Caso Tijuana: la seguridad ciudadana y el sector privado

El caso de Tijuana, y el protagonismo del sector privado, demuestra como si bien la inseguridad es un fenómeno que se encuentra a lo largo del país, las particularidades de cada ciudad son relevantes para entender la historia de inseguridad de nuestro país y poder ofrecer alternativas.

Por: Mariana Meza

Al pensar en la crisis de inseguridad y violencia que ha azotado al país en los últimos diez años, una de las formas más comunes de dimensionar el problema es revisar los índices delictivos. Es sencillo llegar a la conclusión de que la situación de inseguridad del país se deterioró profundamente si observamos que los homicidios dolosos se duplicaron entre 2006 y 2011 al pasar de 11,806 a 22,852.[1] El enfoque cuantitativo de la violencia permite identificar tendencias, ubicar focos rojos, delimitar el análisis a un estado o región especifico y analizar la variación de la inseguridad de forma sistemática y cuantitativa.

Por medio de esta perspectiva, podemos identificar a la ciudad de Tijuana como uno de los primeros escenarios de la guerra contra el narcotráfico. El problema de la inseguridad, producto principalmente de la confrontación entre el Cártel de los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, empezó a aumentar en 2006 y llegó a registrar niveles de violencia sin precedente. Entre 2006 y 2008, los homicidios dolosos en Baja California prácticamente se duplicaron al pasar de 483 a 853 y la gran mayoría de estos se concentraron en la Zona Metropolitana de Tijuana.

Si bien este enfoque es relevante para identificar puntos de inflexión y analizar la intensidad del fenómeno desde una óptica más macro, una de sus principales limitantes es que sacrifica los detalles y no siempre logra transmitir las historias detrás de las cifras. Con esto en mente, el Center for International Private Enterprise (CIPE) y el CIDAC, se dieron a la tarea de investigar y comprender cuál fue la experiencia de los tijuanenses durante estos años. El objetivo puntual de este estudio es documentar la experiencia de la sociedad civil, específicamente del sector privado, de tal forma que se pudieran desprender conclusiones y recomendaciones del caso de Tijuana que sirvieran para entender el fenómeno de la inseguridad más a detalle.

La reconstrucción de esta historia se hizo por medio de una serie de entrevistas a los protagonistas y actores más relevantes, como el teniente coronel Julián Leyzaola (ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana), el ex gobernador José Osuna Millán, presidentes y miembros de la Coparmex, empresarios y dueños de las maquiladoras, así como otros sectores de la sociedad civil local. Como resultado de estos testimonios, pudimos constatar cómo el sector privado fue fundamental para implementar una serie de acciones que contribuyeron a la disminución de los índices de violencia. Los empresarios y las cámaras empresariales como Coparmex lograron articular a la sociedad civil, establecer relaciones de cooperación con las autoridades, dar un seguimiento constante a la implementación de la estrategia de seguridad y posicionarse como un contrapeso ciudadano que exigía la respuesta de las instancias gubernamentales ante el desafío de la violencia.

Una de las anécdotas que ejemplifican su protagonismo sucedió a finales de 2006 cuando la violencia comenzó a agravarse y, a pesar de los reclamos de la ciudadanía, la autoridades preferían ignorar el tema. La presión del sector privado, junto con asociaciones como el Consejo de Seguridad Pública del estado se intensificó y los reproches hacia el gobierno era cada vez más frecuentes. Por ejemplo, los empresarios comenzaron a abuchear la presencia del entonces gobernador Eugenio Elorduy y del alcalde Jorge Hank, y para septiembre de 2006, el Consejo Coordinador Empresarial decidió no asistir a ninguna actividad oficial, y canceló las actividades de promoción de inversiones. El punto de quiebre tuvo lugar el 27 de septiembre de 2006 cuando los empresarios se reunieron de manera extraordinaria con el entonces Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, para exigir la entrada de las fuerzas federales para atender los problemas de inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades locales.

El caso de Tijuana, y el protagonismo del sector privado, demuestra como si bien la inseguridad es un fenómeno que se encuentra a lo largo del país, las particularidades de cada ciudad son relevantes. En este sentido, para poder tener una idea completa de las características de la violencia en cada estado, región o ciudad, es necesario privilegiar –en la manera en que sea posible- un enfoque que combine información cuantitativa con los testimonios y experiencias cualitativas de cada lugar. De esta forma podremos construir y entender la historia de inseguridad de nuestro país, distinguir las acciones exitosas de los fracasos, identificar actores clave y poder ofrecer alternativas para atender el problema desde distintas trincheras.

 

@CIDAC

 

 

[1] Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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