Pasos para una justicia laboral eficiente y efectiva

Por: Fernanda Ballesteros (@mfballe)

La regulación laboral tiene grandes implicaciones para el desarrollo económico de un país. En el caso de México, se ha argumentado que los costos laborales son muy altos y la falta de flexibilidad de los mercados laborales es uno de los principales factores que ha impedido un aumento en el nivel de empleo, así como la creación de empleos formales y por tanto el crecimiento económico del país.

En 2012 se aprobó una Reforma Laboral que buscaba flexibilizar los mercados laborales, promover la competencia e impulsar la creación de empleos formales mediante la implementación de nuevos tipos de contratación. En general se considera que la reforma laboral aprobada en 2012 aumentó considerablemente la flexibilidad en las contrataciones y la OCDE incluso estimó que su implementación tendría un incremento del PIB[1].

Sin embargo, a cuatro años de esta reforma las empresas no han utilizado como se esperaba las nuevas formas de contratación introducidas. Algunos empresarios han declarado que una de las razones por las cuales no han utilizado estas nuevas formas de contratación es por la desconfianza que existe en su aplicación y las obligaciones patronales que derivarían en caso de utilizarlas[2].  Esto parece ser reflejo de la desconfianza que existe en el sistema de justicia en materia laboral.   La credibilidad en la efectividad de las autoridades de impartición de justicia es indispensable para mejorar el nivel de confianza en este nuevo tipo de relaciones entre empresas y trabajadores.

En estudios pasados ya se había concluido que en México y en otros países de Latinoamérica a pesar de que existe una regulación muy rígida de mercados laborales éstos no se ven distorsionados, pues las leyes no se cumplen[3]. Desarrollar un sistema de justicia más eficaz y eficiente que haga cumplir la ley será el primer paso para percibir un cambio en materia laboral. La desconfianza en el sistema de justicia en esta materia se justifica pues son muchos los problemas que la aquejan.

Los procesos son largos y existe una gran incertidumbre respecto del resultado. De 183 países, México está rankeado en el lugar 123 en relación con el período de tiempo que se tarda en cumplir con la decisión dictada por el juez[4]. Asimismo, las disputas legales son altamente costosas y se ha calculado que incrementan los costos de despido hasta en un 50%[5]. Esto no sólo afecta a los patrones, sino también el caso de los trabajadores. En algunas de las juntas locales se ha encontrado que el 30% de los trabajadores que se consideran injustamente despedidos no demandan por la incertidumbre del resultado y la duración del proceso[6]. La ineficacia del sistema es tal que en algunas juntas se ha encontrado que para más de la mitad de casos en los que el juez determinó que se debía dar dinero al trabajador, no se dio cumplimiento a la sentencia[7].

El problema se resume en ineficiencia e ineficacia del sistema. Se debe desarrollar un sistema de impartición de justicia eficiente y de bajo costo que garantice el cumplimiento de los contratos laborales y la justicia laboral en general. Un sistema eficaz e independiente del actuar de intereses políticos  y del Poder Ejecutivo.

El Presidente Peña Nieto pone ahora una nueva iniciativa en la mesa para modificar la justicia laboral que consiste en una modificación constitucional del artículo 123 y de diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. El cambio es estructural porque después de más de 100 años de existencia se propone que  las Juntas de Conciliación y  Arbitraje (JCA) desaparezcan y la justicia laboral quede en manos del Poder Judicial Federal o Local, según el ámbito de aplicación. Por la naturaleza de las funciones que se realizan el cambio parece lógico y ha sido solicitado en reiteradas ocasiones. Depender de un cuerpo cuya función es precisamente la impartición de justicia parece acertado. Además, la independencia de la figura del Ejecutivo se justifica plenamente después de tantos casos de corrupción que se han presentado en los que los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados utilizan las disputas laborales en su favor.[8]

Sin embargo, es importante analizar cómo se llevarán a cabo estos cambios. A la iniciativa del Presidente le faltó explicar cómo sería la transición de la justicia laboral al Poder Judicial. Falta detallar la reforma constitucional, entre otras, en la Ley Federal de Trabajo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debe de existir mayor información sobre cómo se planea solucionar los problemas relacionados con la gestión judicial, sobretodo considerando el rezago y carga de trabajo que existen en las JCA. Si bien el cambio propuesto en la iniciativa de reforma constitucional es un primer paso que hay que dar, debemos estar consientes que pasar de un poder de la unión a otro no resolverá las cosas de la noche a la mañana.

El Congreso tiene ahora la responsabilidad de incluir en su apretada agenda legislativa este tema importante que fue parte de la agenda de justicia cotidiana y que también es importante para la agenda de desarrollo económico.

 

* Fernanda Ballesteros es Directora de Regulación y Competencia en el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (@CIDAC).

 

 

[1] OCDE. 2015. Estudios Económicos de la OCDE en México.

[2] El Financiero “De cada 100 empleos flexibles, 86 pagan menos de 7 mil pesos”.

[3] Maloney, W.F. 2001. Self Employment and Labor Turnover in Developing Countries: Cross country Evidence. World Bank Economists Forum.

[4] Kaplan, David; Sadka, Joyce. 2011. Plaintiff’s Role in Enforcing a Court Ruling: Evidence from a Labor Court in Mexico. Banco Interamericano de Desarrollo.

[5] Montes Rojas, Gabriel y Santamaría Mauricio. 2007. The Burden of Labour Costs in Mexico.

[6] Op. Cit. Kaplan, David; Sadka, Joyce. 2011.

[7] Ibid

[8] En la investigación de Expansión y Mexicanos contra la corrupción titulada “Los piratas de Borge: El Saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo”, se describe cómo se utilizó a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para hacerse de propiedades de forma fraudulenta. Existen otros casos expuestos en el que se describe el funcionar de las Juntas Locales en diferentes estados en los que por medio de diferentes conductas ilícitas se busca retrasar los procedimientos o modificar evidencia que influya en la decisión de la JCA sin que se reciba sanción alguna. Ver por ejemplo el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. “Justicia Laboral, Justicia Transparente”.

Close
Comentarios