fue únicamente una estrategia de comunicación para resolver el problema de legitimidad del gobierno de Calderón, quien tomó posesión tras una elección sumamente cerrada.

El principal recurso que utiliza el gobierno para evaluar y medir el consumo de drogas ilegales en el país son las Encuestas Nacionales de Adicciones (ENA). Estas encuestas se han levantado en seis ocasiones. Las primeras tres ediciones (1988,1993 y 1998) contaron con representatividad en localidades urbanas y las últimas tres (2002, 2008 y 2011) son representativas a nivel nacional. A pesar de que la ENA es un buen instrumento para conocer ciertos patrones de consumo y las características de la población consumidora de tabaco, alcohol y sustancias ilícitas, presenta importantes fallas metodológicas y puede ser sujeta de cuestionamientos empíricos importantes.

Retos metodológicos en la medición de adicciones

Medir cualquier actividad ilegal o socialmente indeseable mediante encuestas presenta retos importantes. Los individuos tienen incentivos a mentir cuando se les pregunta si incurren en conductas que son consideradas negativas o reprobables o si tienen valores que no están de acuerdo con lo que es estimado socialmente deseable. Ejemplos de esto son: actitudes machistas, vender el voto, mantener prejuicios raciales, o cometer actividades delictivas. Esto es particularmente notorio cuando a alguien se le aplica un cuestionario cara a cara en donde la persona entrevistada puede considerar que el entrevistador puede juzgarlo por su respuesta.

Un caso emblemático de esta problemática se encuentra en las encuestas de adicciones por lo que éstas tienden a subrepresentar –o reportar a la baja– a los consumidores de sustancias ilegales. La ENA adolece de esta falla metodológica en el diseño del cuestionario, ya que al entrevistado se le pregunta directamente sobre su consumo de sustancias ilegales. El grado de subestimación es casi imposible de conocer. Por ejemplo, en un experimento realizado por Turner, Lessler y Levore, los porcentajes de consumo reportados por los individuos que resolvieron el cuestionario de manera autónoma eran mucho mayores que cuando les preguntaban cara a cara acerca de sus patrones de consumo.[2] Adicionalmente, el caso de los adolescentes (12 a 17) es particularmente problemático en la ENA 2011 ya que se entrevista a los jóvenes una vez que hayan obtenido el permiso de sus padres. Esto representa un factor de intimidación a pesar de que se garantice la confidencialidad de las respuestas.

Diversas disciplinas en el campo de las ciencias sociales han buscado métodos alternativos para evitar el efecto de deseabilidad social en las encuestas que miden temas sensibles.[3] Entre éstos encontramos preguntas indirectas, experimentos de listas y encuestas ciegas, entre otros. Cabe destacar que en los casos en que estas metodologías han sido aplicadas, el fenómeno a medir registra un resultado mayor que cuando se pregunta de manera directa por un entrevistador.

En segundo lugar, el hecho de que la ENA se levante en hogares excluye a una parte importante de la población que consume drogas: individuos en situación de calle, centros de tratamiento y cárceles. Si bien existen mediciones alternativas a la ENA que buscan capturar estos datos, como los reportes y encuestas levantados en Centros de Integración Juvenil y Centros de Tratamiento, éstos son limitados y no profundizan en los patrones de consumo de estas poblaciones.

En tercer lugar, la falta de periodicidad constante de la ENA hace que el análisis y la comparación de los patrones de consumo de drogas y comportamiento de los adictos en la población se vean comprometidos. Es deseable que la fuente oficial de medición de adicciones en el país se levante año con año o, al menos, mantenga una secuencia cronológica preestablecida.

Retos de la evidencia empírica

La ENA 2011 utilizó una muestra total de 14,980 entrevistas divididas en 8 regiones abarcando un total de 2,000 viviendas por región aproximadamente. Los resultados de la ENA 2011 señalan que el consumo de drogas en México es sumamente bajo. De acuerdo a las estimaciones de la ENA, en 2011, únicamente el 1.5% de los individuos entre 12 y 65 años de edad -aproximadamente 1.17 millones de personas- consumieron una droga ilegal en 2010. De igual forma, el seguimiento de la encuesta entre 2002 y 2011 (años comparables porque ya era representativa a nivel nacional), indica cómo si bien el consumo de drogas casi se duplicó, no es un problema grave en la población mexicana.

Tabla consumo drogas

Tendencias del Consumo de Drogas Ilegales en el Último Año, población total de 12 a 65 años
Año200220082011
Total0.8 %1.4 %1.5 %
Hombres1.7 %2.3 %2.6 %
Mujeres0.1 %0.5 %0.4 %

Fuente: ENA 2011.

Estos datos pueden ser severamente cuestionados si comparamos los niveles de consumo que arroja la ENA con aquellos reportados en Estados Unidos y Sudamérica. Por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH, por sus siglas en inglés) levantada a nivel nacional en Estados Unidos, se calcula que en 2011 consumieron alguna droga ilegal 22.5 millones de personas mayores de 12 años, lo que equivale al 8.5% de la población.[4] Es importante señalar que la NSDUH utiliza una metodología de encuesta ciega, en donde el entrevistado responde de manera autónoma –sin que el encuestador se entere de la respuesta– las preguntas más sensibles sobre consumo de sustancias ilegales. De igual forma, de acuerdo al Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, el 3.6% de la población mayor de 12 años consumió alguna sustancia ilícita en 2012.[5] Asimismo, de acuerdo al Informe de Uso de Drogas de las Américas de 2011, el consumo de marihuana en Panamá, en la población entre 12 y 64 años es de 3.6%.[6] Resulta por demás peculiar que el consumo de México sea tan bajo cuando se compara con un país de origen o productor (como Colombia) y con un país de consumo o destino (Estados Unidos), pasando por un país considerado de tránsito (Panamá).

También es difícil encontrar una explicación para justificar que en nuestro país simplemente no consumimos droga, aunque esté al alcance. Un dato adicional es el contraste con el número de hogares que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 43% de los hogares afirman tener conocimiento de que en los alrededores de su vivienda se consume droga y 25% ha visto o escuchado que en los alrededores de su vivienda se vende droga.[7] ¿Cómo reconciliamos estas cifras? Ya sea que las personas que responden a la ENVIPE están exagerando o, efectivamente, las mediciones de la ENA están subestimando a la población consumidora de drogas.

¿Por qué importa?

A diferencia de países como Estados Unidos, en México tenemos pocos instrumentos que nos permitan dimensionar la magnitud y valor del mercado de drogas ilegales. Esta laguna en información es de suma gravedad considerando el nivel de violencia generada por el crimen organizado y los cárteles de la droga en nuestro país. Por otro lado, al desconocer el número real de consumidores de sustancias ilícitas, así como su ubicación geográfica y circunstancias sociodemográficas, es muy difícil diseñar programas de prevención y tratamiento de adicciones que sean eficaces.

En los últimos años se han destinado grandes recursos para implementar programas de prevención y atención del consumo de estas sustancias. Tan sólo para 2013 los programas de “Prevención y Atención Contra las Adicciones” gozaron de un presupuesto de 1,253 millones de pesos. Por medio de este financiamiento se sostienen programas como los Centros Nueva Vida, los Centros de Atención Juvenil, campañas de comunicación como “Adicto ¿yo?” del CONADIC. El principal problema es que si no conocemos cuántos individuos efectivamente sufren de un problema de adicción estamos diseñando políticas públicas ciegamente. De igual forma, será muy difícil entender la magnitud de la problemática en términos de cuántos de los jóvenes adictos pueden ser blanco de fácil reclutamiento a las filas del narcotráfico y el crimen organizado. Esto desvirtúa el gran entusiasmo con que Enrique Peña Nieto lanzó el Programa de Prevención y Atención de Adicciones a principio del 2015 si además tomamos en cuenta que no se tienen datos de consumo desde hace poco más de cuatro años.

La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico ha sido severamente criticada por no contar con un eje de prevención creíble, robusto y eficiente. Las cifras oficiales de consumo de adicciones, como se discute en este texto, padecen de una metodología deficiente para su cálculo y pueden ser fácilmente cuestionadas en un contexto comparado de consumo en otros países. Mientras sigamos sin contar con números sólidos acerca del nivel y patrones de consumo de drogas en el país, así como del perfil de los consumidores, las potenciales conductas delictivas en que puedan incurrir y los canales de adquisición de sustancias, los esfuerzos en política pública permanecerán débiles y poco eficaces, sino es que queden casi en vano.

 

*Lorena Becerra (@lorena_becerra) es directora de investigación en seguridad y Mariana Meza (@some_bunny) es investigadora de @CIDAC.

 

 

[1] Rubén Aguilar V. y Jorge G. Castañeda (2009). El narco: la guerra fallida. Editorial Punto de Lectura.

[2] El porcentaje de individuos que afirmaron haber consumido marihuana durante el último año en el cuestionario auto-administrado fue de 8.71%; cuando se preguntaba cara a cara el porcentaje se reduce a 6.68%. Ver: Turner, Lessler, Devore (1992) Survey Measurement of Drug Use.

[3] Ver Nederhof, A. (1985). “Methods of coping with social desirability bias: a review.” European Journal of Social Psychology 15(3): 263-280.

[4] Tendencias Nacionales.

[5] Estudio de consumo.

[6] Uso de drogas en América.

[7] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014

Close
Comentarios